En seis meses comenzará el retorno a los cuarteles de los cinco mil militares que participan en el Operativo Conjunto Chihuahua, y que actualmente realizan actividades de policías preventivos, anunció el presidente municipal de Ciudad Juárez, José Reyes Ferriz, luego de participar en la firma de un convenio con las secretarías de Gobernación, Defensa Nacional, Marina y Seguridad Pública, así como la Procuraduría General de la República.
En un acto realizado en la sede de la Secretaría de Gobernación, los tres órdenes de gobierno se comprometieron a lograr que la tranquilidad retorne a esa ciudad fronteriza, y en la ceremonia se dijo que desde el reforzamiento del operativo conjunto, en marzo pasado, han disminuido 95 por ciento el número de ejecuciones en esa localidad.
Fernando Gómez Mont, titular de Gobernación, señaló que “aquellos agresores que calculen en los plazos del convenio una oportunidad futura, se equivocan. El compromiso es que en Chihuahua, en poco tiempo, existan las fuerzas necesarias para someterlos. Así que quien favorezca la teoría de un repliegue, se tendrá que encontrar frente a la realidad del compromiso que hoy formalmente suscribimos”.
El funcionario federal resaltó que la seguridad es una tarea de los tres órdenes de gobierno, y que “la tarea última será que los violentos en Chihuahua se encuentren al Estado ahora y siempre, y a las fuerzas de la ley para someter a la violencia ilegal y a las fortalezas del derecho para proteger a los más vulnerables, y el sometimiento de la violencia egoísta frente a la fuerza moral y material del Estado”.
En ese contexto, el gobernador de Chihuahua, Jesús Reyes Baeza Terrazas, expresó que “después de haberse fortalecido este operativo conjunto en el estado y particularmente en la frontera”, los “resultados están a la vista de todos: hemos tenido una disminución drástica de diferentes delitos, tanto del fuero federal como del fuero común”.
Antes de firmar el convenio, del que no se dieron a conocer más detalles que la capacitación de policías locales y el retiro de cinco mil militares de actividades de seguridad pública en un plazo de seis meses, Baeza Terrazas mencionó que Chihuahua es un estado de paz que vio trastocada su “tranquilidad por los embates del crimen organizado de diferentes organizaciones criminales”.
Pero resaltó que gracias a las acciones conjuntas, y sobre todo “del Ejército, que ha estado con una determinación y una definición muy concreta para que se cumplan responsabilidades, incluso que van más allá de las que estrictamente en muchos de los casos están consignadas en el propio texto constitucional, ante una situación inédita como la que atravesamos en el país, en algunas partes del país”, se ha logrado restablecer la tranquilidad en Chihuahua, y particularmente en Ciudad Juárez.
Al final de la ceremonia, el presidente municipal de Ciudad Juárez fue el único que aceptó hablar con los medios de comunicación de este acuerdo, y explicó que actualmente la policía de esa comunidad cuenta con mil 500 elementos, y que ya están realizando labores de reclutamiento y capacitación de agentes, a fin de que en un plazo de seis meses se pueda llegar a por lo menos 2 mil 500 agentes municipales.
Reyes Ferriz afirmó que hasta el momento la oficina receptora de quejas contra los militares que realizan tareas de seguridad pública no ha recibido ninguna sobre violación a los derechos humanos.
En un acto realizado en la sede de la Secretaría de Gobernación, los tres órdenes de gobierno se comprometieron a lograr que la tranquilidad retorne a esa ciudad fronteriza, y en la ceremonia se dijo que desde el reforzamiento del operativo conjunto, en marzo pasado, han disminuido 95 por ciento el número de ejecuciones en esa localidad.
Fernando Gómez Mont, titular de Gobernación, señaló que “aquellos agresores que calculen en los plazos del convenio una oportunidad futura, se equivocan. El compromiso es que en Chihuahua, en poco tiempo, existan las fuerzas necesarias para someterlos. Así que quien favorezca la teoría de un repliegue, se tendrá que encontrar frente a la realidad del compromiso que hoy formalmente suscribimos”.
El funcionario federal resaltó que la seguridad es una tarea de los tres órdenes de gobierno, y que “la tarea última será que los violentos en Chihuahua se encuentren al Estado ahora y siempre, y a las fuerzas de la ley para someter a la violencia ilegal y a las fortalezas del derecho para proteger a los más vulnerables, y el sometimiento de la violencia egoísta frente a la fuerza moral y material del Estado”.
En ese contexto, el gobernador de Chihuahua, Jesús Reyes Baeza Terrazas, expresó que “después de haberse fortalecido este operativo conjunto en el estado y particularmente en la frontera”, los “resultados están a la vista de todos: hemos tenido una disminución drástica de diferentes delitos, tanto del fuero federal como del fuero común”.
Antes de firmar el convenio, del que no se dieron a conocer más detalles que la capacitación de policías locales y el retiro de cinco mil militares de actividades de seguridad pública en un plazo de seis meses, Baeza Terrazas mencionó que Chihuahua es un estado de paz que vio trastocada su “tranquilidad por los embates del crimen organizado de diferentes organizaciones criminales”.
Pero resaltó que gracias a las acciones conjuntas, y sobre todo “del Ejército, que ha estado con una determinación y una definición muy concreta para que se cumplan responsabilidades, incluso que van más allá de las que estrictamente en muchos de los casos están consignadas en el propio texto constitucional, ante una situación inédita como la que atravesamos en el país, en algunas partes del país”, se ha logrado restablecer la tranquilidad en Chihuahua, y particularmente en Ciudad Juárez.
Al final de la ceremonia, el presidente municipal de Ciudad Juárez fue el único que aceptó hablar con los medios de comunicación de este acuerdo, y explicó que actualmente la policía de esa comunidad cuenta con mil 500 elementos, y que ya están realizando labores de reclutamiento y capacitación de agentes, a fin de que en un plazo de seis meses se pueda llegar a por lo menos 2 mil 500 agentes municipales.
Reyes Ferriz afirmó que hasta el momento la oficina receptora de quejas contra los militares que realizan tareas de seguridad pública no ha recibido ninguna sobre violación a los derechos humanos.
Gustavo Castillo, La Jornada, 16 de abril.
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