Bogotá, 13 de enero. La fiscalía colombiana pidió al Departamento de Justicia estadunidense información sobre 20 ejecutivos de la multinacional bananera Chiquita Brands, incluido su actual presidente Fernando Aguirre, investigados por pagos de un millón 700 mil dólares a grupos paramilitares de ultraderecha en Colombia.
En marzo de 2007, la multinacional admitió que entregó dinero a las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) durante siete años para proteger la vida de sus trabajadores.
Es posible que la fiscalía vincule a los directivos de la empresa estadunidense con una investigación formal y pida su extradición.
El proceso en Colombia a los directivos de Chiquita es independiente del que ya se realizó en Estados Unidos, que terminó con el pago por parte de la multinacional de una multa de 25 millones de dólares a cambio de que no se inculpara “a algún ejecutivo actual o pasado” de la empresa.
En otra causa, a comienzos de junio del mismo año, los abogados de las familias de 173 personas asesinadas en las regiones bananeras de Colombia presentaron una demanda multimillonaria en un tribunal federal de Washington contra Chiquita Brands International por financiar a paramilitares.
En tanto, la fiscalía colombiana acusó formalmente a dos ex jefes paramilitares, uno de ellos preso en Estados Unidos, del asesinato de dos sindicalistas de la minera estadunidense Drummond en 2001, medida que atañe a Rodrigo Tovar (Jorge 40), extraditado en mayo pasado a Estados Unidos por narcotráfico, y a José Ospino (Tolemaida), contra quien se libró orden de captura.
Por último, dos miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia se entregaron a la policía junto con dos secuestrados –un comerciante y un vacacionista, por cuya liberación se exigía el pago de rescate– en un sector del departamento de Meta, con lo que suman tres casos de rebeldes que desertan en compañía de rehenes desde finales de octubre.
En marzo de 2007, la multinacional admitió que entregó dinero a las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) durante siete años para proteger la vida de sus trabajadores.
Es posible que la fiscalía vincule a los directivos de la empresa estadunidense con una investigación formal y pida su extradición.
El proceso en Colombia a los directivos de Chiquita es independiente del que ya se realizó en Estados Unidos, que terminó con el pago por parte de la multinacional de una multa de 25 millones de dólares a cambio de que no se inculpara “a algún ejecutivo actual o pasado” de la empresa.
En otra causa, a comienzos de junio del mismo año, los abogados de las familias de 173 personas asesinadas en las regiones bananeras de Colombia presentaron una demanda multimillonaria en un tribunal federal de Washington contra Chiquita Brands International por financiar a paramilitares.
En tanto, la fiscalía colombiana acusó formalmente a dos ex jefes paramilitares, uno de ellos preso en Estados Unidos, del asesinato de dos sindicalistas de la minera estadunidense Drummond en 2001, medida que atañe a Rodrigo Tovar (Jorge 40), extraditado en mayo pasado a Estados Unidos por narcotráfico, y a José Ospino (Tolemaida), contra quien se libró orden de captura.
Por último, dos miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia se entregaron a la policía junto con dos secuestrados –un comerciante y un vacacionista, por cuya liberación se exigía el pago de rescate– en un sector del departamento de Meta, con lo que suman tres casos de rebeldes que desertan en compañía de rehenes desde finales de octubre.
AFP y DPA, La Jornada, 14 de enero.
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