Amnistía Internacional acusó al gobierno mexicano de entregar a la ONU “una valoración incompleta” de la situación de los derechos humanos en el país, según un informe alternativo presentado por la ONG al Consejo de Derechos Humanos del organismo internacional que examinará hoy la actuación del país en dicha materia.
De acuerdo con Amnistía Internacional, el gobierno de Felipe Calderón no ha reconocido la frecuente falta de aplicación o impacto de sus políticas y el empeoramiento del clima de derechos humanos en muchas partes del país.
“El informe presentado sobre el estado de los derechos humanos en el país no refleja la realidad sobre el terreno”, expresó Kerrie Howard, directora adjunta del Programa para América de Amnistía Internacional.
“La lista de reformas e iniciativas positivas que enumera el informe del gobierno es una buena noticia. El problema es que no se da información sobre los progresos para impedir que sigan cometiéndose violaciones de derechos humanos y para poner fin a la impunidad”, añadió.
Amnistía Internacional señaló por ejemplo, que hasta el momento, México no ha reconocido explícitamente en su Constitución la categoría de los tratados internacionales de derechos humanos. Además, afirmó, las autoridades aún no han hecho rendir cuentas a nadie por el centenar de homicidios y las 700 desapariciones forzadas que tuvieron lugar entre las décadas de 1960 y 1980.
Otro de los ejemplos de la ONG que informa a la ONU es que los agentes de la policía federal, estatal y municipal de México “implicados en violaciones graves de derechos humanos —como tortura, violación y homicidio ilegítimo—, especialmente las cometidas durante los disturbios civiles en San Salvador Atenco y la ciudad de Oaxaca en 2006, no han comparecido ante la justicia”.
Amnistía tampoco se olvida de los indígenas y subraya que “sus comunidades sufren cualquier tipo de marginación y son a menudo víctimas de acoso por oponerse a proyectos de desarrollo que afectan sus medios de vida”, entre otros casos.
Amnistía Internacional también manifestó a la ONU su preocupación por la ausencia de un diálogo sostenido y sustancial con la sociedad civil sobre el fortalecimiento del impacto de las políticas en materia de derechos humanos.
No obstante, reconoce que el informe de México destaca la invitación abierta a los mecanismos internacionales de derechos humanos y, dado el papel fundamental del país en el diseño del Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la organización confía en que el gobierno aprovechará esta oportunidad para redoblar sus esfuerzos de abordar los problemas de derechos humanos en México.
El proceso de Examen Periódico Universal establece que los gobiernos pueden enviar un informe sobre el cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos para que lo examine el Consejo de Derechos Humanos.
A continuación, cada gobierno participa en un diálogo con otros Estados para presentar su informe y responder a las preguntas de los demás. Las organizaciones de la sociedad civil pueden presentar sus propias contribuciones al proceso del Examen Periódico Universal, para aportar información.
En el transcurso del diálogo, los Estados miembros pueden recomendar medidas para mejorar el cumplimiento de las obligaciones en materia de derechos humanos por parte del país en cuestión.
De acuerdo con Amnistía Internacional, el gobierno de Felipe Calderón no ha reconocido la frecuente falta de aplicación o impacto de sus políticas y el empeoramiento del clima de derechos humanos en muchas partes del país.
“El informe presentado sobre el estado de los derechos humanos en el país no refleja la realidad sobre el terreno”, expresó Kerrie Howard, directora adjunta del Programa para América de Amnistía Internacional.
“La lista de reformas e iniciativas positivas que enumera el informe del gobierno es una buena noticia. El problema es que no se da información sobre los progresos para impedir que sigan cometiéndose violaciones de derechos humanos y para poner fin a la impunidad”, añadió.
Amnistía Internacional señaló por ejemplo, que hasta el momento, México no ha reconocido explícitamente en su Constitución la categoría de los tratados internacionales de derechos humanos. Además, afirmó, las autoridades aún no han hecho rendir cuentas a nadie por el centenar de homicidios y las 700 desapariciones forzadas que tuvieron lugar entre las décadas de 1960 y 1980.
Otro de los ejemplos de la ONG que informa a la ONU es que los agentes de la policía federal, estatal y municipal de México “implicados en violaciones graves de derechos humanos —como tortura, violación y homicidio ilegítimo—, especialmente las cometidas durante los disturbios civiles en San Salvador Atenco y la ciudad de Oaxaca en 2006, no han comparecido ante la justicia”.
Amnistía tampoco se olvida de los indígenas y subraya que “sus comunidades sufren cualquier tipo de marginación y son a menudo víctimas de acoso por oponerse a proyectos de desarrollo que afectan sus medios de vida”, entre otros casos.
Amnistía Internacional también manifestó a la ONU su preocupación por la ausencia de un diálogo sostenido y sustancial con la sociedad civil sobre el fortalecimiento del impacto de las políticas en materia de derechos humanos.
No obstante, reconoce que el informe de México destaca la invitación abierta a los mecanismos internacionales de derechos humanos y, dado el papel fundamental del país en el diseño del Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la organización confía en que el gobierno aprovechará esta oportunidad para redoblar sus esfuerzos de abordar los problemas de derechos humanos en México.
El proceso de Examen Periódico Universal establece que los gobiernos pueden enviar un informe sobre el cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos para que lo examine el Consejo de Derechos Humanos.
A continuación, cada gobierno participa en un diálogo con otros Estados para presentar su informe y responder a las preguntas de los demás. Las organizaciones de la sociedad civil pueden presentar sus propias contribuciones al proceso del Examen Periódico Universal, para aportar información.
En el transcurso del diálogo, los Estados miembros pueden recomendar medidas para mejorar el cumplimiento de las obligaciones en materia de derechos humanos por parte del país en cuestión.
José Antonio López, Milenio, 10 de febrero.
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