Insatisfacción, a seis meses de acuerdo contra inseguridad

“Quien no haya cumplido sus compromisos, no sólo debe renunciar, deber ser encarcelado o, como mínimo, inhabilitado por el resto de su vida”: Eduardo Gallo.

“El movimiento ciudadano generado durante los últimos meses en contra de la inseguridad, corre el riesgo de terminar sirviendo al gobierno, por la intermediación de algunas asociaciones que, por evitar la confrontación, se van a quedar en el comentario”: Isabel Miranda de Wallace.

“Los servidores públicos involucrados en el tema de seguridad no renunciaron, pero sí han demostrado que tienen muy poca madre”: José Antonio Ortega Sánchez.

Tres voces que reflexionan sobre el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, firmado por gobernantes y otros actores el 21 de agosto de 2008 en Palacio Nacional, hace hoy seis meses.

El documento, de acuerdo al registro realizado por este diario, comprende 89 compromisos, de los cuales 43 fueron planteados para cumplirse en un lapso no mayor a medio año. Es decir, el 21 de febrero tendría que haberse cumplido el 50%.

Aquí las opiniones… Isabel Miranda de Wallace, cuyo hijo —Hugo Alberto— fue secuestrado el 11 de julio de 2005. Ante la ineficacia de las autoridades, ha encabezado la investigación del caso, de la cual se ha derivado la detención de involucrados. Es fundadora del Movimiento Blanco.

Lo positivo: “En seis meses, la sensibilidad de la población es mayor, estamos más alertas, más participativos… También hubo cambios a nivel legislativo. Las cifras oficiales indican, por ejemplo, que el secuestro ha disminuido un 30%, habrá que corroborarlo”.

Lo negativo: “Han faltado acciones por parte del gobierno, muchos de los acuerdos no se han cumplido, aunque su plazo se venció… Me preocupa que el Observatorio Ciudadano no cumpla con su tarea, que algunas organizaciones sociales se apoderen de él y que sea a modo para el gobierno”.

Eduardo Gallo, padre de Paola Gallo, secuestrada en Tepoztlán y asesinada el 16 de julio del 2000. También se hizo cargo de la investigación, con resultados positivos. Se ha vuelto experto en el tema de plagios, y ha colaborado con México Unido Contra la Delincuencia.

Lo positivo: “La sociedad está más organizada… Y se nota una mayor colaboración entre gobernantes de diferentes partidos, tienen más conciencia de que si no se unen, el crimen organizado ganará la batalla. O trabajamos juntos, sociedad y gobierno, o nos llevará el gorro”.

Lo negativo: “Hay un rezago de los puntos del Acuerdo, no de hace seis meses, sino de todo el sexenio, porque la mayoría estaban contemplados en el Plan Nacional de Desarrollo de Calderón y en los planes sectoriales que estaban obligados a cumplir las entidades de la administración pública. Los plazos se marcaron desde una visión político-electoral. Los incumplidos deben ser encarcelados por farsantes y fraudulentos, y además devolver todo el dinero que se han llevado”.

José Antonio Ortega Sánchez, quien ha dedicado los últimos 20 años de su vida a recopilar datos sobre el secuestro, lo mismo desde su actividad de abogado, que como líder de organizaciones sociales. Hoy es presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal. Ayer, presentó una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por violación al derecho a la seguridad de los mexicanos. Espera una Recomendación.

Lo positivo: “Nada, cada día crece más la ola de secuestros, ejecuciones y extorsiones; el crimen ya usa la fuerza pública y hasta cobra impuestos: derecho de piso a empresarios y comerciantes”.

Lo negativo: “El Acuerdo ha desembocado en un bla, bla, bla, que no termina, puras promesas que nos han dejado como quinceañeras. Falta acción del gobierno, pareciera que no sabe qué hacer, estamos en camino de un Estado fallido”.

Daniel BLancas Madrigal, Crónica, 22 de febrero.