Las llantas de la camioneta crujieron al machucar las piedras de la brecha que lleva del rancho San Isidro a Parral, en Chihuahua. Los hermanos Jorge y César, con un ayudante, regresaban a casa remolcando el ganado, que se mecía al son de los baches. Al caer la noche, el 3 de diciembre de 2008, en minutos la vida dio una vuelta de tuerca para ellos y la ciudad entera.
Al reducir la velocidad para cruzar un arroyo, que ya de agua no sabe nada, a 20 kilómetros de Parral, seis hombres vestidos de negro, encapuchados, los rodearon, los sacaron para los derribarlos y les pusieron un pie al cuello, mientras los sometían con sus armas. Al ayudante le ordenaron correr por el cauce —llevaba 50 metros cuando al escuchar disparos pensó que eran para apresurarlo; luego supo que habían matado a César, quien iba armado y forcejeaba. Liberaron el ganado y a bordo de la camioneta cruzaron Parral hasta Balleza, llevando consigo a Jorge.
Un amigo de la familia cuenta que los Muñoz Reyes, padres de los jóvenes, tuvieron que hipotecar los ranchos y pedir prestado para pagar unos 5 millones de pesos a los secuestradores, quienes 10 días más tarde liberaron a Jorge en El Vergel.
Cinco días después de aquel asalto, desesperados por robos, extorsiones y secuestros, ganaderos parralenses empezaron a reunirse con comerciantes, madereros y otros empresarios. Hablaron de perseguir a los delincuentes, de protegerse con medios propios. “Sí —dice Arturo Chávez, presidente de la Asociación de Ganaderos de Parral—, es verdad que se mencionó esa posibilidad”, pero “el gobernador tuvo a bien hablar con nosotros”. Fidencio Loya, también ganadero, comenta que en tales reuniones aún hay quienes insisten en la autoprotección.
Como en Chihuahua, por todo el país ganaderos, comerciantes y empresarios, así como comunidades de extranjeros, prevén la posibilidad de hacerse “justicia”. Lo mismo en Tijuana que en el Distrito Federal han decidido tomar las riendas de su seguridad. El riesgo, advierten algunas fuentes, es que se viole la ley, lo mismo haciendo investigaciones privadas que ordenando asesinatos.
Un caso ilustrativo de esto es el de Gildardo, restaurantero del Distrito Federal eliminado por órdenes de su socio, a causa de una deuda. Un testigo que prefiere el anonimato, narra que tras insistirle en que le pagara, el socio contrató a un grupo de sicarios, quienes secuestraron y mataron a Gildardo, cuyo cadáver sin cabeza fue hallado el 30 de octubre de 2008, en la colonia Doctores. Luis Genaro Vázquez, subprocurador de Averiguaciones Previas Desconcentradas de la Procuraduría del DF, declaró que fue un ajuste de cuentas del crimen organizado.
“Necesitaríamos unos misiles”
La atmósfera de impunidad, explica Chávez, ha provocado que todos se armen, lo mismo delincuentes que familias. “El día último del año haga de cuenta que estábamos como están ahorita los israelitas… Una balacera por todos lados”. Y no obstante, de poco sirven las armas cuando, como en el caso de los hermanos Muñoz Reyes, los emboscan entre varios. “Necesitaríamos traer, cuando se nos atravesaran ésos, unos misiles, ¡que se pueden conseguir!; traerlos en las camionetas pa’ volarlos”, dice un poco en broma, un poco en serio.
Ganaderos parralenses se quejan porque los caminos rurales están poco vigilados. Fidencio Loya lamenta que se dé preferencia a las zonas urbanas y en los operativos “agarren a los conejos y no a los lobos”. Chávez explica, por su parte, que “esos viejos nos tienen localizados a cada quien, ya saben por dónde entramos, por dónde salimos; haga de cuenta que es como el que tira y a ver cuál es el que cae”.
El grupo de empresarios que hoy se reúne cada quincena con las autoridades del gobierno de Chihuahua pidió que los policías se identifiquen y no vayan encapuchados ni de negro, y aumente la seguridad en la zona rural. Algunas medidas están siendo tomadas, reconoce el líder ganadero, pero los secuestros siguen, “falta que los metan a la cárcel”.
Otro gremio, el de los vendedores de autopartes, insiste en tomar la justicia en sus manos. Mientras que hay quienes optan por “abandonar el terruño […] aunque yo no soy de +éesos porque, oiga; si aquí vivo, vamos a tener que darles pelea de una manera o de otra”.
Tras las reuniones entre empresarios, añade el líder ganadero, el gobernador chihuahuense José Reyes Baeza Terrazas ha empezado a actuar; por lo pronto prohibieron allá los autos polarizados, “una de las peticiones, porque los delincuentes y policías andan encapuchados también y se visten igual que los secuestradores, y traen las mismas camionetas”.
Ciudad Juárez: un e-mail para matar
El 15 de enero anterior, en Ciudad Juárez, el denominado Comando Ciudadano pro Juárez apareció, enviando a los medios informativos y a empresarios un comunicado donde advertía que cada 24 horas mataría a un delincuente. Dijo estar financiado por empresarios de Chihuahua y ofreció que “si tienen identificados a criminales pronto podrán mandar a una dirección electrónica datos de la gente mala que merece estar muerta. Llegó la hora de terminar con este desorden en Juárez. Patria y justicia, por una nación para todos. Únete Pueblo”.
Ramón Galindo, senador por Chihuahua, duda de la existencia de ese comando, pero acepta la legitimidad del reclamo, “es una forma de exigir a la autoridad que haga su trabajo”. La situación en su estado y “sobre todo para quienes vivimos en Juárez”, es grave, dice, obligando a escuelas, comercios e industrias a tener personal de seguridad privada, debido a que están matando a familias.
Hay sacerdotes católicos que recomiendan a las familias protegerse, aun contratando grupos armados, reconoce el diputado local de Ciudad Juárez, Víctor Quintana, y que los correos masivos que dan a conocer grupos como el Comando Ciudadano pro Juárez son una expresión del descontento y desesperación.
Tijuana: “Prefieren matar a los secuestradores de sus hijos”
Familiares de secuestrados en Tijuana hacen sus propias investigaciones y contratan para matar. Una empresaria dedicada a asistir familias de secuestrados luego de haber resuelto el plagio de su hijo (para participar legalmente en la indagatoria se acredita como coadyuvante), reconoce que allá, una vez que los encuentran, algunos padres deciden mandar matar a los secuestradores de sus hijos. “¿Y qué les puedes decir, si al investigar te das cuenta de la corrupción y de lo involucradas que están las autoridades?”.
DF: las misiones de “Pepín” y “El Gorila”
La historia de quienes prefieren ser identificados como Pepín, de 36 años, y El Gorila, de 16, de Iztapalapa, es ilustrativa de la acción privada de la justicia en el DF. Dicen que pertenecieron a la banda La Familia, la cual los contrataba en ajusticiamientos, venganzas, golpizas y asesinatos, y hoy “trabajan” por su cuenta. Son contactados mediante un intermediario, quien los localizan vía telefónica; “es como un agente de ventas, y nosotros llegamos, ejecutamos y cobramos”. Acordado el “trabajo”, reciben una fotografía y la dirección de la víctima, para enseguida identificar sus rutinas. Su compromiso, precisan, es cumplir en 48 horas. Su principales clientes “son gente del gobierno”, de los reclusorios y particulares. La colonia Nápoles, Centro Histórico y los alrededores de la Alameda, son las zonas donde aseguran haber secuestrado a más personas para matarlas. Todas las semanas, agregan, hay trabajo.
Entrenamiento estilo israelí
La autoprotección armada ha abierto una veta de negocios. Guy Ben Nun, especialista israelí en seguridad, hoy dedicado a adiestrar comunidades extranjeras y grupos empresariales en México para prevenir o protegerse de ataques, precisa que al adiestrar a una comunidad se enfoca en inculcar una cultura de seguridad y prevención. Estudia cómo actúa, qué imagen proyecta y qué riesgos reales enfrenta; la cuestiona sobre su cohesión, su propia capacidad de protección y cómo es la comunicación y transmisión de información en su interior.
Respecto de la decisión de invertir en escoltas o vigilancia, considera que ésta será inútil “si la gente no sabe cómo tratarlos, dirigirlos, y sin conocer bien a la empresa que presta el servicio; mucho más si las personas no son discretas sobre lo que tienen”.
Si alguno de sus clientes es atacado o uno de sus familiares cercanos secuestrado, explica, hace un análisis inmediato; auxilia a la familia o comunidad para presentar el caso ante la policía, y supervisa y se mantiene presente durante la negociación. “La ventaja que tienen las comunidades es la presión política y económica que pueden ejercer con el gobierno. El gobierno también tiene intereses de no meterse en problemas diplomáticos con una comunidad extranjera, entonces se va a disponer de más recursos, de más atención para prestar apoyo”.
Las “células de protección”
Un nuevo problema es cuando aquellos a quienes una persona o un colectivo contratan para protegerse o matar se vuelven en contra. Guy Ben Nun, y Julio César García, presidente de la Sociedad Mexicana de Guardaespaldas, conocen casos en el Distrito Federal de empresarios que armaron a guardaespaldas o choferes que después los extorsionaron o amenazaron.
El líder de los guardaespaldas cuenta que un cliente lo contrató porque sus escoltas, que llevaban ocho años con él, estaban robándolo. Al confrontarlos, empezaron a exigirle dinero, al parecer por liquidación. De pronto la gente se siente desprotegida otra vez, dice, porque los escoltas saben dónde vive, quiénes son sus hijos, padres, además de las rutinas diarias.
Frente a esto, asegura García, el sector empresarial se ha endurecido, “generando células de protección”, dedicadas a la investigación y ajusticiamientos.
Armar esas células no es complicado: en todo el país, explica, los empresarios acreditan como policías a las personas de su mayor confianza, para así poder armarlas. A cambio deben pagar la mensualidad por usar los servicios de un oficial del gobierno para tareas de seguridad privada. Otra posibilidad es registrar las armas como deportivas: y si la policía detiene a los guardaespaldas, éstos dicen que iban camino al campo de tiro o de cacería. Aparte, las policías complementarias (la Bancaria e Industrial y la Auxiliar) pueden legalmente intervenir en tareas de seguridad privada, mediante una cuota mensual.
Al reducir la velocidad para cruzar un arroyo, que ya de agua no sabe nada, a 20 kilómetros de Parral, seis hombres vestidos de negro, encapuchados, los rodearon, los sacaron para los derribarlos y les pusieron un pie al cuello, mientras los sometían con sus armas. Al ayudante le ordenaron correr por el cauce —llevaba 50 metros cuando al escuchar disparos pensó que eran para apresurarlo; luego supo que habían matado a César, quien iba armado y forcejeaba. Liberaron el ganado y a bordo de la camioneta cruzaron Parral hasta Balleza, llevando consigo a Jorge.
Un amigo de la familia cuenta que los Muñoz Reyes, padres de los jóvenes, tuvieron que hipotecar los ranchos y pedir prestado para pagar unos 5 millones de pesos a los secuestradores, quienes 10 días más tarde liberaron a Jorge en El Vergel.
Cinco días después de aquel asalto, desesperados por robos, extorsiones y secuestros, ganaderos parralenses empezaron a reunirse con comerciantes, madereros y otros empresarios. Hablaron de perseguir a los delincuentes, de protegerse con medios propios. “Sí —dice Arturo Chávez, presidente de la Asociación de Ganaderos de Parral—, es verdad que se mencionó esa posibilidad”, pero “el gobernador tuvo a bien hablar con nosotros”. Fidencio Loya, también ganadero, comenta que en tales reuniones aún hay quienes insisten en la autoprotección.
Como en Chihuahua, por todo el país ganaderos, comerciantes y empresarios, así como comunidades de extranjeros, prevén la posibilidad de hacerse “justicia”. Lo mismo en Tijuana que en el Distrito Federal han decidido tomar las riendas de su seguridad. El riesgo, advierten algunas fuentes, es que se viole la ley, lo mismo haciendo investigaciones privadas que ordenando asesinatos.
Un caso ilustrativo de esto es el de Gildardo, restaurantero del Distrito Federal eliminado por órdenes de su socio, a causa de una deuda. Un testigo que prefiere el anonimato, narra que tras insistirle en que le pagara, el socio contrató a un grupo de sicarios, quienes secuestraron y mataron a Gildardo, cuyo cadáver sin cabeza fue hallado el 30 de octubre de 2008, en la colonia Doctores. Luis Genaro Vázquez, subprocurador de Averiguaciones Previas Desconcentradas de la Procuraduría del DF, declaró que fue un ajuste de cuentas del crimen organizado.
“Necesitaríamos unos misiles”
La atmósfera de impunidad, explica Chávez, ha provocado que todos se armen, lo mismo delincuentes que familias. “El día último del año haga de cuenta que estábamos como están ahorita los israelitas… Una balacera por todos lados”. Y no obstante, de poco sirven las armas cuando, como en el caso de los hermanos Muñoz Reyes, los emboscan entre varios. “Necesitaríamos traer, cuando se nos atravesaran ésos, unos misiles, ¡que se pueden conseguir!; traerlos en las camionetas pa’ volarlos”, dice un poco en broma, un poco en serio.
Ganaderos parralenses se quejan porque los caminos rurales están poco vigilados. Fidencio Loya lamenta que se dé preferencia a las zonas urbanas y en los operativos “agarren a los conejos y no a los lobos”. Chávez explica, por su parte, que “esos viejos nos tienen localizados a cada quien, ya saben por dónde entramos, por dónde salimos; haga de cuenta que es como el que tira y a ver cuál es el que cae”.
El grupo de empresarios que hoy se reúne cada quincena con las autoridades del gobierno de Chihuahua pidió que los policías se identifiquen y no vayan encapuchados ni de negro, y aumente la seguridad en la zona rural. Algunas medidas están siendo tomadas, reconoce el líder ganadero, pero los secuestros siguen, “falta que los metan a la cárcel”.
Otro gremio, el de los vendedores de autopartes, insiste en tomar la justicia en sus manos. Mientras que hay quienes optan por “abandonar el terruño […] aunque yo no soy de +éesos porque, oiga; si aquí vivo, vamos a tener que darles pelea de una manera o de otra”.
Tras las reuniones entre empresarios, añade el líder ganadero, el gobernador chihuahuense José Reyes Baeza Terrazas ha empezado a actuar; por lo pronto prohibieron allá los autos polarizados, “una de las peticiones, porque los delincuentes y policías andan encapuchados también y se visten igual que los secuestradores, y traen las mismas camionetas”.
Ciudad Juárez: un e-mail para matar
El 15 de enero anterior, en Ciudad Juárez, el denominado Comando Ciudadano pro Juárez apareció, enviando a los medios informativos y a empresarios un comunicado donde advertía que cada 24 horas mataría a un delincuente. Dijo estar financiado por empresarios de Chihuahua y ofreció que “si tienen identificados a criminales pronto podrán mandar a una dirección electrónica datos de la gente mala que merece estar muerta. Llegó la hora de terminar con este desorden en Juárez. Patria y justicia, por una nación para todos. Únete Pueblo”.
Ramón Galindo, senador por Chihuahua, duda de la existencia de ese comando, pero acepta la legitimidad del reclamo, “es una forma de exigir a la autoridad que haga su trabajo”. La situación en su estado y “sobre todo para quienes vivimos en Juárez”, es grave, dice, obligando a escuelas, comercios e industrias a tener personal de seguridad privada, debido a que están matando a familias.
Hay sacerdotes católicos que recomiendan a las familias protegerse, aun contratando grupos armados, reconoce el diputado local de Ciudad Juárez, Víctor Quintana, y que los correos masivos que dan a conocer grupos como el Comando Ciudadano pro Juárez son una expresión del descontento y desesperación.
Tijuana: “Prefieren matar a los secuestradores de sus hijos”
Familiares de secuestrados en Tijuana hacen sus propias investigaciones y contratan para matar. Una empresaria dedicada a asistir familias de secuestrados luego de haber resuelto el plagio de su hijo (para participar legalmente en la indagatoria se acredita como coadyuvante), reconoce que allá, una vez que los encuentran, algunos padres deciden mandar matar a los secuestradores de sus hijos. “¿Y qué les puedes decir, si al investigar te das cuenta de la corrupción y de lo involucradas que están las autoridades?”.
DF: las misiones de “Pepín” y “El Gorila”
La historia de quienes prefieren ser identificados como Pepín, de 36 años, y El Gorila, de 16, de Iztapalapa, es ilustrativa de la acción privada de la justicia en el DF. Dicen que pertenecieron a la banda La Familia, la cual los contrataba en ajusticiamientos, venganzas, golpizas y asesinatos, y hoy “trabajan” por su cuenta. Son contactados mediante un intermediario, quien los localizan vía telefónica; “es como un agente de ventas, y nosotros llegamos, ejecutamos y cobramos”. Acordado el “trabajo”, reciben una fotografía y la dirección de la víctima, para enseguida identificar sus rutinas. Su compromiso, precisan, es cumplir en 48 horas. Su principales clientes “son gente del gobierno”, de los reclusorios y particulares. La colonia Nápoles, Centro Histórico y los alrededores de la Alameda, son las zonas donde aseguran haber secuestrado a más personas para matarlas. Todas las semanas, agregan, hay trabajo.
Entrenamiento estilo israelí
La autoprotección armada ha abierto una veta de negocios. Guy Ben Nun, especialista israelí en seguridad, hoy dedicado a adiestrar comunidades extranjeras y grupos empresariales en México para prevenir o protegerse de ataques, precisa que al adiestrar a una comunidad se enfoca en inculcar una cultura de seguridad y prevención. Estudia cómo actúa, qué imagen proyecta y qué riesgos reales enfrenta; la cuestiona sobre su cohesión, su propia capacidad de protección y cómo es la comunicación y transmisión de información en su interior.
Respecto de la decisión de invertir en escoltas o vigilancia, considera que ésta será inútil “si la gente no sabe cómo tratarlos, dirigirlos, y sin conocer bien a la empresa que presta el servicio; mucho más si las personas no son discretas sobre lo que tienen”.
Si alguno de sus clientes es atacado o uno de sus familiares cercanos secuestrado, explica, hace un análisis inmediato; auxilia a la familia o comunidad para presentar el caso ante la policía, y supervisa y se mantiene presente durante la negociación. “La ventaja que tienen las comunidades es la presión política y económica que pueden ejercer con el gobierno. El gobierno también tiene intereses de no meterse en problemas diplomáticos con una comunidad extranjera, entonces se va a disponer de más recursos, de más atención para prestar apoyo”.
Las “células de protección”
Un nuevo problema es cuando aquellos a quienes una persona o un colectivo contratan para protegerse o matar se vuelven en contra. Guy Ben Nun, y Julio César García, presidente de la Sociedad Mexicana de Guardaespaldas, conocen casos en el Distrito Federal de empresarios que armaron a guardaespaldas o choferes que después los extorsionaron o amenazaron.
El líder de los guardaespaldas cuenta que un cliente lo contrató porque sus escoltas, que llevaban ocho años con él, estaban robándolo. Al confrontarlos, empezaron a exigirle dinero, al parecer por liquidación. De pronto la gente se siente desprotegida otra vez, dice, porque los escoltas saben dónde vive, quiénes son sus hijos, padres, además de las rutinas diarias.
Frente a esto, asegura García, el sector empresarial se ha endurecido, “generando células de protección”, dedicadas a la investigación y ajusticiamientos.
Armar esas células no es complicado: en todo el país, explica, los empresarios acreditan como policías a las personas de su mayor confianza, para así poder armarlas. A cambio deben pagar la mensualidad por usar los servicios de un oficial del gobierno para tareas de seguridad privada. Otra posibilidad es registrar las armas como deportivas: y si la policía detiene a los guardaespaldas, éstos dicen que iban camino al campo de tiro o de cacería. Aparte, las policías complementarias (la Bancaria e Industrial y la Auxiliar) pueden legalmente intervenir en tareas de seguridad privada, mediante una cuota mensual.
Ana Ávila, El Universal, 26 de enero.
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