El replanteamiento de la estrategia contra el crimen organizado en el norte del país que aplicará en breve el gobierno federal debe incluir como columna vertebral el respeto a los derechos humanos, o de lo contrario continuarán los abusos policiacos y militares en que incurren comúnmente quienes participan en los operativos de seguridad, recomendó Édgar Cortez, secretario ejecutivo de la red Todos los Derechos para Todos.
En entrevista con La Jornada, el activista pro derechos humanos agregó que los informes gubernamentales que dan cuenta de que 62 por ciento de los policías del país están controlados por el narcotráfico son el fiel reflejo de que, desde hace una década, las autoridades federales han dejado en el olvido a las estructuras policiacas y no han aplicado reformas integrales que pudieran subsanar las necesidades de todos los cuerpos policiacos.
El representante de la Red de Organismos de Defensa de los Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos expresó que “cualquier estrategia de combate al narcotráfico o de búsqueda de seguridad pública tiene que tener como eje central el respeto a los derechos humanos.
“La experiencia de otros países que han logrado ser exitosos en el combate al narco nos dice que en parte ha sido porque se han comprometido sus autoridades a respetar los derechos humanos, a que el perfil de sus policías tenga una actitud y un principio claro de respeto a las garantías constitucionales”, puntualizó.
En su edición de ayer, este diario publicó, citando fuentes gubernamentales, que informes de inteligencia civiles y militares han estimado que alrededor de 62 por ciento de los agentes policiacos del país, ya sea que participen en corporaciones estatales, ministeriales, municipales o federales, han sido controlados por el narcotráfico, y las sumas que reciben mensualmente van de 5 mil a 70 mil pesos, cantidad que depende del rango, el desempeño, el sector o la zona en que cada uno labora.
En ese contexto, el priísta Francisco Rivera Bedoya, presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, refirió el pasado sábado que el procurador de la República, Eduardo Medina Mora, informó durante una reunión con legisladores priístas que el gobierno federal modificará su estrategia de combate contra el crimen organizado en el norte del país, donde se ha acentuado la violencia y ha crecido en los 10 años anteriores el consumo de droga, enfocándose en especial en Ciudad Juárez, Chihuahua.
La reacción de Édgar Cortez a lo dicho por Medina Mora y a los datos gubernamentales que dejan ver una fuerte cooptación de las policías mexicanas por el narcotráfico fue exhortar al gobierno federal a restructurar los cuerpos policiacos y continuar el combate al crimen organizado, pero convirtiendo el respeto a los derechos humanos en la piedra angular de esa estrategia.
“Desde que en septiembre pasado se presentó el Acuerdo Nacional por la Legalidad, la Seguridad y la Justicia, uno de los temas casi completamente ausentes era derechos humanos; hay dos menciones totalmente marginales y sólo una que está relacionada con la acción de las iglesias y otra sobre el tema de la educación, pero en la parte sustantiva, en lo que tiene que ver con la actuación de los policías, fue ignorado por completo”, destacó.
De ahí la urgencia de que en este replanteamiento de la estrategia de seguridad en el norte anunciada por el gobierno federal se incluya el tema del respecto a las garantías individuales y derechos humanos de los mexicanos.
En entrevista con La Jornada, el activista pro derechos humanos agregó que los informes gubernamentales que dan cuenta de que 62 por ciento de los policías del país están controlados por el narcotráfico son el fiel reflejo de que, desde hace una década, las autoridades federales han dejado en el olvido a las estructuras policiacas y no han aplicado reformas integrales que pudieran subsanar las necesidades de todos los cuerpos policiacos.
El representante de la Red de Organismos de Defensa de los Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos expresó que “cualquier estrategia de combate al narcotráfico o de búsqueda de seguridad pública tiene que tener como eje central el respeto a los derechos humanos.
“La experiencia de otros países que han logrado ser exitosos en el combate al narco nos dice que en parte ha sido porque se han comprometido sus autoridades a respetar los derechos humanos, a que el perfil de sus policías tenga una actitud y un principio claro de respeto a las garantías constitucionales”, puntualizó.
En su edición de ayer, este diario publicó, citando fuentes gubernamentales, que informes de inteligencia civiles y militares han estimado que alrededor de 62 por ciento de los agentes policiacos del país, ya sea que participen en corporaciones estatales, ministeriales, municipales o federales, han sido controlados por el narcotráfico, y las sumas que reciben mensualmente van de 5 mil a 70 mil pesos, cantidad que depende del rango, el desempeño, el sector o la zona en que cada uno labora.
En ese contexto, el priísta Francisco Rivera Bedoya, presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, refirió el pasado sábado que el procurador de la República, Eduardo Medina Mora, informó durante una reunión con legisladores priístas que el gobierno federal modificará su estrategia de combate contra el crimen organizado en el norte del país, donde se ha acentuado la violencia y ha crecido en los 10 años anteriores el consumo de droga, enfocándose en especial en Ciudad Juárez, Chihuahua.
La reacción de Édgar Cortez a lo dicho por Medina Mora y a los datos gubernamentales que dejan ver una fuerte cooptación de las policías mexicanas por el narcotráfico fue exhortar al gobierno federal a restructurar los cuerpos policiacos y continuar el combate al crimen organizado, pero convirtiendo el respeto a los derechos humanos en la piedra angular de esa estrategia.
“Desde que en septiembre pasado se presentó el Acuerdo Nacional por la Legalidad, la Seguridad y la Justicia, uno de los temas casi completamente ausentes era derechos humanos; hay dos menciones totalmente marginales y sólo una que está relacionada con la acción de las iglesias y otra sobre el tema de la educación, pero en la parte sustantiva, en lo que tiene que ver con la actuación de los policías, fue ignorado por completo”, destacó.
De ahí la urgencia de que en este replanteamiento de la estrategia de seguridad en el norte anunciada por el gobierno federal se incluya el tema del respecto a las garantías individuales y derechos humanos de los mexicanos.
Alfredo Méndez, La Jornada, 2 de febrero.
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