La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) “deploró el retroceso que para la libertad de prensa y la libertad de expresión en México” representan nuevas propuestas surgidas en la Cámara de Diputados federal, específicamente en la Comisión de Justicia, que preside el legislador César Camacho.
La organización asegura que “de acuerdo con un predictamen de esta Comisión, presentado a representantes de la SIP en días pasados, se desconoce el trabajo desarrollado por años por la Comisión Especial para dar Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación de la Cámara de Diputados, que encabeza el diputado Gerardo Priego, la que en noviembre pasado presentó una iniciativa de ley que permite llevar al ámbito federal las investigaciones judiciales en casos de ataques contra periodistas y a medios de comunicación. Esta propuesta concitó el apoyo de los coordinadores de cada fracción de la Cámara, que por ello la firmaron”.
En un comunicado fechado en la ciudad de Miami, la organización dice que “en diversas ocasiones, el diputado César Camacho ha hecho declaraciones que la SIP considera confusas sobre este tema, lo mismo anunciando la federalización de estos crímenes, alegando que ello no es posible si antes no se reforma la Constitución mexicana, lo que discrepa no sólo de la iniciativa presentada por la Comisión del diputado Priego sino de propuestas elaboradas desde el ámbito académico mexicano y de otras elevadas por editores del país.
“La Comisión Contra la Impunidad de la SIP, después de un análisis del predictamen y de entrevistas con el diputado Camacho y sus asesores jurídicos, estima que esta nueva iniciativa tendrá un efecto marginal y se orienta en un sentido del todo inútil para encarar el creciente número de informadores y medios de comunicación afectados por la violencia”, dijo el presidente de esta Comisión de la SIP, el licenciado Juan Francisco Ealy Ortiz, Presidente del Consejo de Administración de EL UNIVERSAL.
Ealy Ortiz apuntó que “se trata de una propuesta del todo insuficiente”, que incluso ignora los casos que la Procuraduría General de la República tiene bajo su jurisdicción, pero que han resultado empantanados dentro de la Fiscalía Especial creada al efecto, pues los reclamos de reformar la misma también están siendo soslayados”.
En un escrito presentado a la Comisión de Justicia en una visita la semana pasada, directivos de la SIP argumentaron que conforme a análisis realizados por juristas mexicanos, “se hace una lectura equivocada, ya que la federalización de los delitos cometidos contra la libertad de expresión no pasa por la reforma al artículo 73 de la Constitución ni por la creación de un tipo penal abstracto y genérico, sino por el reconocimiento de los diferentes delitos ya existentes en la Ley Penal”.
Sobre las argumentaciones de la Comisión de Justicia en el sentido de que la federalización de los crímenes sería sólo alcanzable por una reforma constitucional, el presidente de la SIP, Enrique Santos Calderón, criticó adicionalmente que no se atiendan las fundamentaciones hechas por el anteproyecto de ley de la Comisión Especial para dar Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación de la Cámara de Diputados, presentado el 21 de noviembre pasado con la firma de los coordinadores parlamentarios de la mayoría de las agrupaciones políticas representadas en la Legislatura.
Con ese proyecto —recordó Santos— se alcanzó el consenso, luego de meses de trabajo y de consultas, entre legisladores federales, juristas, periodistas y miembros de organizaciones nacionales e internacionales dedicadas a la defensa de los derechos humanos y la libertad de prensa.
La organización asegura que “de acuerdo con un predictamen de esta Comisión, presentado a representantes de la SIP en días pasados, se desconoce el trabajo desarrollado por años por la Comisión Especial para dar Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación de la Cámara de Diputados, que encabeza el diputado Gerardo Priego, la que en noviembre pasado presentó una iniciativa de ley que permite llevar al ámbito federal las investigaciones judiciales en casos de ataques contra periodistas y a medios de comunicación. Esta propuesta concitó el apoyo de los coordinadores de cada fracción de la Cámara, que por ello la firmaron”.
En un comunicado fechado en la ciudad de Miami, la organización dice que “en diversas ocasiones, el diputado César Camacho ha hecho declaraciones que la SIP considera confusas sobre este tema, lo mismo anunciando la federalización de estos crímenes, alegando que ello no es posible si antes no se reforma la Constitución mexicana, lo que discrepa no sólo de la iniciativa presentada por la Comisión del diputado Priego sino de propuestas elaboradas desde el ámbito académico mexicano y de otras elevadas por editores del país.
“La Comisión Contra la Impunidad de la SIP, después de un análisis del predictamen y de entrevistas con el diputado Camacho y sus asesores jurídicos, estima que esta nueva iniciativa tendrá un efecto marginal y se orienta en un sentido del todo inútil para encarar el creciente número de informadores y medios de comunicación afectados por la violencia”, dijo el presidente de esta Comisión de la SIP, el licenciado Juan Francisco Ealy Ortiz, Presidente del Consejo de Administración de EL UNIVERSAL.
Ealy Ortiz apuntó que “se trata de una propuesta del todo insuficiente”, que incluso ignora los casos que la Procuraduría General de la República tiene bajo su jurisdicción, pero que han resultado empantanados dentro de la Fiscalía Especial creada al efecto, pues los reclamos de reformar la misma también están siendo soslayados”.
En un escrito presentado a la Comisión de Justicia en una visita la semana pasada, directivos de la SIP argumentaron que conforme a análisis realizados por juristas mexicanos, “se hace una lectura equivocada, ya que la federalización de los delitos cometidos contra la libertad de expresión no pasa por la reforma al artículo 73 de la Constitución ni por la creación de un tipo penal abstracto y genérico, sino por el reconocimiento de los diferentes delitos ya existentes en la Ley Penal”.
Sobre las argumentaciones de la Comisión de Justicia en el sentido de que la federalización de los crímenes sería sólo alcanzable por una reforma constitucional, el presidente de la SIP, Enrique Santos Calderón, criticó adicionalmente que no se atiendan las fundamentaciones hechas por el anteproyecto de ley de la Comisión Especial para dar Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación de la Cámara de Diputados, presentado el 21 de noviembre pasado con la firma de los coordinadores parlamentarios de la mayoría de las agrupaciones políticas representadas en la Legislatura.
Con ese proyecto —recordó Santos— se alcanzó el consenso, luego de meses de trabajo y de consultas, entre legisladores federales, juristas, periodistas y miembros de organizaciones nacionales e internacionales dedicadas a la defensa de los derechos humanos y la libertad de prensa.
El Universal, 5 de marzo.
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