La Cámara de Diputados integró una comisión especial que revisará el uso de recursos públicos en campañas electorales 2009 en estados y municipios; la presidirá el perredista Antonio Soto.
Ante la necesidad de que desde el Congreso se tenga un espacio de revisión, análisis y denuncia de cualquier anomalía en torno al periodo electoral, y decisiones de gobiernos sobre campañas, la Cámara baja acordó una comisión especial, de febrero a julio, que estará atento a cualquier situación anómala.
Tendrá la obligación de dar cauce a posibles quejas y denunciará, de ser el caso, a funcionarios de cualquier nivel de gobierno en caso de que se cometan irregularidades que dañen o contaminen el proceso electoral.
“El objetivo es fomentar entre la sociedad y las instituciones públicas la cultura de la denuncia y prevención de delitos electorales, vigilar que los candidatos a cargos de elección popular, los partidos políticos, los funcionarios públicos, así como las dependencias y entidades de la administración pública federal, estatal y municipal no empleen recursos públicos, ya sean financieros, materiales o humanos para apoyar a algún candidato o partido político, así como actos o eventos de índole proselitista”, señala el acuerdo.
La comisión especial podrá solicitar recursos al Comité de Administración, y deberá presentar el 31 de julio un informe especial ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
También la conformarán Alma Alcaraz, José Orihuela, Lariza Montiel, Eduardo de la Torre, Mónica Fernández, Antonio Díaz Athie, José Francisco Melo, Francisco Elizondo, Jaime Cervantes, Manuel Cárdenas (y Armando García.
Ante la necesidad de que desde el Congreso se tenga un espacio de revisión, análisis y denuncia de cualquier anomalía en torno al periodo electoral, y decisiones de gobiernos sobre campañas, la Cámara baja acordó una comisión especial, de febrero a julio, que estará atento a cualquier situación anómala.
Tendrá la obligación de dar cauce a posibles quejas y denunciará, de ser el caso, a funcionarios de cualquier nivel de gobierno en caso de que se cometan irregularidades que dañen o contaminen el proceso electoral.
“El objetivo es fomentar entre la sociedad y las instituciones públicas la cultura de la denuncia y prevención de delitos electorales, vigilar que los candidatos a cargos de elección popular, los partidos políticos, los funcionarios públicos, así como las dependencias y entidades de la administración pública federal, estatal y municipal no empleen recursos públicos, ya sean financieros, materiales o humanos para apoyar a algún candidato o partido político, así como actos o eventos de índole proselitista”, señala el acuerdo.
La comisión especial podrá solicitar recursos al Comité de Administración, y deberá presentar el 31 de julio un informe especial ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
También la conformarán Alma Alcaraz, José Orihuela, Lariza Montiel, Eduardo de la Torre, Mónica Fernández, Antonio Díaz Athie, José Francisco Melo, Francisco Elizondo, Jaime Cervantes, Manuel Cárdenas (y Armando García.
Andrea Merlos y Juan Arvizu, El Universal, 20 de febrero.
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