En al menos 219 municipios de 22 estados se estima que el narcotráfico podría financiar campañas electorales, y el riesgo es que el crimen organizado avance sobre todo en zonas consideradas de alta y muy alta marginalidad, señalaron fuentes del gabinete de seguridad nacional, donde la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Procuraduría General de la República (PGR) dieron a conocer informes de inteligencia a ese respecto.
De acuerdo con los informes obtenidos, se estima que hay localidades, como Ciudad Juárez, Monterrey, Hermosillo y Tijuana, donde se presume que los narcotraficantes “apoyan” hasta con medio millón de dólares las campañas de algunos candidatos.
Las cifras entre la PGR y la Sedena en cuanto al número de municipios donde los candidatos de distintos partidos pudieran recibir financiamiento ilícito en sus campañas difieren en alrededor de 40; la primera estimó que serían cerca de 180, y la segunda, de manera más detallada, dijo que su levantamiento fue información in situ, por lo que considera 219 los sitios donde el narcotráfico ha intervenido en cuestiones electorales.
A mayor abundamiento, indicaron las fuentes consultadas, se debe recordar que en la disputa de plazas los cárteles han ejecutado a ex presidentes municipales y otros funcionarios por no cumplir con acuerdos o permitir que otras organizaciones distintas a de las que recibieron financiamiento penetraran territorios.
Como antecedentes, señalaron durante la reunión donde se dieron a conocer estos datos, algunas ejecuciones que han ocurrido en Guerrero, Michoacán y Durango.
Según las fuentes consultadas, dentro de esa reunión del gabinete de seguridad nacional, la representación de la PGR estuvo a cargo de Juan Sánchez, titular del Centro Nacional de Planeación, Información y Análisis contra la Delincuencia Organizada.
Los funcionarios consultados refirieron que entre los datos preocupantes que se expusieron está el alto número de municipios de alta marginalidad y muy alta marginalidad, que según la Secretaría de Desarrollo Social abarcaría un total de mil 292 localidades.
De éstos, en mil de ellos sus habitantes viven en pobreza extrema debido a su situación geográfica, ya que se localizan en zonas de difícil acceso y por ello se realiza el cultivo de droga, su trasiego y la instalación de casas de seguridad.
Asimismo, hay zonas donde los narcotraficantes apoyan bajo presión o con consentimiento diversas campañas electorales con el propósito de controlar zonas consideradas de paso obligado para la droga, como son Monterrey, Hermosillo, la capital de Chihuahua, Ciudad Juárez, Colima, Guanajuato y San Luis Potosí.
Según los informes recabados, las entidades donde se encuentran los 219 municipios en que el narcotráfico podría financiar campañas son: Tamaulipas, Veracruz, Sonora, Coahuila, Baja California, Durango, Chihuahua, Nuevo León, Sinaloa, Guanajuato, Tabasco, Jalisco, Zacatecas, estado de México, Hidalgo, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Colima, Quintana Roo, Yucatán y Puebla.
De acuerdo con los informes obtenidos, se estima que hay localidades, como Ciudad Juárez, Monterrey, Hermosillo y Tijuana, donde se presume que los narcotraficantes “apoyan” hasta con medio millón de dólares las campañas de algunos candidatos.
Las cifras entre la PGR y la Sedena en cuanto al número de municipios donde los candidatos de distintos partidos pudieran recibir financiamiento ilícito en sus campañas difieren en alrededor de 40; la primera estimó que serían cerca de 180, y la segunda, de manera más detallada, dijo que su levantamiento fue información in situ, por lo que considera 219 los sitios donde el narcotráfico ha intervenido en cuestiones electorales.
A mayor abundamiento, indicaron las fuentes consultadas, se debe recordar que en la disputa de plazas los cárteles han ejecutado a ex presidentes municipales y otros funcionarios por no cumplir con acuerdos o permitir que otras organizaciones distintas a de las que recibieron financiamiento penetraran territorios.
Como antecedentes, señalaron durante la reunión donde se dieron a conocer estos datos, algunas ejecuciones que han ocurrido en Guerrero, Michoacán y Durango.
Según las fuentes consultadas, dentro de esa reunión del gabinete de seguridad nacional, la representación de la PGR estuvo a cargo de Juan Sánchez, titular del Centro Nacional de Planeación, Información y Análisis contra la Delincuencia Organizada.
Los funcionarios consultados refirieron que entre los datos preocupantes que se expusieron está el alto número de municipios de alta marginalidad y muy alta marginalidad, que según la Secretaría de Desarrollo Social abarcaría un total de mil 292 localidades.
De éstos, en mil de ellos sus habitantes viven en pobreza extrema debido a su situación geográfica, ya que se localizan en zonas de difícil acceso y por ello se realiza el cultivo de droga, su trasiego y la instalación de casas de seguridad.
Asimismo, hay zonas donde los narcotraficantes apoyan bajo presión o con consentimiento diversas campañas electorales con el propósito de controlar zonas consideradas de paso obligado para la droga, como son Monterrey, Hermosillo, la capital de Chihuahua, Ciudad Juárez, Colima, Guanajuato y San Luis Potosí.
Según los informes recabados, las entidades donde se encuentran los 219 municipios en que el narcotráfico podría financiar campañas son: Tamaulipas, Veracruz, Sonora, Coahuila, Baja California, Durango, Chihuahua, Nuevo León, Sinaloa, Guanajuato, Tabasco, Jalisco, Zacatecas, estado de México, Hidalgo, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Colima, Quintana Roo, Yucatán y Puebla.
Jesús Aranda y Gustavo Castillo, La Jornada, 15 de abril.
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