Autoridades deben de investigar las protestas contra el Ejército

Carlos Antonio Flores, investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), pone en la mesa una hipótesis sobre las protestas callejeras en contra del Ejército:

“Pueden ser orquestadas por pandillas o bandas juveniles que se sienten vulneradas por los patrullajes militares, que se sienten en riesgo… O por grupos sociales que ven alterado su accionar cotidiano con la presencia de las fuerzas armadas”.

No se inclina, de inicio, por movilizaciones organizadas por los grandes cárteles de la droga, “aunque tampoco se puede descartar, por eso las autoridades deben investigar, se supone que tienen un trabajo de inteligencia”.

–El gobernador de Nuevo León, Natividad González, ha responsabilizado de manera directa al narco –se le comenta.

–Lo interesante sería saber en qué se basa, cuál es el sustento de su afirmación; si no lo da a conocer, son simples descalificaciones. En estos casos, los gobernantes deben actuar con plena transparencia, para evitar suspicacias e incertidumbre.

Flores, doctor en ciencias políticas y sociales por la UNAM y cuya línea de investigación comprende los derechos humanos y el tráfico de drogas, con trabajos específicos sobre el Cártel del Golfo y el trasiego en Tamaulipas, sí teme que se puedan presentar violaciones a garantías individuales.

“En la medida en que las movilizaciones se tornen violentas, existe el riesgo de las represiones masivas… La policía o el Ejército deben aplicar un uso gradual de la fuerza, no actuar con toda la fuerza del Estado, como se haría en el caso de los narcotraficantes. Se trata, por ahora, sólo de tumultos, no es necesario ostentar el autoritarismo o caer en la violación masiva de derechos humanos”.

Alberto Aziz, doctor en ciencias sociales por la Universidad Iberoamericana y especialista en problemas de ciudadanía y pobreza, opina desde otra perspectiva: “Pareciera gente movida por los cárteles, como si se estuviera dando un reclutamiento de ciudadanos”.

Y describe el perfil posible de los inconformes, los llamados tapados: “personas sin empleo, principalmente jóvenes, sin alternativas económicas y dispuestas a todo por un pago. Por sentido común, quienes se involucran en estas acciones son los que tienen carencias y necesidades económicas”.

Leonardo Labastida, sociólogo de la UAM, parte de la afinidad entre capos y ciertos sectores de la población: “A veces un narco es mejor visto que un policía o un político. Hay comunidades del país beneficiadas por obras pagadas por grandes capos, como carreteras, caminos, escuelas, hospitales… Los narcotraficantes construyen lo que no es capaz de realizar el gobierno”.
Daniel Blancas Madrigal, Crónica, 19 de febrero.

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