En tanto no se frene el consumo de drogas en Estados Unidos de América, el gobierno de México no podrá resolver el problema del tráfico de estupefacientes y de ahí que su objetivo se limite a “desviar las rutas hacia otros países’’, afirmó Carlos Rico Ferrat.
Durante una reunión de trabajo con las comisiones de Relaciones Exteriores, de Seguridad Pública y de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados, el subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores se manifestó en contra de la eventual despenalización de las drogas en el país.
Desde su perspectiva, la legalización de las drogas no es el camino para frenar el tráfico o la operación de los cárteles de la mafia, ya que la medida no garantiza que la droga no siga llegando a los consumidores.
Convocado para hablar del Plan Mérida, el Embajador detalló que la iniciativa contempla 37 programas específicos de cooperación y que para cada uno de ellos se ha establecido un grupo binacional de seguimiento.Rico Ferrat comentó que el referido plan es un proyecto con apenas tres años de vigencia y que establecer una oficina en el país para dar un seguimiento más puntual al tema representaría varios problemas legales.
Desmintió que en el país operen más de 200 agentes de la DEA; el gobierno mexicano, precisó, sólo autorizó la participación de 62 integrantes de ese organismo antidrogas.
Durante una reunión de trabajo con las comisiones de Relaciones Exteriores, de Seguridad Pública y de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados, el subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores se manifestó en contra de la eventual despenalización de las drogas en el país.
Desde su perspectiva, la legalización de las drogas no es el camino para frenar el tráfico o la operación de los cárteles de la mafia, ya que la medida no garantiza que la droga no siga llegando a los consumidores.
Convocado para hablar del Plan Mérida, el Embajador detalló que la iniciativa contempla 37 programas específicos de cooperación y que para cada uno de ellos se ha establecido un grupo binacional de seguimiento.Rico Ferrat comentó que el referido plan es un proyecto con apenas tres años de vigencia y que establecer una oficina en el país para dar un seguimiento más puntual al tema representaría varios problemas legales.
Desmintió que en el país operen más de 200 agentes de la DEA; el gobierno mexicano, precisó, sólo autorizó la participación de 62 integrantes de ese organismo antidrogas.
Rolando Ramos, El Economista, 5 de marzo.
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