La Arquidiócesis de México calificó de “mercenarios a sueldo del crimen organizado” a quienes protestan en algunas entidades contra la presencia del Ejército y señaló que en esas manifestaciones no hay un verdadero interés por la tranquilidad de la sociedad, sino “una burda y descarada estrategia para encubrir las actividades ilícitas de sus familiares o amigos”.
En el semanario Desde la Fe se menciona que ver grupos de mujeres, niños y jóvenes protestando en algunos lugares contra las fuerzas armadas “no sólo es para sentirnos decepcionados como país, sino avergonzados.
“No sólo debemos destacar la cobardía de quienes ocultan sus rostros para protestar por la presencia del Ejército en esos lugares, también debemos deplorar la descomposición social a la que hemos llegado, de tal forma que —por unos cuantos pesos— niños, jóvenes y mujeres están dispuestos a enarbolar cualquier bandera, incluidos los turbios intereses de algunos políticos y partidos que saben manejar muy bien estas inconsistencias sociales, promoviendo marchas, plantones y bloqueos sin motivaciones claras.
En el editorial de la publicación se añade que “es muy distinto pedir y exigir respeto y observancia a los derechos humanos en todas las acciones que emprenden las fuerzas del orden a pedir que se retiren y dejen el campo libre a la delincuencia. Es muy distinto exigir mayor eficacia y mejor estrategia en la lucha contra los criminales que pretender cruzarnos de brazos”.
Puntualizó que la ciudadanía tiene una enorme responsabilidad en la rehabilitación de la sociedad y le pide que se comprometa más en la denuncia de delincuentes.
También pide cuestionar a los partidos que se empeñan en buscar soluciones “equivocadas”, promoviendo la legalización de las drogas, incluidos personajes y organismos internacionales que “tristemente avalan esas propuestas derrotistas”.
Rezos por el Ejército
En la Catedral Metropolitana se pidió ayer orar por el Ejército para que “recuerde su origen popular y reafirme su vocación de paz y de auxilio a la sociedad”. En la misa presidida por el cardenal Norberto Rivera se cuestionó a quienes han abusado o maltratado a niños y se realizaron honores a la bandera.
Pagarán destrozos de militares
Elementos del Ejército mexicano causaron diversos destrozos en propiedades de Yucatán al realizar cateos en busca de narcotraficantes, por lo que fueron denunciados ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos; sin embargo, el gobierno estatal ofreció pagar los daños causados por los elementos castrenses.
El mando de la décima Región Militar, con sede en Mérida, reconoció que hubo excesos durante los operativos realizados en domicilios particulares, “donde se rebasa muchas veces esa delgada línea; no obstante, las fuerzas armadas seguirán en la calle haciendo cateos en casos necesarios”.
El gobierno de Yucatán confirmó que pagará los daños ocasionados es los sitios donde no se encontró droga, cateos en los que los agentes federales y del Ejército fueron “violentos”, de acuerdo con las evidencias ofrecidas por los afectados.
Por su parte, Jorge Victoria Maldonado, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, informó que solicitó a la Secretaría de Seguridad Pública que el personal que realiza dichos operativos se apeguen al marco de legalidad, seguridad jurídica y respete la integridad y la dignidad de los ciudadanos.
En Yucatán fueron hallados 12 decapitados en agosto de 2008. (Yucatán/Daniel Barquet)
En el semanario Desde la Fe se menciona que ver grupos de mujeres, niños y jóvenes protestando en algunos lugares contra las fuerzas armadas “no sólo es para sentirnos decepcionados como país, sino avergonzados.
“No sólo debemos destacar la cobardía de quienes ocultan sus rostros para protestar por la presencia del Ejército en esos lugares, también debemos deplorar la descomposición social a la que hemos llegado, de tal forma que —por unos cuantos pesos— niños, jóvenes y mujeres están dispuestos a enarbolar cualquier bandera, incluidos los turbios intereses de algunos políticos y partidos que saben manejar muy bien estas inconsistencias sociales, promoviendo marchas, plantones y bloqueos sin motivaciones claras.
En el editorial de la publicación se añade que “es muy distinto pedir y exigir respeto y observancia a los derechos humanos en todas las acciones que emprenden las fuerzas del orden a pedir que se retiren y dejen el campo libre a la delincuencia. Es muy distinto exigir mayor eficacia y mejor estrategia en la lucha contra los criminales que pretender cruzarnos de brazos”.
Puntualizó que la ciudadanía tiene una enorme responsabilidad en la rehabilitación de la sociedad y le pide que se comprometa más en la denuncia de delincuentes.
También pide cuestionar a los partidos que se empeñan en buscar soluciones “equivocadas”, promoviendo la legalización de las drogas, incluidos personajes y organismos internacionales que “tristemente avalan esas propuestas derrotistas”.
Rezos por el Ejército
En la Catedral Metropolitana se pidió ayer orar por el Ejército para que “recuerde su origen popular y reafirme su vocación de paz y de auxilio a la sociedad”. En la misa presidida por el cardenal Norberto Rivera se cuestionó a quienes han abusado o maltratado a niños y se realizaron honores a la bandera.
Pagarán destrozos de militares
Elementos del Ejército mexicano causaron diversos destrozos en propiedades de Yucatán al realizar cateos en busca de narcotraficantes, por lo que fueron denunciados ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos; sin embargo, el gobierno estatal ofreció pagar los daños causados por los elementos castrenses.
El mando de la décima Región Militar, con sede en Mérida, reconoció que hubo excesos durante los operativos realizados en domicilios particulares, “donde se rebasa muchas veces esa delgada línea; no obstante, las fuerzas armadas seguirán en la calle haciendo cateos en casos necesarios”.
El gobierno de Yucatán confirmó que pagará los daños ocasionados es los sitios donde no se encontró droga, cateos en los que los agentes federales y del Ejército fueron “violentos”, de acuerdo con las evidencias ofrecidas por los afectados.
Por su parte, Jorge Victoria Maldonado, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, informó que solicitó a la Secretaría de Seguridad Pública que el personal que realiza dichos operativos se apeguen al marco de legalidad, seguridad jurídica y respete la integridad y la dignidad de los ciudadanos.
En Yucatán fueron hallados 12 decapitados en agosto de 2008. (Yucatán/Daniel Barquet)
Eugenia Jiménez, Milenio, 23 de febrero.
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