“Es una responsabilidad del gobierno actuar en esa materia y los partidos políticos deben ser muy respetuosos de esa situación, porque también en la normatividad se encuentra la posibilidad de que si se usan recursos públicos para sus campañas electorales no solamente estarían en riesgo de ser sancionados por el Instituto (…) sino se podría configurar un delito”, advirtió.
Interrogado sobre la posibilidad de hacer un llamado a los actores políticos para que no se utilice el Acuerdo Nacional en Favor de la Economía con fines electoreros, Valdés dijo que así fue establecido en su momento por el Presidente de la República, Felipe Calderón.
“Las autoridades federales y estatales deben estar conscientes de que estamos en un año electoral”, indicó el Consejero del IFE, quien recordó que asistió el miércoles al evento presidencial.
Mauricio Rubí El Economista, 9 de enero.
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