BUENOS AIRES.— Un nuevo escándalo afecta al gobierno colombiano y con él una nueva desmentida del presidente, Álvaro Uribe. “Jamás he dado órdenes para que se vigile la vida privada de las personas. Estoy muy dolido porque yo soy víctima de esta infamia”, expresó el mandatario, quien ya ordenó una purga en la Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), donde se descubrió un esquema de escuchas telefónicas ilegales, que ya le costó la cabeza al director de Contrainteligencia, capitán Jorge Lagos.
Luego de que le semanario Semana publicara las pruebas sobre el esquema de escuchas clandestinas telefónicas a funcionarios, legisladores, jueces, periodistas y ex funcionarios, cuyos informes y datos eran vendidos a la guerrilla y a los paramilitares.
Mientras el fiscal general, Mario Iguarán, investiga las instalaciones del DAS en el barrio bogotano de Paloquemao, el presidente envió un comunicado a la cadena radial RCN, en el que afirmó que quienes lo conocen “saben que yo juego limpio con mis opositores y que no caigo en esas cosas”.
No es la primera vez que el DAS aparece en el ojo del huracán desde que Uribe llegó al gobierno, en 2002. En octubre pasado la cúpula de los servicios secretos debió renunciar ante las denuncias de irregularidades y en el 2005 otra denuncia de escuchas ya había generado los primeros sinsabores para el presidente desde esa dependencia, considerada uno de los lugares más difíciles del gobierno.
Según el semanario desde una oficina del DAS se interceptaron los teléfonos del ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Javier Ricaurte, quien se había enfrentado en varias oportunidades con Uribe; los periodistas Julio Sánchez Cristo, de la W Radio; Darío Arizmendi, de Caracol Radio, y Daniel Coronell, del informativo de televisión Noticias Uno.
Asimismo se escuchaban las conversaciones del senador y ex guerrillero Gustavo Petro, del partido opositor de izquierda Polo Democrático Alternativo, y del abogado y columnista de prensa Ramiro Bejarano, quien fuera director del DAS durante el gobierno de Ernesto Samper (1994-1998) y en la actualidad es uno de los más severos críticos de Uribe.
El ex presidente César Gaviria (1990-1994), cuestionó ayer al gobierno por sus dilaciones en investigar “este tipo de delitos” y lo llamo a “tomar medidas porque un delito de esta magnitud no se arregla con renuncias ni con soluciones cosméticas”.
En un comunicado, la Corte Suprema de Justicia le reclamó a la fiscalía “resultados urgentes en la investigación”.
Luego de que le semanario Semana publicara las pruebas sobre el esquema de escuchas clandestinas telefónicas a funcionarios, legisladores, jueces, periodistas y ex funcionarios, cuyos informes y datos eran vendidos a la guerrilla y a los paramilitares.
Mientras el fiscal general, Mario Iguarán, investiga las instalaciones del DAS en el barrio bogotano de Paloquemao, el presidente envió un comunicado a la cadena radial RCN, en el que afirmó que quienes lo conocen “saben que yo juego limpio con mis opositores y que no caigo en esas cosas”.
No es la primera vez que el DAS aparece en el ojo del huracán desde que Uribe llegó al gobierno, en 2002. En octubre pasado la cúpula de los servicios secretos debió renunciar ante las denuncias de irregularidades y en el 2005 otra denuncia de escuchas ya había generado los primeros sinsabores para el presidente desde esa dependencia, considerada uno de los lugares más difíciles del gobierno.
Según el semanario desde una oficina del DAS se interceptaron los teléfonos del ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Javier Ricaurte, quien se había enfrentado en varias oportunidades con Uribe; los periodistas Julio Sánchez Cristo, de la W Radio; Darío Arizmendi, de Caracol Radio, y Daniel Coronell, del informativo de televisión Noticias Uno.
Asimismo se escuchaban las conversaciones del senador y ex guerrillero Gustavo Petro, del partido opositor de izquierda Polo Democrático Alternativo, y del abogado y columnista de prensa Ramiro Bejarano, quien fuera director del DAS durante el gobierno de Ernesto Samper (1994-1998) y en la actualidad es uno de los más severos críticos de Uribe.
El ex presidente César Gaviria (1990-1994), cuestionó ayer al gobierno por sus dilaciones en investigar “este tipo de delitos” y lo llamo a “tomar medidas porque un delito de esta magnitud no se arregla con renuncias ni con soluciones cosméticas”.
En un comunicado, la Corte Suprema de Justicia le reclamó a la fiscalía “resultados urgentes en la investigación”.
José Vales corresponsal, El Universal, 24 de febrero.
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