Los programas sociales “tentación” de partidos y candidatos

La coacción del voto a través de los programas sociales es una denuncia concurrida en todo proceso electoral. Ante ello, los 55 esquemas de asistencia social que existen a nivel federal estarán -pese al blindaje- en la mira de la autoridad durante el proceso comicial de este año, pues representarán una “tentación” para partidos y candidatos, al tener un padrón de más de 34 millones de mexicanos, con una bolsa que rebasa los 50 millones de pesos.

De acuerdo con un informe que presentó la Presidencia de la República al Senado como parte de las preguntas parlamentarias por el Segundo Informe de Gobierno, el Programa Especial Concurrente (PEC) está compuesto de 55 mecanismos que brindan apoyos económicos o en especie a familias de escasos recursos de los 31 estados y el DF, en rubros de salud, educación, empleo, campo, infraestructura e impulso a los micronegocios.

La sustancia del “mapachismo” electoral

Dicho informe revela que tan sólo durante el 2008 se destinaron 1.12 billones de pesos para el gasto social, de los cuales, a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) se le asignaron
50,000 millones de pesos para la operación de sus programas.

De esos 55 mecanismos, Oportunidades -que entrega un paquete económico, alimentario y material- tiene el padrón de beneficiarios más grande: 5 millones de familias, es decir, 24 millones 827,925 mexicanos, lo que representa una cuarta parte de la población nacional.

Le sigue el programa de Abasto de leche Liconsa con 7 millones 817,683 de beneficiarios; el plan de Atención a Adultos Mayores de 70 años y más con 1 millón 676,130; Hábitat con 439,544 y el programa de Guarderías y Estancias Infantiles para Madres Trabajadoras con 397,435 beneficiarios.

Del 2007 al año pasado, el PEC tuvo un mínimo aumento en su padrón, al pasar de 34 millones 762,768 mexicanos a 34 millones 880,580.

Para este año, la Cámara de Diputados aumentó en 25.9% el presupuesto de la Sedesol, al asignarle una bolsa de 68,146 millones 568,105 pesos.

Las entidades donde se concentran el mayor número de beneficiados son Guerrero, Veracruz, Puebla, Hidalgo, Nayarit, San Luis Potosí, Chiapas, Estado de México, Oaxaca y el DF, entre otros, los cuales -paradójicamente- también cuentan con el padrón electoral más grande.

Prueba de fuego

Desde el Legislativo, existe confianza de que las nuevas reglas electorales aprobadas por el Congreso en el 2007 jugarán un papel fundamental para impedir el desvío de recursos públicos hacia las campañas proselitistas y durante la jornada comicial del 5 de julio, cuando se elegirán a 500 diputados federales, se renovarán seis gubernaturas, así como ayuntamientos y Congresos estatales.

El senador perredista René Arce proyecta que “hoy la ley lo prohíbe de una manera más drástica, los funcionarios tienen la obligación de evitar que los recursos públicos puedan llegar a las campañas. Hay que reclamar, exigir, que haya total transparencia en el manejo de los recursos públicos en la materia”.

Por su parte, el senador priísta Carlos Jiménez Macías lamenta que el Poder Legislativo haya dejado pendiente una reforma a la Ley de Desarrollo Social, que controlara los excesos de los delegados federales en tiempos electorales.

“Se deben de hacer auditorías y también que las instancias electorales estén muy atentas al uso de recursos de estos programas en el ámbito de los procesos electorales, porque el riesgo está presente”, refiere.

Por su parte, la senadora panista y extitular de la Sedesol, Beatriz Zavala Peniche, consideró que los programas sociales del gobierno federal ya están blindados.

“No hay pretexto para ello, desde luego que donde hay la intención de darle un sesgo, pues pueden darle la vuelta a las reglas de operación o a la difusión de los programas; sin embargo, están blindados desde el punto de vista de la propia ley y de las reglas de operación”, refirió.

Sin embargo, el presidente de la Comisión de Desarrollo Social del Senado, Graco Ramírez (PRD), opinó que “es lamentable, pero sobre todo es ilegal. Las leyes hoy vigentes prohíben a cualquier partido adjudicarse los programas sociales”. Lo anterior, después de acusar al PAN de utilizar en favor de sus candidatos dichos esquemas.

En marcha blindaje

El 7 de diciembre del 2008, la titular de la Fiscal Especializada Para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), Arely Gómez González, llamó a la población a denunciar cualquier intento de condicionar la entrega de alguno de esos 55 apoyos a cambio de favorecer a determinado candidato o partido.

Jorge Monroy, El Economista, 9 de enero.


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