Con más de 45 mil militares en seguridad pública, los defensores acusaron al Estado mexicano mostrando que con base en quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, las denuncias contra el Ejército pasaron de 182 en 2006 a 1 mil 230 en 2008.
"Venimos para demostrar el daño colateral de implicar a las fuerzas armadas en lucha contra el narco", dijo Juan Carlos Gutiérrez, miembro de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.
La coalición de derechos humanos solicitó a la CIDH instar al Gobierno mexicano a lograr reformas legales para que los militares acusados por violaciones a los derechos humanos sean juzgados en el ámbito civil.
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