La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la Secretaría del Trabajo (STPS) y el Instituto Nacional de Migración (INM) rechazaron la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre el caso de 65 migrantes mexicanos contratados para trabajar en las Bahamas.
"Las autoridades federales destinatarias de la Recomendación 1/2009 emitida por la CNDH relacionada con el caso de 65 migrantes mexicanos contratados para trabajar en la isla Bimini del Commonwealth de las Bahamas y cuyos derechos presuntamente fueron vulnerados, rechazan terminantemente las conclusiones y sugerencias contenidas en dicha recomendación y consecuentemente han resuelto no aceptarla", indicaron en un comunicado.
El 26 de enero pasado, la CNDH emitió una recomendación en la que aseguró que fueron vulnerados los derechos humanos de 65 trabajadores mexicanos contratados para trabajar en las Bahamas.
Expuso que los mexicanos fueron contactados por la empresa Rav Bahamas y/o Capo Group para trabajar en la industria de la construcción con un sueldo de 800 dólares semanales, más bonos de productividad.
Fueron trasladados a Bahamas el 13 de mayo de 2007 y se les hizo firmar un contrato en inglés.
Sin embargo, el contrato no se les cumplió a los mexicanos, que trabajaron hasta 10 horas diarias y con apenas un pago de 80 dólares.
La CNDH concluyó que el delito de trata de personas fue cometido con la anuencia u omisiones de servidores públicos de la SRE, la STPS, el INM y la Presidencia Municipal de Pedro Escobedo, Querétaro.
Detalló que la SRE verificó que había 65 mexicanos laborando en la empresa y no encontró irregularidades. La STPS, por su parte, no encontró elementos fuera de la norma en los contratos y tampoco hizo nada al conocer que los enganchadores y el dueño de la empresa carecían de registro y autorización.
Además, las autoridades del INM "extraviaron" la documentación migratoria de los agraviados.
En respuesta a la recomendación, las dependencias informaron que la STPS realiza permanentes inspecciones en materia de agencias de colocación y que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje atiende regularmente los asuntos relacionados con las contrataciones en el exterior.
En lo que concierne al INM, señalaron que éste coadyuva con las autoridades competentes en la supervisión del traslado y de las contrataciones colectivas de mexicanos en el exterior.
La SRE, agregaron, atiende y tutela los derechos de los migrantes mexicanos cuando así se le solicita o cuando tiene conocimiento de posibles violaciones a sus derechos.
"Una vez conocidos los hechos, las autoridades federales realizaron, en el ámbito de sus atribuciones, todo lo que técnica y jurídicamente les correspondía realizar", sostuvieron.
Los mexicanos que por voluntad propia decidieron prestar sus servicios en la Isla Bimini, remarcaron las dependencias federales, salieron del país y pudieron regresar a él cuando así lo solicitaron a la Embajada de México en Jamaica.
"Las autoridades federales destinatarias de la Recomendación 1/2009 emitida por la CNDH relacionada con el caso de 65 migrantes mexicanos contratados para trabajar en la isla Bimini del Commonwealth de las Bahamas y cuyos derechos presuntamente fueron vulnerados, rechazan terminantemente las conclusiones y sugerencias contenidas en dicha recomendación y consecuentemente han resuelto no aceptarla", indicaron en un comunicado.
El 26 de enero pasado, la CNDH emitió una recomendación en la que aseguró que fueron vulnerados los derechos humanos de 65 trabajadores mexicanos contratados para trabajar en las Bahamas.
Expuso que los mexicanos fueron contactados por la empresa Rav Bahamas y/o Capo Group para trabajar en la industria de la construcción con un sueldo de 800 dólares semanales, más bonos de productividad.
Fueron trasladados a Bahamas el 13 de mayo de 2007 y se les hizo firmar un contrato en inglés.
Sin embargo, el contrato no se les cumplió a los mexicanos, que trabajaron hasta 10 horas diarias y con apenas un pago de 80 dólares.
La CNDH concluyó que el delito de trata de personas fue cometido con la anuencia u omisiones de servidores públicos de la SRE, la STPS, el INM y la Presidencia Municipal de Pedro Escobedo, Querétaro.
Detalló que la SRE verificó que había 65 mexicanos laborando en la empresa y no encontró irregularidades. La STPS, por su parte, no encontró elementos fuera de la norma en los contratos y tampoco hizo nada al conocer que los enganchadores y el dueño de la empresa carecían de registro y autorización.
Además, las autoridades del INM "extraviaron" la documentación migratoria de los agraviados.
En respuesta a la recomendación, las dependencias informaron que la STPS realiza permanentes inspecciones en materia de agencias de colocación y que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje atiende regularmente los asuntos relacionados con las contrataciones en el exterior.
En lo que concierne al INM, señalaron que éste coadyuva con las autoridades competentes en la supervisión del traslado y de las contrataciones colectivas de mexicanos en el exterior.
La SRE, agregaron, atiende y tutela los derechos de los migrantes mexicanos cuando así se le solicita o cuando tiene conocimiento de posibles violaciones a sus derechos.
"Una vez conocidos los hechos, las autoridades federales realizaron, en el ámbito de sus atribuciones, todo lo que técnica y jurídicamente les correspondía realizar", sostuvieron.
Los mexicanos que por voluntad propia decidieron prestar sus servicios en la Isla Bimini, remarcaron las dependencias federales, salieron del país y pudieron regresar a él cuando así lo solicitaron a la Embajada de México en Jamaica.
Reforma, 12 de febrero.
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