PRI: los concesionarios abren la puerta a la descomposición social

Beatriz Pagés, vocera del grupo parlamentario del PRI, advirtió que las acciones de las televisoras minan la democracia, por lo que llamó al IFE a actuar con firmeza y evitar la repetición de omisiones.

La diputada reprobó “las provocaciones” de Televisa y Tv Azteca, pues según dijo, al atacar las instituciones, lo único que hacen es invitar a la anarquía, a las manifestaciones callejeras que tanto les molestan a ellos mismos, y abre la posibilidad a la descomposición social.

Javier González Garza, coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, exigió iniciar un procedimiento por el acto de “provocación” que significó interrumpir la transmisión de programas.

Instó a las autoridades electorales a rechazar esas presiones y remarcó que en la aplicación de la ley “no hay que tenerle miedo a nada ni a nadie”.

Sostuvo que la decisión de Televisa y Tv Azteca constituye una forma de protesta “absolutamente ilegal”.

“Ya sabemos que no les gustó la ley electoral. Eso está claro. Pero de eso a las provocaciones que están haciendo, francamente me parece un absurdo”, puntualizó.

Mientras, al concluir los trabajos de la reunión plenaria de la bancada perredista en el Senado, que tuvo lugar en Guanajuato, Arturo Núñez y Pablo Gómez aseguraron que los tiempos que las concesionarias están obligadas a ceder a partidos políticos y al IFE son los mismos que antes de la reforma electoral, sólo que antes “simulaban”.

Núñez explicó que previo a la reforma electoral, aprobada en 2007, los concesionarios simulaban la transmisión de los spots de los partidos y en algunos casos los enviaban a horarios inadecuados.

Consideró que la interrupción de programas fue una decisión unilateral de los concesionarios, pues aunque tienen la obligación de otorgar tres minutos de mensajes por hora, eso no significa que lo hagan todo junto.

Dijo que el órgano electoral puede hacer una amonestación privada o pública a los concesionarios, de acuerdo con las sanciones establecidas en la ley.

Liliana Padilla y Fernando Damián, Milenio, 4 de febrero.


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