Lo anterior, después de que por unanimidad aprobaron las reformas a la Ley Orgánica y a su reglamento interno, así como a la Constitución Política del Estado, que requiere la anuencia de la mayoría de los 33 ayuntamientos.
De tal manera, los primeros en ligar los beneficios a los cambios hechos a la reglamentación interna del Poder Legislativo morelense son los diputados priistas Enoé Salgado Jaimes y Jaime Sánchez Vélez.
El Congreso local todavía esta semana y la entrante podría conceder al menos nueve licencias más a sus integrantes, que van a buscar candidaturas a presidencias municipales y diputaciones federales.
En las reformas a los artículos 24, 25, 36, en su fracción XXV y 50, los legisladores morelenses se conceden varios derechos; el primero, tener ocho semanas para cobrar su salario de 60 mil pesos mensuales, 50 mil pesos en dietas y pagos de viáticos y personales.
La nueva reglamentación también concede a la Junta Política y de Gobierno (JPyG) tener la facultad de llamar o no a los diputados suplentes, quienes podrían ocupar la curul en caso de que el órgano regulador del Poder Legislativo lo considere necesario.
También la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública dejó de tener las facultades para elaborar el dictamen de aprobación de las cuentas públicas de ayuntamientos y el Poder Ejecutivo, porque ahora queda a decisión de la JPyG.
Y por si fuera poco, el gobernador de Morelos, Marco Antonio Adame Castillo, ya no estará obligado a entregar su informe ni a rendir cuentas ante la representación social, sino que podrá enviarlo por escrito y los diputados que tengan dudas deberán enviarle un cuestionario, previa aprobación de la Junta Política y de Gobierno, para que sea contestado por el Ejecutivo estatal.
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