Piden a Calderón no ceder ante las presiones de las empresas telefónicas

La Comisión de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Diputados exhortó al presidente Felipe Calderón a publicar en el Diario Oficial de la Federación las reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones que regulan la telefonía celular, para llevar un registro con nombre y huella digital de todos los usuarios, con el propósito de evitar la comisión de delitos como el secuestro.

“En tanto no las publique y, por lo tanto, no entren en vigor, el país seguirá como rehén de la industria del crimen organizado; desde las cárceles continuarán operando los secuestros y todo aquello que afecta la paz y seguridad de los mexicanos”, aseguró el presidente de la comisión, Gustavo Cárdenas Monroy.

El Ejecutivo, dijo, no debe admitir presiones y chantajes de las empresas de telefonía celular en México, que hasta el momento han frenado la publicación de la reforma, y advirtió que uno de los cambios legales ordena la pérdida de la concesión para quienes no lleven el registro de los clientes. “Hay que poner orden en la industria de los celulares. Este servicio debe ser una herramienta de productividad, que contribuya al desarrollo del país, y no ser instrumento para la delincuencia”, expuso.

En diciembre pasado, la Cámara de Diputados aprobó la minuta del Senado que reforma la Ley Federal de Telecomunicaciones, que indica un plazo máximo de un año para que las compañías telefónicas integren la relación de sus clientes, quienes también en ese periodo deberán presentarse con una identificación con fotografía, comprobante de domicilio actualizado, y registrar su huella, y se subraya que quienes no lo hagan perderán su número telefónico.

Cárdenas Monroy aclaró que en los artículos transitorios se indica claramente un plazo de un año para poner en orden la base de datos, y no de dos, como algunas empresas difundieron en campañas publicitarias e inclusive mensajes vía Internet.

Las empresas están obligadas, una vez que sus clientes acudan al registro de sus números y los chips de sus teléfonos, a incluir sus nombres completos, domicilios, nacionalidad, el número telefónico y a tomarse una impresión de huella dactilar, directamente en tinta o de manera electrónica.

El legislador del PRI insistió en que la reforma tiene como propósito evitar extorsiones telefónicas, principalmente desde las cárceles, o simulación de secuestros, y que los celulares “sean utilizados como un medio de comunicación civilizado y no como herramienta para la delincuencia organizada”. El Congreso, dijo, aprobó la reforma para otorgar mayor seguridad a los ciudadanos, porque todos los números móviles estarán identificados y se les podrá ubicar.

Refirió que la extorsión telefónica por medio de móviles es difícil de detener, ya que en el país existen actualmente 70 millones de números, y recordó que las empresas están obligadas a iniciar una campaña de publicidad para orientar a sus clientes sobre el mecanismo de registro de sus líneas.

Enrique Méndez, La Jornada, 5 de enero.


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