La Cámara de Diputados aprobó una comisión especial encargada de vigilar la correcta aplicación de los recursos públicos federales, estatales y municipales para evitar y, en su caso, denunciar cualquier desvío de fondos hacia el proceso electoral de 2009.
Dicha instancia será presidida por el legislador perredista Antonio Soto, quien de inmediato se comprometió a supervisar de manera especial los municipios más vulnerables al crimen organizado.
Como secretarios de la comisión especial fueron nombrados la panista Alma Edwviges Alcaraz y el priista José Ascensión Orihuela.
Según el acuerdo aprobado ayer, la comisión especial estará conformada por 12 integrantes: tres del PAN, dos del PRD y dos, del PRI, más uno por cada fracción minoritaria (Convergencia, PVEM, PT, Nueva Alianza y Alternativa Socialdemócrata).
Entre las facultades del grupo destaca la de “vigilar que los candidatos a cargos de elección popular, los partidos políticos, los funcionarios públicos, así como las dependencias y entidades de la administración pública federal, no empleen recursos públicos para apoyar algún candidato o partido político”.
Para ello podrá recibir, analizar y canalizar las denuncias ciudadanas correspondientes, además de visitar cualquier entidad federativa o municipio donde se presuma el desvío de recursos hacia actos de carácter proselitista.
En caso de flagrancia, la comisión presentará las denuncias por uso indebido de recursos ante las instancias correspondientes.
Los diputados deberán coordinarse con la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales y contarán con la atribución de solicitar informes a otras instancias públicas.
Antonio Soto confirmó un encuentro con funcionarios de la Fepade, e informó que la comisión concluirá el próximo 31 de julio.
Dicha instancia será presidida por el legislador perredista Antonio Soto, quien de inmediato se comprometió a supervisar de manera especial los municipios más vulnerables al crimen organizado.
Como secretarios de la comisión especial fueron nombrados la panista Alma Edwviges Alcaraz y el priista José Ascensión Orihuela.
Según el acuerdo aprobado ayer, la comisión especial estará conformada por 12 integrantes: tres del PAN, dos del PRD y dos, del PRI, más uno por cada fracción minoritaria (Convergencia, PVEM, PT, Nueva Alianza y Alternativa Socialdemócrata).
Entre las facultades del grupo destaca la de “vigilar que los candidatos a cargos de elección popular, los partidos políticos, los funcionarios públicos, así como las dependencias y entidades de la administración pública federal, no empleen recursos públicos para apoyar algún candidato o partido político”.
Para ello podrá recibir, analizar y canalizar las denuncias ciudadanas correspondientes, además de visitar cualquier entidad federativa o municipio donde se presuma el desvío de recursos hacia actos de carácter proselitista.
En caso de flagrancia, la comisión presentará las denuncias por uso indebido de recursos ante las instancias correspondientes.
Los diputados deberán coordinarse con la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales y contarán con la atribución de solicitar informes a otras instancias públicas.
Antonio Soto confirmó un encuentro con funcionarios de la Fepade, e informó que la comisión concluirá el próximo 31 de julio.
Fernando Damián y Daniel Venegas, Milenio, 20 de febrero.
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