El Diario Oficial de la Federación publicó ayer el acuerdo del Instituto Federal Electoral (IFE) y los partidos políticos para el "blindaje" de los comicios que se celebrarán en julio próximo, mediante el cual se busca poner a salvo a dicho proceso del posible involucramiento del narcotráfico y el crimen organizado.
Entre otras medidas adoptadas, destacan el reforzamiento de la fiscalización de las fuentes de ingreso y el destino de gastos de precandidatos y candidatos de todos los partidos, así como la obligación de éstos a difundir la identidad de los donantes de dinero, y la de los propietarios de bienes otorgados en especie para las campañas proselitistas.
Los partidos políticos, según el acuerdo, deberán entregar al IFE una lista de "personas políticamente expuestas", lo más extenso posible, que comprenda los nombres de todos los integrantes de sus comités ejecutivos o equivalentes, de sus órganos directivos y de sus miembros en todos los cargos de elección popular, así como desde luego de sus precandidatos.
De igual forma, los partidos deberán garantizar que todos sus precandidatos y candidatos "cuenten con una trayectoria honorable y transparente" en el ámbito profesional y personal, y que no tengan nexos con actividades ilícitas, además de que los aspirantes deberán entregar sus respectivas declaraciones patrimoniales al interior de sus propios partidos.
Los partidos deberán vigilar "escrupulosamente" el origen y flujo del dinero en efectivo legalmente permitido; deberán establecer políticas de financiamiento y gasto que disminuyan el uso del efectivo, y permanecerán siempre alertas de sus proveedores.
Además, ante "cualquier anomalía, amenaza o situación que constituya indicio de injerencia" del crimen organizado en el proceso electoral, los partidos deberán comunicar de inmediato al IFE y a las autoridades judiciales y de seguridad competentes.
El acuerdo firmado el 22 de diciembre pasado en la sesión ordinaria del IFE, establece también que los partidos se comprometen a diseñar campañas de propaganda y comunicación con sentido de responsabilidad, "a fin de evitar señalamientos públicos sin sustento que impliquen calumnia respecto a involucramientos y participación de partidos, militantes, precandidatos o candidatos en presuntas actividades ilícitas.
Por su parte, el IFE se compromete a establecer los mecanismos para remitir de inmediato a las autoridades competentes del gobierno federal toda la información ciudadana o de los partidos políticos, vinculada con presunta injerencia ilícita en el proceso electoral.
Señala que entre otras dependencias, el IFE solicitará información y colaboración para vigilar y garantizar la seguridad del proceso electoral, a las secretarías de Seguridad Pública; Gobernación; Defensa Nacional; Hacienda; Marina; Comunicaciones y Transportes, y Relaciones Exteriores, así como a la PGR y la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (Fepade).
Luciano Franco, Crónica, 21 de enero.
Entre otras medidas adoptadas, destacan el reforzamiento de la fiscalización de las fuentes de ingreso y el destino de gastos de precandidatos y candidatos de todos los partidos, así como la obligación de éstos a difundir la identidad de los donantes de dinero, y la de los propietarios de bienes otorgados en especie para las campañas proselitistas.
Los partidos políticos, según el acuerdo, deberán entregar al IFE una lista de "personas políticamente expuestas", lo más extenso posible, que comprenda los nombres de todos los integrantes de sus comités ejecutivos o equivalentes, de sus órganos directivos y de sus miembros en todos los cargos de elección popular, así como desde luego de sus precandidatos.
De igual forma, los partidos deberán garantizar que todos sus precandidatos y candidatos "cuenten con una trayectoria honorable y transparente" en el ámbito profesional y personal, y que no tengan nexos con actividades ilícitas, además de que los aspirantes deberán entregar sus respectivas declaraciones patrimoniales al interior de sus propios partidos.
Los partidos deberán vigilar "escrupulosamente" el origen y flujo del dinero en efectivo legalmente permitido; deberán establecer políticas de financiamiento y gasto que disminuyan el uso del efectivo, y permanecerán siempre alertas de sus proveedores.
Además, ante "cualquier anomalía, amenaza o situación que constituya indicio de injerencia" del crimen organizado en el proceso electoral, los partidos deberán comunicar de inmediato al IFE y a las autoridades judiciales y de seguridad competentes.
El acuerdo firmado el 22 de diciembre pasado en la sesión ordinaria del IFE, establece también que los partidos se comprometen a diseñar campañas de propaganda y comunicación con sentido de responsabilidad, "a fin de evitar señalamientos públicos sin sustento que impliquen calumnia respecto a involucramientos y participación de partidos, militantes, precandidatos o candidatos en presuntas actividades ilícitas.
Por su parte, el IFE se compromete a establecer los mecanismos para remitir de inmediato a las autoridades competentes del gobierno federal toda la información ciudadana o de los partidos políticos, vinculada con presunta injerencia ilícita en el proceso electoral.
Señala que entre otras dependencias, el IFE solicitará información y colaboración para vigilar y garantizar la seguridad del proceso electoral, a las secretarías de Seguridad Pública; Gobernación; Defensa Nacional; Hacienda; Marina; Comunicaciones y Transportes, y Relaciones Exteriores, así como a la PGR y la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (Fepade).
Luciano Franco, Crónica, 21 de enero.
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