CARACAS.- El Congreso de Venezuela aprobó ayer una reforma legal que transfiere al Presidente Hugo Chávez competencias exclusivas de los estados, lo que la Oposición consideró una maniobra para anular la descentralización en el país.
Pese a que en las elecciones de noviembre el oficialismo se quedó con un 80 por ciento de los cargos, sus adversarios conquistaron entidades con amplia población e ingresos, además de la Alcaldía Metropolitana, que incluye a la capital, Caracas.
La Reforma Parcial de la Ley de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público, aprobada por la Asamblea Nacional, dominada por el oficialismo, prevé la posibilidad de transferir vías de comunicación al Ejecutivo central previa autorización del Congreso nacional o regional, lo que restaría recursos a las autoridades regionales por concepto de impuestos.
La reforma establece en su artículo 9 que el Presidente "podrá decretar la intervención de bienes y prestaciones de servicios de carreteras, puertos y aeropuertos en el supuesto de deficiencia en la prestación de servicios por parte de los estados", según un comunicado de la Asamblea Nacional.
Entre otros cambios, la nueva legislación podría quitar a los Gobiernos locales competencias para mantener iniciativas de control del tráfico vehicular.
La ley de descentralización entró en vigor en Venezuela hace 20 años y, con ella, los Mandatarios estatales comenzaron a ser elegidos por periodos de cuatro años, en lugar de ser designados por la Administración federal.
Según el Gobernador de Miranda, el opositor Henrique Capriles, la medida ataca la descentralización.
"Esto simplemente es seguir avanzando en términos de que todo el control del poder en Venezuela esté en manos del poder central", dijo Capriles.
El funcionario aseguró que el Gobierno intenta impedir que sus adversarios destaquen y puedan representar una opción atractiva en las elecciones presidenciales de 2012, a las que Chávez ya se postuló como candidato tras eliminar el límite a su reelección en un referendo en febrero.
"El Gobierno pensará que somos los que vamos a competir con Chávez dentro de cuatro años. Entonces, tratará de que ninguna de nuestras gestiones tenga brillo", comentó.
En cambio, el diputado del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) Mario Isea argumentó que la medida busca proteger a los ciudadanos.
"Vamos a defender el derecho de acceso a los bienes públicos esenciales de todos los venezolanos", dijo durante el debate en la Asamblea.
El oficialismo tiene previsto, además, impulsar una ley para la capital que permite el nombramiento de una autoridad que esté por encima del Alcalde opositor Antonio Ledezma.
El año pasado, Chávez también aprobó por decreto una legislación que le permite nombrar autoridades regionales encargadas de aplicar la planificación centralizada.
Hasta ahora, el Gobierno ha quitado a algunas regiones competencias en áreas como salud y deportes, acusando a la Oposición de usar el poder local como trinchera para atacarlo.
Pese a que en las elecciones de noviembre el oficialismo se quedó con un 80 por ciento de los cargos, sus adversarios conquistaron entidades con amplia población e ingresos, además de la Alcaldía Metropolitana, que incluye a la capital, Caracas.
La Reforma Parcial de la Ley de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público, aprobada por la Asamblea Nacional, dominada por el oficialismo, prevé la posibilidad de transferir vías de comunicación al Ejecutivo central previa autorización del Congreso nacional o regional, lo que restaría recursos a las autoridades regionales por concepto de impuestos.
La reforma establece en su artículo 9 que el Presidente "podrá decretar la intervención de bienes y prestaciones de servicios de carreteras, puertos y aeropuertos en el supuesto de deficiencia en la prestación de servicios por parte de los estados", según un comunicado de la Asamblea Nacional.
Entre otros cambios, la nueva legislación podría quitar a los Gobiernos locales competencias para mantener iniciativas de control del tráfico vehicular.
La ley de descentralización entró en vigor en Venezuela hace 20 años y, con ella, los Mandatarios estatales comenzaron a ser elegidos por periodos de cuatro años, en lugar de ser designados por la Administración federal.
Según el Gobernador de Miranda, el opositor Henrique Capriles, la medida ataca la descentralización.
"Esto simplemente es seguir avanzando en términos de que todo el control del poder en Venezuela esté en manos del poder central", dijo Capriles.
El funcionario aseguró que el Gobierno intenta impedir que sus adversarios destaquen y puedan representar una opción atractiva en las elecciones presidenciales de 2012, a las que Chávez ya se postuló como candidato tras eliminar el límite a su reelección en un referendo en febrero.
"El Gobierno pensará que somos los que vamos a competir con Chávez dentro de cuatro años. Entonces, tratará de que ninguna de nuestras gestiones tenga brillo", comentó.
En cambio, el diputado del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) Mario Isea argumentó que la medida busca proteger a los ciudadanos.
"Vamos a defender el derecho de acceso a los bienes públicos esenciales de todos los venezolanos", dijo durante el debate en la Asamblea.
El oficialismo tiene previsto, además, impulsar una ley para la capital que permite el nombramiento de una autoridad que esté por encima del Alcalde opositor Antonio Ledezma.
El año pasado, Chávez también aprobó por decreto una legislación que le permite nombrar autoridades regionales encargadas de aplicar la planificación centralizada.
Hasta ahora, el Gobierno ha quitado a algunas regiones competencias en áreas como salud y deportes, acusando a la Oposición de usar el poder local como trinchera para atacarlo.
Reuters y AFP, Reforma, 13 de marzo.
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