Los derechos de los indígenas en México no son realidad, a pesar de las modificaciones legales y el reconocimiento que se hace en la Constitución hacia esas comunidades indígenas, afirmó el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes Fernández.
Tras firmar un convenio de colaboración con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali) para fortalecer la protección y difusión de los Derechos Lingüísticos de los pueblos y comunidades indígenas, el dirigente lamentó que los derechos de más de 11 millones de indígenas, el equivalente al 10 por ciento de la población total, no sean una práctica cotidiana.
El primer instrumento para el respeto de los derechos de los indígenas es el conocimiento y la práctica de sus lenguas, para que en todos los actos jurídicos puedan ser reconocidos y respetados sus derechos, dijo.
Y recordó el caso de hace 12 años en Acteal, cuando más de 50 indígenas tzotziles fueron juzgados por un tribunal, juicio que fue anulado cuando las autoridades se dieron cuenta que los acusados no hablaban español y habían sido juzgados sin que se enteraran que tenían los derechos mínimos a la defensa.
Estaban en una absoluta indefensión, subrayó. “Mientras la Constitución allí esté no dejará de ser una bonita declaración que no está aterrizada en los hechos. La mayoría de los estados de la República no tienen su ley correspondiente sobre el reconocimiento a las comunidades indígenas, sabiendo que en todas las entidades federativas hay indígenas”, comentó.
Por ello, uno de los objetivos del convenio es ofrecer mejores herramientas para el cumplimiento de la población hablante de lenguas indígenas. “Debemos recordar que los derechos lingüísticos son fundamentales y no son negociables”, puntualizó por su parte Fernando Nava, director general del Inali.
Mediante la firma de este convenio, ambas instituciones elaborarán materiales que promuevan y difundan los derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas, debidamente traducidos a diversas lenguas.
También se impartirán talleres y conferencias relativas a los derechos fundamentales de esos pueblos y comunidades.
; se proporcionarán traductores para la realización de actividades que promuevan, protejan y difundan los derechos humanos de dicho sector y se impulsará el cumplimiento de las garantías básicas en esas comunidades y en especial los derechos lingüísticos.
Tras firmar un convenio de colaboración con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali) para fortalecer la protección y difusión de los Derechos Lingüísticos de los pueblos y comunidades indígenas, el dirigente lamentó que los derechos de más de 11 millones de indígenas, el equivalente al 10 por ciento de la población total, no sean una práctica cotidiana.
El primer instrumento para el respeto de los derechos de los indígenas es el conocimiento y la práctica de sus lenguas, para que en todos los actos jurídicos puedan ser reconocidos y respetados sus derechos, dijo.
Y recordó el caso de hace 12 años en Acteal, cuando más de 50 indígenas tzotziles fueron juzgados por un tribunal, juicio que fue anulado cuando las autoridades se dieron cuenta que los acusados no hablaban español y habían sido juzgados sin que se enteraran que tenían los derechos mínimos a la defensa.
Estaban en una absoluta indefensión, subrayó. “Mientras la Constitución allí esté no dejará de ser una bonita declaración que no está aterrizada en los hechos. La mayoría de los estados de la República no tienen su ley correspondiente sobre el reconocimiento a las comunidades indígenas, sabiendo que en todas las entidades federativas hay indígenas”, comentó.
Por ello, uno de los objetivos del convenio es ofrecer mejores herramientas para el cumplimiento de la población hablante de lenguas indígenas. “Debemos recordar que los derechos lingüísticos son fundamentales y no son negociables”, puntualizó por su parte Fernando Nava, director general del Inali.
Mediante la firma de este convenio, ambas instituciones elaborarán materiales que promuevan y difundan los derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas, debidamente traducidos a diversas lenguas.
También se impartirán talleres y conferencias relativas a los derechos fundamentales de esos pueblos y comunidades.
; se proporcionarán traductores para la realización de actividades que promuevan, protejan y difundan los derechos humanos de dicho sector y se impulsará el cumplimiento de las garantías básicas en esas comunidades y en especial los derechos lingüísticos.
Olivier Pavón, Crónica, 24 de marzo.
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