Organizaciones civiles y de derechos humanos aseguraron que el gobierno de México carece de una política social definida y esa ausencia ha propiciado que se violen las garantías individuales y persistan discriminación, impunidad, tortura, detenciones ilegales y ejecuciones extrajudiciales.
Lamentaron la mayor militarización de tareas de seguridad y demandaron compromisos reales en la materia, con plazos definidos, mecanismos de evaluación periódicos de alto impacto y freno a la impunidad.
En conferencia de prensa, representantes de cinco organizaciones no gubernamentales fijaron posiciones acerca del informe que presentó México sobre la situación de derechos humanos ante el Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, Suiza.
Miguel Concha Malo, director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, consideró que siguen las violaciones graves a los derechos humanos y no exista voluntad ni del gobierno federal ni de los estatales para erradicar esas prácticas.
Madeleine Penman, del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, alertó que en la gestión del presidente Felipe Calderón han aumentado las violaciones a los derechos humanos cometidos por los militares, al registrarse en 2006, 182, un año después 375 y en 2008, 631 casos.
Lucía Lagunes, directora de Comunicación e Información de la Mujer, AC (CIMAC), comentó que se incluyó un referente a la salud sexual y reproductiva de las mujeres, en el que se detallaron cambios a la Norma Oficial Mexicana 046, ya que no garantiza a víctimas de violación el acceso al aborto o a la anticoncepción de emergencia.
Diego Lorente, de Sin Fronteras, informó que han aumentado las vejaciones a los migrantes y en las estaciones migratorias se sigue deportando a menores solos.
Agnieszka Raczynska, de la Red Todos los Derechos para Todos, dijo que se vive un retroceso de 20 años en derechos humanos, pues persisten impunidad, tortura, violencia contra mujeres y violaciones graves a los derechos humanos; además de que el gobierno no tiene una política en materia social.
Lamentaron la mayor militarización de tareas de seguridad y demandaron compromisos reales en la materia, con plazos definidos, mecanismos de evaluación periódicos de alto impacto y freno a la impunidad.
En conferencia de prensa, representantes de cinco organizaciones no gubernamentales fijaron posiciones acerca del informe que presentó México sobre la situación de derechos humanos ante el Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, Suiza.
Miguel Concha Malo, director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, consideró que siguen las violaciones graves a los derechos humanos y no exista voluntad ni del gobierno federal ni de los estatales para erradicar esas prácticas.
Madeleine Penman, del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, alertó que en la gestión del presidente Felipe Calderón han aumentado las violaciones a los derechos humanos cometidos por los militares, al registrarse en 2006, 182, un año después 375 y en 2008, 631 casos.
Lucía Lagunes, directora de Comunicación e Información de la Mujer, AC (CIMAC), comentó que se incluyó un referente a la salud sexual y reproductiva de las mujeres, en el que se detallaron cambios a la Norma Oficial Mexicana 046, ya que no garantiza a víctimas de violación el acceso al aborto o a la anticoncepción de emergencia.
Diego Lorente, de Sin Fronteras, informó que han aumentado las vejaciones a los migrantes y en las estaciones migratorias se sigue deportando a menores solos.
Agnieszka Raczynska, de la Red Todos los Derechos para Todos, dijo que se vive un retroceso de 20 años en derechos humanos, pues persisten impunidad, tortura, violencia contra mujeres y violaciones graves a los derechos humanos; además de que el gobierno no tiene una política en materia social.
Noemí Gutiérrez, El Universal, 11 de febrero.
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