Frente a la posibilidad de presiones de candidatos o incluso del narcotráfico, el tribunal electoral no aceptará amenazas de ningún tipo ni de nadie durante este proceso electoral y resolverá los conflictos partidistas y electorales que se liciten conforme a derecho, advirtió la titular de este organismo, María del Carmen Alanís.
"Es cierto, estamos en un momento de inseguridad difícil en el país, no podemos negarlo. Tomamos las medidas necesarias para la reserva de nuestros asuntos (...) pero hemos asumido esta enormeresponsabilidad de garantizar la legalidad de la elección y estamos listos para hacerlo.
El tribunal resuelve conforme a derecho y no permite amenazas de nadie y si las tuviéramos las denunciaríamos de inmediato", sostuvo.
Durante un desayuno con reporteros, los magistrados del TEPJF, incluida su presidenta, reconocieron que uno de los temas que genera mayor preocupación es la reglamentación del artículo 134 constitucional que se refiere a la promoción personalizada de los servidores públicos, previo a una elección pues reconocen que "hay una frontera" muy sutil entre lo lícito y lo ilícito, sobre todo en momentos como los actuales, donde se sufre una crisis económica que se tiene que enfrentar por los gobernantes.
"Hay una situación frontera, difícilmente podemos saber hasta dónde la conducta puede ser calificada de ilícita o hasta dónde sigue siendo lícita; no debemos olvidar que son los gobernantes, y que tienen el deber de presentar sus programas de trabajo para hacer frente a la problemática nacional, estatal o municipal según sea el orden que le corresponda", aceptó el magistrado Flavio Galván.
Es forma en que los gobernantes pretenden hacer frente a esta situación y esa es su responsabilidad, agregó.
Alanís reveló que el tema ha sido motivo de largas discusiones internas entre los magistrados y no hay un criterio definido para determinar cuándo un servidor público está haciendo uso electoral de los planes y programas de gobierno.
"(Este tema) se presta a la interpretación al distinto enfoque, según el lugar en donde estemos, incluso según nuestra formación personal y nuestra militancia partidista, si fuera el caso", aceptó Galván.
Los magistrados también se refirieron al asunto de Guanajuato, donde supuestamente el PAN ha desplegado mantas y pintas de bardas presumiendo los logros del gobierno federal, lo que ha generado molestia y acusaciones de los partidos de oposición.
Al respecto los magistrados aseguraron que hasta el momento dicho tribunal no ha recibido ninguna queja específica y requieren contar con los elementos que en su caso haya sancionado el IFE para determinar la validez o ilegalidad de esos actos.
Los magistrados dejaron en claro su compromiso de actuar de inmediato para inhibir prácticas ilegales que afecten la equidad en la contienda.
"El tribunal tiene la obligación de garantizar la legalidad del proceso electoral que se realizará este año", concluyó Alanís.
Alejandro Páez, Crónica, 14 de enero.
"Es cierto, estamos en un momento de inseguridad difícil en el país, no podemos negarlo. Tomamos las medidas necesarias para la reserva de nuestros asuntos (...) pero hemos asumido esta enormeresponsabilidad de garantizar la legalidad de la elección y estamos listos para hacerlo.
El tribunal resuelve conforme a derecho y no permite amenazas de nadie y si las tuviéramos las denunciaríamos de inmediato", sostuvo.
Durante un desayuno con reporteros, los magistrados del TEPJF, incluida su presidenta, reconocieron que uno de los temas que genera mayor preocupación es la reglamentación del artículo 134 constitucional que se refiere a la promoción personalizada de los servidores públicos, previo a una elección pues reconocen que "hay una frontera" muy sutil entre lo lícito y lo ilícito, sobre todo en momentos como los actuales, donde se sufre una crisis económica que se tiene que enfrentar por los gobernantes.
"Hay una situación frontera, difícilmente podemos saber hasta dónde la conducta puede ser calificada de ilícita o hasta dónde sigue siendo lícita; no debemos olvidar que son los gobernantes, y que tienen el deber de presentar sus programas de trabajo para hacer frente a la problemática nacional, estatal o municipal según sea el orden que le corresponda", aceptó el magistrado Flavio Galván.
Es forma en que los gobernantes pretenden hacer frente a esta situación y esa es su responsabilidad, agregó.
Alanís reveló que el tema ha sido motivo de largas discusiones internas entre los magistrados y no hay un criterio definido para determinar cuándo un servidor público está haciendo uso electoral de los planes y programas de gobierno.
"(Este tema) se presta a la interpretación al distinto enfoque, según el lugar en donde estemos, incluso según nuestra formación personal y nuestra militancia partidista, si fuera el caso", aceptó Galván.
Los magistrados también se refirieron al asunto de Guanajuato, donde supuestamente el PAN ha desplegado mantas y pintas de bardas presumiendo los logros del gobierno federal, lo que ha generado molestia y acusaciones de los partidos de oposición.
Al respecto los magistrados aseguraron que hasta el momento dicho tribunal no ha recibido ninguna queja específica y requieren contar con los elementos que en su caso haya sancionado el IFE para determinar la validez o ilegalidad de esos actos.
Los magistrados dejaron en claro su compromiso de actuar de inmediato para inhibir prácticas ilegales que afecten la equidad en la contienda.
"El tribunal tiene la obligación de garantizar la legalidad del proceso electoral que se realizará este año", concluyó Alanís.
Alejandro Páez, Crónica, 14 de enero.
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