La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) entregó desde septiembre un catálogo con cinco anexos a las entidades, en el que insta a los cuerpos policiacos estatales a incrementar el calibre de sus armas y, por tanto, su poder de fuego.
En el documento se especifica qué tipo de armas pueden utilizar en el combate a la delincuencia organizada, la forma de adquirirlas e incluso la vía para solicitarlas en el extranjero. También se hace mención al entrenamiento que deberán acreditar los elementos que manejarán las armas y los exámenes de control de confianza que deben presentar.
A partir de esa propuesta, al menos 10 entidades han solicitado permiso para adquirir armas de uso exclusivo del Ejército, muchas destinadas a la guerra, según refieren los tratados internacionales.
Funcionarios federales especificaron que el catálogo avala el uso de granadas calibre 40 (para lanzacohetes) y de mano, es decir, las llamadas de fragmentación.
Diversas armas que serán utilizadas por las corporaciones policiacas ya fueron solicitadas mediante licencia de exportación a países europeos y Estados Unidos.
MILENIO publicó el pasado viernes que Yucatán solicitó a la Sedena autorización para la que la policía local emplee granadas de fragmentación en su lucha contra el hampa, mientras diversas entidades solicitaron permiso para adquirir artillería calibre 40 o 50, capaz de atravesar blindajes.
Documento oficial
El secretario de Defensa, Guillermo Galván, detalló en un discurso del pasado 11 de septiembre que dirigió un oficio a los titulares de la PGR, Eduardo Medina Mora; SSP federal, Genaro García Luna; del Cisen, Guillermo Valdés, además de gobernadores, en el que se detalla la autorización para que los cuerpos policiacos estatales aumenten su capacidad de fuego.
Dicho oficio fue acompañado de un cuadernillo de cinco anexos, de los cuales en el primero se especifica “el armamento autorizado en atención a su tipo, funcionamiento, calibre y munición”.
El segundo anexo, informó Galván, “hace referencia al armamento y municiones fabricados por la Dirección General de Industria Militar para comercialización y establece las existencias disponibles, el periodo de entrega y su costo”.
En cuanto a las armas que pueden adquirirse en el extranjero, la Sedena también explicó en el tercer anexo marca, modelo, país de origen, costo unitario y existencias disponibles. En el cuarto cuadernillo se informa sobre el estado de las licencias oficiales colectivas y especifica número de efectivos y armas permitidas. Este apartado contiene un listado de las armas autorizadas con anterioridad a los cuerpos policiacos.
En el último anexo se específica la forma en que los estados podrán surtir ese armamento a sus corporaciones y los requisitos que deberán cumplir para adquirirlo, entre otros, la aprobación de los exámenes de control y confianza, evaluación y destreza en el conocimiento del armamento.
En el oficio elaborado por la Sedena también se precisan los plazos y la ubicación de las instalaciones militares en los estados, donde se practicará la evaluación.
“Los comandantes de región y zona militar tienen instrucciones de proporcionar todo el apoyo que requieran (los estados) para el cumplimiento expedito de cualquier trámite”, señaló el secretario de la Defensa ante el Consejo Nacional de Seguridad.
El presidente Felipe Calderón se pronunció en el mismo sentido en septiembre pasado.
Elementos de PFP, los más denunciados
Elementos de la PFP son los servidores públicos federales dedicados a la procuración de justicia más denunciados por la sociedad por corrupción y mala actuación. De las 120 denuncias que se recibieron el año pasado (hasta el 18 de diciembre) en la Secretaría de la Función Pública, 90 están relacionados con estos agentes.
La estadística se desprende del programa Reporte Ciudadano, que forma parte del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad.
En el sitio web de la dependencia se explica que se mantendrá un monitoreo mes a mes “de las denuncias por corrupción y mala actuación de servidores públicos federales que trabajan en las áreas de seguridad y procuración de justicia”.
El programa permite a la sociedad reportar la mala actuación de funcionarios de PGR, SSP federal y PFP. Del total de quejas, 90 se presentaron contra esta última dependencia, 28 contra la PGR y dos contra la SSP.
Los funcionarios más denunciados son los policías (83 quejas), seguido de mandos policiacos (30), agentes del Ministerio Público (cuatro), custodios (uno), mando uno y personal administrativo (uno).
Las denuncias se pueden presentar por internet (en los portales de la SFP, PGR e IFAI), vía telefónica al 01 800 386 2466, personalmente, servicio postal o fax. (México/Paloma Alcántara)
En el documento se especifica qué tipo de armas pueden utilizar en el combate a la delincuencia organizada, la forma de adquirirlas e incluso la vía para solicitarlas en el extranjero. También se hace mención al entrenamiento que deberán acreditar los elementos que manejarán las armas y los exámenes de control de confianza que deben presentar.
A partir de esa propuesta, al menos 10 entidades han solicitado permiso para adquirir armas de uso exclusivo del Ejército, muchas destinadas a la guerra, según refieren los tratados internacionales.
Funcionarios federales especificaron que el catálogo avala el uso de granadas calibre 40 (para lanzacohetes) y de mano, es decir, las llamadas de fragmentación.
Diversas armas que serán utilizadas por las corporaciones policiacas ya fueron solicitadas mediante licencia de exportación a países europeos y Estados Unidos.
MILENIO publicó el pasado viernes que Yucatán solicitó a la Sedena autorización para la que la policía local emplee granadas de fragmentación en su lucha contra el hampa, mientras diversas entidades solicitaron permiso para adquirir artillería calibre 40 o 50, capaz de atravesar blindajes.
Documento oficial
El secretario de Defensa, Guillermo Galván, detalló en un discurso del pasado 11 de septiembre que dirigió un oficio a los titulares de la PGR, Eduardo Medina Mora; SSP federal, Genaro García Luna; del Cisen, Guillermo Valdés, además de gobernadores, en el que se detalla la autorización para que los cuerpos policiacos estatales aumenten su capacidad de fuego.
Dicho oficio fue acompañado de un cuadernillo de cinco anexos, de los cuales en el primero se especifica “el armamento autorizado en atención a su tipo, funcionamiento, calibre y munición”.
El segundo anexo, informó Galván, “hace referencia al armamento y municiones fabricados por la Dirección General de Industria Militar para comercialización y establece las existencias disponibles, el periodo de entrega y su costo”.
En cuanto a las armas que pueden adquirirse en el extranjero, la Sedena también explicó en el tercer anexo marca, modelo, país de origen, costo unitario y existencias disponibles. En el cuarto cuadernillo se informa sobre el estado de las licencias oficiales colectivas y especifica número de efectivos y armas permitidas. Este apartado contiene un listado de las armas autorizadas con anterioridad a los cuerpos policiacos.
En el último anexo se específica la forma en que los estados podrán surtir ese armamento a sus corporaciones y los requisitos que deberán cumplir para adquirirlo, entre otros, la aprobación de los exámenes de control y confianza, evaluación y destreza en el conocimiento del armamento.
En el oficio elaborado por la Sedena también se precisan los plazos y la ubicación de las instalaciones militares en los estados, donde se practicará la evaluación.
“Los comandantes de región y zona militar tienen instrucciones de proporcionar todo el apoyo que requieran (los estados) para el cumplimiento expedito de cualquier trámite”, señaló el secretario de la Defensa ante el Consejo Nacional de Seguridad.
El presidente Felipe Calderón se pronunció en el mismo sentido en septiembre pasado.
Elementos de PFP, los más denunciados
Elementos de la PFP son los servidores públicos federales dedicados a la procuración de justicia más denunciados por la sociedad por corrupción y mala actuación. De las 120 denuncias que se recibieron el año pasado (hasta el 18 de diciembre) en la Secretaría de la Función Pública, 90 están relacionados con estos agentes.
La estadística se desprende del programa Reporte Ciudadano, que forma parte del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad.
En el sitio web de la dependencia se explica que se mantendrá un monitoreo mes a mes “de las denuncias por corrupción y mala actuación de servidores públicos federales que trabajan en las áreas de seguridad y procuración de justicia”.
El programa permite a la sociedad reportar la mala actuación de funcionarios de PGR, SSP federal y PFP. Del total de quejas, 90 se presentaron contra esta última dependencia, 28 contra la PGR y dos contra la SSP.
Los funcionarios más denunciados son los policías (83 quejas), seguido de mandos policiacos (30), agentes del Ministerio Público (cuatro), custodios (uno), mando uno y personal administrativo (uno).
Las denuncias se pueden presentar por internet (en los portales de la SFP, PGR e IFAI), vía telefónica al 01 800 386 2466, personalmente, servicio postal o fax. (México/Paloma Alcántara)
Omar Sánchez de Tagle, Milenio, 12 de enero.
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