Sin reformas estructurales habrá más estancamiento, dice Carstens

El secretario de Hacienda, Agustín Carstens, afirmó que si bien el gobierno del presidente Calderón no se quedó con las manos cruzadas ante la crisis, las medidas anunciadas para mitigarla deben complementarse con una “agenda de reformas estructurales” que, si se aprueban con celeridad –adujo–, permitirían reactivar el mercado interno.

Ante legisladores de todos los partidos políticos, en el foro México ante la crisis, ¿qué hacer para crecer?, convocado por el Congreso de la Unión, el funcionario federal reconoció que la economía nacional experimentará “algunos periodos de estancamiento, de contracción”, y planteó que entre las reformas debe incluirse una de carácter laboral y de inversiones para permitir, por ejemplo, el ingreso de capitales extranjeros en telefonía fija, aunque en la Cámara de Diputados hay un dictamen al respecto, que está congelado.

También sugirió eliminar los monopolios; “modernizar” la Ley de Obras Públicas; otorgar certidumbre jurídica a las licitaciones de obras y adquisiciones; revisar el esquema de derechos patrimoniales de los ejidos, para que éstos se puedan enajenar o dar en garantía para créditos; facilitar la inversión turística en las costas, y “conceptualizar” modificaciones al sistema tributario para contar con instrumentos de recaudación “amigables a la inversión”.

En una amplia participación en el alcázar de Chapultepec, el titular de Hacienda aseguró que los ahorros de los trabajadores invertidos en instrumentos financieros por las Afore no han sufrido “minusvalías”, y en contraste aseguró que los fondos “tienen una ganancia de 8 mil millones de pesos desde diciembre de 2007 a la fecha, haciendo nuestro sistema de retiro de los pocos en el mundo que no han reportado merma en esta época de turbulencia”.

Participante en el mismo foro, el gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz Martínez, consideró “que es crucial en materia de política económica mantener primero el empleo”, y enseguida secundó la propuesta de una reforma a “la rigidez laboral”, otra en materia de telecomunicaciones, así como acotar la sobrerregulación.

“Quizá una de las reformas más importantes para promover el crecimiento económico es quitarnos el fardo enorme que representa el exceso de regulación, por ejemplo, en la obra pública”, dijo. Sugirió que antes de nivelar el barco o arreglar la propela “hay que tirar este exceso de peso que traemos y solamente con eso la nave andará más de prisa”.

En el diagnóstico que ambos presentaron sobre la situación económica de México se reflejó el optimismo, y cada uno en su momento aseguró que esta vez la crisis no se generó en el país, sino en otras economías.

No obstante, también reconocieron que el efecto será aún mayor para el país. México, dijo Ortiz Martínez, está dentro del grupo de naciones que tienen menores vulnerabilidades, pero “eso no quiere decir que no nos va a pegar. Nos va a pegar y nos va a pegar fuerte”.

Siempre con la mano izquierda en su bolsillo, aseguró que el crecimiento del país ha sido de sólo 20 por ciento en 47 años, y que eso se explica por una mala utilización y un déficit de los recursos humanos y físicos, y aseguró que en los rubros laboral, de capacitación, del costo excesivo de la electricidad y de las telecomunicaciones, México “no califica bien”.

No obstante, se quejó de haber sufrido demasiadas crisis económicas: “Comentaba con Carlos (Solchaga, ex ministro de Economía de España, quien también participó en el foro) que la vida es injusta. A algunos nos tocan más crisis que las que sería justo en nuestra vida profesional”.

También Carstens aseguró que, a diferencia de otras crisis, esta vez las políticas económicas aplicadas no son las responsables. “El problema no se originó en México, como resultado de pobres manejos macroeconómicos y financieros, sino que en este caso las presiones recesionarias (sic) se han importado del exterior”, reiteró.

Aseguró que desde los primeros signos de la crisis el año pasado, el gobierno federal utilizó “todos los grados de libertad que la responsabilidad fiscal le permiten” para contrarrestar, cuando menos en parte, la menor demanda de las exportaciones mexicanas y sus secuelas en el consumo nacional.

Enseguida presentó la agenda económica del gobierno, aunque sólo anunció el envío de una iniciativa al Congreso para permitir que los trabajadores desempleados puedan disponer de una parte de sus ahorros en las Afore.

Afirmó que, “de contarse con el apoyo del Poder Legislativo”, esta agenda “permitirá aumentar la actividad económica en el corto y mediano plazos”, y confió en que al presentarlas en el foro, éste sirviera “de catalizador para lograr los consensos necesarios para hacer realidad estos ajustes estructurales”.

Su agenda incluye: eliminar el burocratismo, los cuellos de botella regulatorios y las incertidumbres jurídicas, al “modernizar” la Ley de Obras Públicas, que además dé seguridad a las empresas en la renegociación de los contratos; revisar el régimen de propiedades social y federal para maximizar el valor y usufructo de la tierra y en este caso “conviene revisar” la enajenación o hipoteca de algunos derechos patrimoniales del ejido.

También, simplificar el régimen legal para fomentar la “inversión turística” en playas; “corregir las imprecisiones” de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, “para eliminar obstáculos en la toma de decisiones y agilizar trámites en construcción de vivienda.

Se trata, dijo finalmente, de medidas para aliviar un periodo de estancamiento.

Enrique Méndez, Andrea Becerril y Víctor Ballinas, La Jornada, 28 de enero.


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