Para especialistas, el plan anticrisis es redición de buenas intenciones y propuestas anteriores

Pese al nombre, el Acuerdo Nacional en Favor de la Economía Familiar y el Empleo presentado por el presidente Felipe Calderón omite medidas de apoyo directo que resultan urgentes para las familias mexicanas, como el congelamiento en los precios de productos de la canasta básica y en tarifas eléctricas, así como en el diesel para los sectores agropecuario y del transporte.

En cambio, privilegia a ciertos sectores de la iniciativa privada con los descuentos en energéticos; deja de lado el respaldo al campo como motor para reactivar el empleo y garantizar el abasto de alimentos a precios justos para la población; pone en riesgo los ahorros de los trabajadores al ampliar la capacidad de retiro de esos fondos en momentos que acumulan minusvalías, y mantiene intacto el excesivo gasto corriente del gobierno federal, criticaron especialistas.

Miembros del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, del Colegio Nacional de Economistas, del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical, de la consultoría Vanguardia Investment, así como representantes de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) y de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras del Campo (ANEC) señalaron que no basta con congelar el precio de las gasolinas luego de 33 alzas consecutivas semanales, por lo que se requiere bajarlo, y consideraron demagógico que se ofrezcan créditos a las familias de bajos ingresos para cambiar aparatos electrodomésticos, cuando el mayor porcentaje de sus percepciones lo destinan a la compra de alimentos o para el cuidado de la salud.

La economía nacional, coincidieron, sólo podrá reactivarse con el fomento al empleo permanente y no temporal, así como recuperar el poder adquisitivo de la población, pero en su lugar el gobierno lanza una redición de paliativos, buenas intenciones o propuestas anteriores, algunas de ellas incluidas en el presupuesto federal u otras disposiciones legales que está obligado a cumplir, pero deja intactos a los sistemas financiero y bancario, a pesar de que ahí estalló la crisis actual y cuyas tasas de interés mantienen ahorcada a la gente.

“Son refritos, listados de buenas intenciones y fuegos de artificio mediáticos porque no establecen metas ni plazos para cumplirse. Es un acuerdo que para nada incluye medidas de austeridad para el gobierno, cuya burocracia vive en el limbo o en el cielo debido a que desde 2000 registra un crecimiento bestial en el gasto corriente –en oficinas, nuevas comisiones y salarios–, a diferencia de la población, que está obligada a apretarse el cinturón. Lo paradójico es que el gasto corriente no ha dejado de crecer en los gobiernos del PAN, pese a que lo criticaban tanto cuando eran oposición. La situación económica es tan grave que la cuesta de enero durará hasta diciembre. Ofrecen créditos para electrodomésticos, cuando la mayor parte del presupuesto familiar se destina a alimentos”, aseveró Gonzalo Núñez, doctor en economía y gerente del Colegio Nacional de Economistas.

La reactivación del mercado interno no podrá darse hasta que mejore el poder adquisitivo de la población y las medidas anunciadas sólo son un recuento de otras ya tomadas con anterioridad; algunos puntos incluso reviven los pactos económicos de Miguel de la Madrid”, indicó Gilberto Ortiz, presidente de la comisión de energéticos de Canacintra.
En peligro, los fondos de retiro

Los especialistas señalaron que el acuerdo contiene puntos que lejos de servir para amortiguar la crisis podrían resultar contraproducentes y agravarla, como el peligro que implicará para la estabilidad y patrimonio familiar tanto de ahora como a largo plazo, la iniciativa presidencial que pretende que los trabajadores que queden desempleados puedan retirar hasta 60 por ciento de sus cuentas individuales del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR).

Es una propuesta que se hace “en el peor momento, porque si la gente retira sus ahorros lo hará con todas las pérdidas o minusvalías que las Afores han registrado desde el año pasado con la crisis financiera, además de que va en detrimento del patrimonio a largo plazo de las familias”, expresó Roberto Galván, presidente de la consultoría Vanguardia Investment.

“Si ahora se permite a los trabajadores desempleados hacer uso de esos ahorros, la pregunta es, ¿qué va a pasar luego?”, señaló Héctor de la Cueva, dirigente del Centro de Investigación Laboral.

Irma Delgado Martínez, investigadora de la UNAM, mencionó que si bien las empresas son consideradas como el motor de la economía y por ello se justifican las medidas para apoyarlas, “ese motor no existe si no tiene trabajadores, cuyo salario mínimo aumentó nada frente al alza de los alimentos. En el discurso todo suena muy bonito, pero la realidad nos rebasa y falta ver cómo se instrumenta todo. Reducir el costo de la energía eléctrica a las empresas no beneficiará a la mayoría de la población, y ni siquiera impulsar una “marca México” garantiza un apoyo a las empresas del país cuando la economía nacional se ha abierto tanto que casi cien por ciento de lo que se consume es de trasnacionales instaladas aquí”.
El campo, olvidado

La administración de Felipe Calderón también soslayó el potencial del sector agropecuario para remontar la actual situación económica, pues fuera de la ampliación en 10 por ciento de créditos para el sector rural, no se incluyeron más medidas para impulsar sus actividades.

“Volver a darle la espalda al problema alimentario y al campo demuestra la irresponsabilidad e insensibilidad de Calderón, pues el campo puede convertirse en un sector anticrisis junto con la infraestructura debido a la capacidad que tiene para generar empleos en el menor tiempo posible y al menor costo, absorbiendo a los trabajadores que queden sin empleo en otras ramas o los migrantes que regresen de Estados Unidos, además de aumentar de manera drástica la producción alimentaria y disminuir las importaciones de básicos, con lo que se frenaría la escalada alcista de los precios de la canasta básica”, expresó Víctor Suárez, de la ANEC.

Al respecto, la Cámara Nacional de Autotrasporte de Carga, que encabeza Jorge Cárdenas Romo, advirtió que el diesel se vende 72 centavos más caro que en Estados Unidos, y que en el acuerdo no se precisa si en lo que resta del año se venderá a 7.38 pesos por litro, ya que “de no congelarse el precio también, nuestras empresas enfrentarán problemas graves en los flujos de efectivo y, por ende, se pondrán en riesgo los empleos”.

Susana González, La Jornada, 8 de enero.

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