Se disparan las denuncias por lesiones u homicidios cometidos por militares

Las averiguaciones previas iniciadas por la Procuraduría General de Justicia Militar (PGJM) por denuncias de la población civil contra militares por lesiones u homicidios se incrementaron sustancialmente durante el gobierno de Felipe Calderón, al sumar 200 en 2007 y 2008, mientras que de 2000 a 2005 se realizaron 172 investigaciones del Ministerio Público Militar.

Información proporcionada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a este diario señala lo anterior, y añade que, pese al alto número de averiguaciones iniciadas por el fuero castrense, de 2000 a la fecha la PGJM únicamente sancionó a 10 soldados por matar o lesionar a civiles, todo ello durante el gobierno de Vicente Fox. En el actual sexenio no se ha consumado ninguna.

Cabe señalar que a la llegada de Calderón a la Presidencia de la República, el primero de diciembre de 2006, anunció el combate frontal al crimen organizado y el narcotráfico, e inició operativos anticrimen en los que el peso de la responsabilidad recayó en el Ejército Mexicano, el cual emprendió acciones conjuntas con la Secretaría de Seguridad Pública federal y la Procuraduría General de la República (PGR) en Sinaloa, Durango, Sonora, Michoacán, Baja California. Chihuahua y Guerrero. En ese año la cifra de denuncias fue de 23.

En el contexto de una participación militar cada vez mayor en acciones de seguridad pública, ocurrieron hechos como la muerte de la anciana indígena Ernestina Ascención, quien presuntamente fue violada y asesinada por soldados en Zongolica, Veracruz; la violación tumultuaria de 13 prostitutas a manos de soldados en la población de Castaños, Coahuila, y el asesinato de Sayra Guadalupe Arzate Contreras, ocurrido el pasado 12 de diciembre en un retén militar en el poblado de Aldama, Chihuahua.

A pesar del incremento de denuncias en contra de militares, en 2000 sólo un soldado fue consignado penalmente por homicidio. En 2001 siete recibieron condena por “violencia contra las personas causando homicidio”. En 2004 hubo una sanción similar a un soldado y en 2005 otro fue sancionado por “violencia contra las personas”.

En cambio, la procuraduría militar “no encontró” elementos para iniciar averiguaciones previas en contra de soldados en 470 denuncias presentadas de 2000 a 2008. Durante el gobierno de Calderón también se ha registrado el número más alto de denuncias en contra de soldados, las cuales no han prosperado. En 2008 fueron 82 y en 2007 llegaron a 70 los casos; curiosamente, en 2006 –cuando terminó la anterior administración y empezó la actual–, se registró la cifra más baja de quejas no atendidas en el periodo señalado, con 32.

En 2000 un total de 52 denuncias fueron archivadas, 38 en 2001, 52 en 2002, 39 en 2003, 67 en 2004 y 38 en 2005.

La Sedena señaló, por otra parte, que la averiguación previa que inició la procuraduría militar por el deceso de Sayra Guadalupe Arzáte, quien murió acribillada cuando soldados dispararon a su vehículo en un retén, continúa abierta, y que la Dirección General de Derechos Humanos de la dependencia, a cargo del general Jaime Antonio López Portillo, continúa apoyando a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la cual abrió una investigación para determinar si los soldados incurrieron en alguna falta a la ley.

Jesús Aranda, La Jornada, 19 de enero.


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