La Secretaría de Gobernación (SG) puso a disposición de todos los partidos políticos “protocolos de seguridad” para examinar a los candidatos a puestos de elección popular y, de ese modo, coadyuvar para atajar el paso –en los próximos comicios– a personas vinculadas a actividades ilícitas.
En principio, la SG entregó al Partido Socialdemócrata (PSD) una “metodología” para la aplicación de evaluaciones integrales para sus precandidatos (con elementos propios de los exámenes de confianza que se aplican a policías y agentes de seguridad nacional), y busca extender este mecanismo al resto de las fuerzas políticas.
“Hemos estado hablando y hay gran interés de todos los partidos por aplicar mecanismos que permitan transparentar procesos de selección y, sobre todo, limitar la posibilidad de que ocupen cargos de elección popular personas sin la solidez ética, sin la honestidad e integridad que requieren dichos cargos”, comentó Blanca Heredia, comisionada de Desarrollo Político de la dependencia.
Pese a que en diciembre pasado los representantes partidistas firmaron en el Instituto Federal Electoral (IFE) un convenio en materia de seguridad (“blindaje electoral”), ayer esta dependencia formalizó el primer convenio con una fuerza política nacional.
Heredia declaró al respecto: “todos los partidos nos lo han solicitado”. El “apoyo” incluye elementos metodológicos para aplicar a los precandidatos estudios socioeconómicos, sicológicos y otras pruebas especializadas, como el polígrafo.
Gobernación aclaró que el uso de esa metodología y de la información que de ella emane, entregada en calidad de apoyo, es responsabilidad exclusiva del partido político. Aseveró que para la aplicación de estos protocolos de seguridad (a ejecutarse en los próximos 40 días) no habrá participación de empleados gubernamentales, aunque en una cláusula del convenio se menciona que las “partes” designarán personal para las actividades derivadas del convenio”. De igual forma, advirtió que la aplicación de los exámenes no significa el aval gubernamental a determinado candidato.
Desde el año pasado, el PSD propuso ante el consejo general del IFE la participación directa de órganos gubernamentales, como el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), para que los ayudaran a examinar los antecedentes de sus precandidatos; sin embargo, la propuesta no prosperó y, en cambio, fue aprobada otra estructura de blindaje (básicamente con fiscalización de la Secretaría de Hacienda), lo cual fue criticado por el dirigente nacional del partido, Jorge Carlos Díaz Cuervo, quien advirtió que ante el narcotráfico “no son suficientes las buenas intenciones”.
En representación de la SG, Heredia justificó el convenio bajo la premisa de que “nuestra joven democracia requiere políticos íntegros, honestos y responsables; una clase política cada vez más confiable a los ojos de los electores”.
El viernes pasado, el consejo general del IFE aprobó un informe de la Secretaría Ejecutiva para que Gobernación sea el único enlace entre el árbitro electoral y el gobierno federal en su conjunto.
En principio, la SG entregó al Partido Socialdemócrata (PSD) una “metodología” para la aplicación de evaluaciones integrales para sus precandidatos (con elementos propios de los exámenes de confianza que se aplican a policías y agentes de seguridad nacional), y busca extender este mecanismo al resto de las fuerzas políticas.
“Hemos estado hablando y hay gran interés de todos los partidos por aplicar mecanismos que permitan transparentar procesos de selección y, sobre todo, limitar la posibilidad de que ocupen cargos de elección popular personas sin la solidez ética, sin la honestidad e integridad que requieren dichos cargos”, comentó Blanca Heredia, comisionada de Desarrollo Político de la dependencia.
Pese a que en diciembre pasado los representantes partidistas firmaron en el Instituto Federal Electoral (IFE) un convenio en materia de seguridad (“blindaje electoral”), ayer esta dependencia formalizó el primer convenio con una fuerza política nacional.
Heredia declaró al respecto: “todos los partidos nos lo han solicitado”. El “apoyo” incluye elementos metodológicos para aplicar a los precandidatos estudios socioeconómicos, sicológicos y otras pruebas especializadas, como el polígrafo.
Gobernación aclaró que el uso de esa metodología y de la información que de ella emane, entregada en calidad de apoyo, es responsabilidad exclusiva del partido político. Aseveró que para la aplicación de estos protocolos de seguridad (a ejecutarse en los próximos 40 días) no habrá participación de empleados gubernamentales, aunque en una cláusula del convenio se menciona que las “partes” designarán personal para las actividades derivadas del convenio”. De igual forma, advirtió que la aplicación de los exámenes no significa el aval gubernamental a determinado candidato.
Desde el año pasado, el PSD propuso ante el consejo general del IFE la participación directa de órganos gubernamentales, como el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), para que los ayudaran a examinar los antecedentes de sus precandidatos; sin embargo, la propuesta no prosperó y, en cambio, fue aprobada otra estructura de blindaje (básicamente con fiscalización de la Secretaría de Hacienda), lo cual fue criticado por el dirigente nacional del partido, Jorge Carlos Díaz Cuervo, quien advirtió que ante el narcotráfico “no son suficientes las buenas intenciones”.
En representación de la SG, Heredia justificó el convenio bajo la premisa de que “nuestra joven democracia requiere políticos íntegros, honestos y responsables; una clase política cada vez más confiable a los ojos de los electores”.
El viernes pasado, el consejo general del IFE aprobó un informe de la Secretaría Ejecutiva para que Gobernación sea el único enlace entre el árbitro electoral y el gobierno federal en su conjunto.
Fabiola Martínez, La Jornada, 5 marzo.
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