El secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, advirtió ayer que quien aliente la teoría de un repliegue en la lucha contra el crimen organizado en Chihuahua se enfrentará con el compromiso de los tres niveles de gobierno de tener, en pocos meses, la fuerza policial necesaria para someter a los agresores.
“Aquellos agresores que calculen en los plazos del convenio una oportunidad futura, se equivocan; el compromiso de los aquí presentes es que en Chihuahua, en poco tiempo, existan las fuerzas necesarias para someterlos”.
El funcionario destacó lo anterior en la firma de un convenio de coordinación en materia de seguridad entre el gobierno federal y los de esa entidad y de Ciudad Juárez.
Entre los objetivos del acuerdo destaca restablecer las capacidades de operación de las corporaciones estatales y municipales, así como las de procuración de justicia y administración penitenciaria.
En contraste, los municipios se comprometen a conformar, en un plazo no mayor a seis meses, una policía organizada bajo reglas y procesos que incluyan carrera policial, profesionalización, régimen disciplinario y estándares claros en el uso de la fuerza.
Asimismo, se plantean crear un puesto de control con 2 mil cámaras de vigilancia instaladas en lugares estratégicos, además de restringir la operación de giros negros. El primer punto será discutido con la SSP federal.
Salida de militares
Por separado, el presidente municipal de Ciuadad Juárez, José Reyes Ferriz, calculó que a mediados de septiembre saldrán de esa frontera los 5 mil elementos del Ejército mexicano que realizan labores policiacas desde marzo pasado.
“Trabajamos para contar con una policía suficientemente fuerte para mantener la seguridad”, sostuvo el alcalde, quien contará con 2 mil 500 elementos para realizar esta labor y 500 más para el fin de año. En este momento se cuenta sólo con mil 600 policías.
Entrevistado en la Secretaría de Gobernación, luego de la firma del convenio, Reyes Ferriz destacó que en esa ciudad fronteriza se ha reducido 95 por ciento el número de homicidios.
En febrero pasado había en promedio 10 asesinatos por día, pero con la llegada de efectivos del Ejército el índice disminuyó a cuatro por semana.
Ayer, 20 ejecutados
El crimen organizado dejó ayer un saldo de 20 ejecutados, de los cuales 12 se reportaron en Chihuahua, cinco en Guerrero, dos en Michoacán y uno en BV.
Los asesinados de Guerrero ocurrieron en tres balaceras distintas. Entre los muertos se encuentra el notario público Saulo Cabrera, mientras entre los heridos está agente del Ministerio Público Carlos Medina Román. En tanto, en los cuerpos de los ejecutados de Michoacán se hallaron sendos narcomensajes.
PGR atrae caso de perredista asesinada
La Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos de Oaxaca, que encabeza Heriberto Antonio García, pidió al gobierno de Oaxaca que brinde medidas cautelares a los familiares de la líder perredista Beatriz López Leyva, asesinada en San Pedro Jicayán el pasado 6 de abril.
El organismo exigió también a las fuerzas de seguridad estatal y federal, así como al procurador de Justicia local, Evencio Martínez, un informe completo sobre los avances de la investigación.
El ombusdman estatal dijo que un visitador especial analizará y revisará las diligencias realizadas hasta el momento para determinar si hubo algún error o negligencia de las autoridades estatales.
Por separado, la delegación de la PGR en Oaxaca atrajo las investigaciones relacionadas con el homicidio de la perredista Beatriz López Leyva, ocurrido el pasado 6 de abril.
La dependencia informó en un comunicado que la indagatoria se inició ante la sospecha de que se cometieron delitos federales en esos hechos.
López Leyva fue dirigente del PRD en San Pedro Jicayán, Oaxaca, y colaboró como asistente del los senadores Salomón Jara y Gabino Cué dentro del autodenominado gobierno legítimo de Andrés Manuel López Obrador. (Oaxaca y México. Óscar Rodríguez y David Saúl Vela)
“Aquellos agresores que calculen en los plazos del convenio una oportunidad futura, se equivocan; el compromiso de los aquí presentes es que en Chihuahua, en poco tiempo, existan las fuerzas necesarias para someterlos”.
El funcionario destacó lo anterior en la firma de un convenio de coordinación en materia de seguridad entre el gobierno federal y los de esa entidad y de Ciudad Juárez.
Entre los objetivos del acuerdo destaca restablecer las capacidades de operación de las corporaciones estatales y municipales, así como las de procuración de justicia y administración penitenciaria.
En contraste, los municipios se comprometen a conformar, en un plazo no mayor a seis meses, una policía organizada bajo reglas y procesos que incluyan carrera policial, profesionalización, régimen disciplinario y estándares claros en el uso de la fuerza.
Asimismo, se plantean crear un puesto de control con 2 mil cámaras de vigilancia instaladas en lugares estratégicos, además de restringir la operación de giros negros. El primer punto será discutido con la SSP federal.
Salida de militares
Por separado, el presidente municipal de Ciuadad Juárez, José Reyes Ferriz, calculó que a mediados de septiembre saldrán de esa frontera los 5 mil elementos del Ejército mexicano que realizan labores policiacas desde marzo pasado.
“Trabajamos para contar con una policía suficientemente fuerte para mantener la seguridad”, sostuvo el alcalde, quien contará con 2 mil 500 elementos para realizar esta labor y 500 más para el fin de año. En este momento se cuenta sólo con mil 600 policías.
Entrevistado en la Secretaría de Gobernación, luego de la firma del convenio, Reyes Ferriz destacó que en esa ciudad fronteriza se ha reducido 95 por ciento el número de homicidios.
En febrero pasado había en promedio 10 asesinatos por día, pero con la llegada de efectivos del Ejército el índice disminuyó a cuatro por semana.
Ayer, 20 ejecutados
El crimen organizado dejó ayer un saldo de 20 ejecutados, de los cuales 12 se reportaron en Chihuahua, cinco en Guerrero, dos en Michoacán y uno en BV.
Los asesinados de Guerrero ocurrieron en tres balaceras distintas. Entre los muertos se encuentra el notario público Saulo Cabrera, mientras entre los heridos está agente del Ministerio Público Carlos Medina Román. En tanto, en los cuerpos de los ejecutados de Michoacán se hallaron sendos narcomensajes.
PGR atrae caso de perredista asesinada
La Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos de Oaxaca, que encabeza Heriberto Antonio García, pidió al gobierno de Oaxaca que brinde medidas cautelares a los familiares de la líder perredista Beatriz López Leyva, asesinada en San Pedro Jicayán el pasado 6 de abril.
El organismo exigió también a las fuerzas de seguridad estatal y federal, así como al procurador de Justicia local, Evencio Martínez, un informe completo sobre los avances de la investigación.
El ombusdman estatal dijo que un visitador especial analizará y revisará las diligencias realizadas hasta el momento para determinar si hubo algún error o negligencia de las autoridades estatales.
Por separado, la delegación de la PGR en Oaxaca atrajo las investigaciones relacionadas con el homicidio de la perredista Beatriz López Leyva, ocurrido el pasado 6 de abril.
La dependencia informó en un comunicado que la indagatoria se inició ante la sospecha de que se cometieron delitos federales en esos hechos.
López Leyva fue dirigente del PRD en San Pedro Jicayán, Oaxaca, y colaboró como asistente del los senadores Salomón Jara y Gabino Cué dentro del autodenominado gobierno legítimo de Andrés Manuel López Obrador. (Oaxaca y México. Óscar Rodríguez y David Saúl Vela)
Mauricio Pérez, Milenio, 16 de abril.
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