A 16 días del inicio de las precampañas electorales (el 31 de enero), el consejo general del Instituto Federal Electoral (IFE) aprobó ayer, por unanimidad, una serie de medidas que pretenden blindar el proceso electoral del dinero del narcotráfico.
Los consejeros avalaron la fiscalización de ingresos y gastos de partidos, precandidatos y candidatos. También establecieron medidas de seguridad de los candidatos y el fortalecimiento de convenios de colaboración con diversas autoridades federales encargadas de enfrentar la lucha contra el crimen organizado.
Otra de las medidas aprobadas, y que contó con el aval de todos los partidos, es que la Unidad de Fiscalización del IFE pueda realizar auditorías y verificaciones muestrales y de manera aleatoria en algunos distritos electorales mientras están en curso las precampañas y campañas electorales, y no sólo después de que concluyan, como fija la actual normatividad.
También se incluyeron en el blindaje reglas de mayor control de manejo de dinero en efectivo en actos de autofinanciamiento, espectáculos, colectas públicas, sorteos y pago a militantes, proveedores y prestadores de servicios, entre otros puntos.
Los partidos y consejeros del IFE acordaron que permitirán aportaciones en efectivo de hasta 10 mil pesos (200 salarios mínimos) en campañas y precampañas; los montos superiores deberán entregarse en cheque. En ambos casos, deberá identificarse plenamente a los aportantes.
El acuerdo se tomó en sesión del consejo general y se da luego de casi cuatro meses de pláticas y negociaciones entre consejeros electorales y representantes de los partidos políticos.
Las nuevas disposiciones se suman a la declaratoria general a favor del blindaje aprobada por el consejo general el 22 de diciembre, cuando se creó un grupo de trabajo integrado por los consejeros Virgilio Andrade, Arturo Sánchez, Alfredo Figueroa y Marco Baños, quienes trabajaron en torno al consenso del acuerdo final.
Entre las reglas de blindaje aprobadas están incluir en una lista de personas "políticamente expuestas", además de los candidatos, a órganos de elección popular y dirigentes de partido, titulares nacionales de sus órganos de finanzas y auditores internos y externos, así como personal de la Unidad de Fiscalización del IFE vinculado con la revisión de los informes de los partidos políticos.
La inclusión del personal del IFE o contratado por el organismo en esta lista fue una expresión de la corresponsabilidad entre autoridades y partidos por cerrar el paso al dinero de la delincuencia organizada, según lo manifestó el PAN.
Esta lista será remitida a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), al Sistema de Administración Tributaria (SAT) y a la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP para tener una vigilancia estrecha de los movimientos de ingresos y egresos de sus integrantes.
Los consejeros avalaron la fiscalización de ingresos y gastos de partidos, precandidatos y candidatos. También establecieron medidas de seguridad de los candidatos y el fortalecimiento de convenios de colaboración con diversas autoridades federales encargadas de enfrentar la lucha contra el crimen organizado.
Otra de las medidas aprobadas, y que contó con el aval de todos los partidos, es que la Unidad de Fiscalización del IFE pueda realizar auditorías y verificaciones muestrales y de manera aleatoria en algunos distritos electorales mientras están en curso las precampañas y campañas electorales, y no sólo después de que concluyan, como fija la actual normatividad.
También se incluyeron en el blindaje reglas de mayor control de manejo de dinero en efectivo en actos de autofinanciamiento, espectáculos, colectas públicas, sorteos y pago a militantes, proveedores y prestadores de servicios, entre otros puntos.
Los partidos y consejeros del IFE acordaron que permitirán aportaciones en efectivo de hasta 10 mil pesos (200 salarios mínimos) en campañas y precampañas; los montos superiores deberán entregarse en cheque. En ambos casos, deberá identificarse plenamente a los aportantes.
El acuerdo se tomó en sesión del consejo general y se da luego de casi cuatro meses de pláticas y negociaciones entre consejeros electorales y representantes de los partidos políticos.
Las nuevas disposiciones se suman a la declaratoria general a favor del blindaje aprobada por el consejo general el 22 de diciembre, cuando se creó un grupo de trabajo integrado por los consejeros Virgilio Andrade, Arturo Sánchez, Alfredo Figueroa y Marco Baños, quienes trabajaron en torno al consenso del acuerdo final.
Entre las reglas de blindaje aprobadas están incluir en una lista de personas "políticamente expuestas", además de los candidatos, a órganos de elección popular y dirigentes de partido, titulares nacionales de sus órganos de finanzas y auditores internos y externos, así como personal de la Unidad de Fiscalización del IFE vinculado con la revisión de los informes de los partidos políticos.
La inclusión del personal del IFE o contratado por el organismo en esta lista fue una expresión de la corresponsabilidad entre autoridades y partidos por cerrar el paso al dinero de la delincuencia organizada, según lo manifestó el PAN.
Esta lista será remitida a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), al Sistema de Administración Tributaria (SAT) y a la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP para tener una vigilancia estrecha de los movimientos de ingresos y egresos de sus integrantes.
Guadalupe Irízar, Reforma, 15 de enero.
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