La participación del Ejército en la lucha contra la delincuencia “tiene calendario”, pero “la democracia sin seguridad puede llevar a la ingobernabilidad; la seguridad sin democracia, al autoritarismo”, afirmó Fernando Gómez Mont, titular de la Secretaría de Gobernación, al participar en la inauguración de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal.
Explicó que ese calendario “se debe apurar entre todos los responsables de los órganos de seguridad pública” y advirtió que si no hay capacidad para generar los instrumentos para defender a los más débiles frente a los violentos, “la justificación del Estado entra en un riesgo irreversible”.
Durante el acto realizado en la ciudad de México, Jorge Tello Peón, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, indicó que “ante el problema de la inseguridad el presidente Felipe Calderón optó por encararlo con firmeza y la convicción de que se requería una respuesta integral. Hay que atender lo urgente pero sin soslayar lo futuro”.
Agregó que “no se puede pasar por alto que el primer punto de contacto entre los ciudadanos y el gobierno pasa por los municipios y es ahí donde se pueden realizar las labores de prevención y de fortalecimiento del tejido social, que son fundamentales en la seguridad pública”.
Gómez Mont señaló: “En este momento del desarrollo del sistema político nos planteamos la gobernabilidad democrática sobre dos premisas fundamentales del Estado: su capacidad de poner un orden sustancial que permita el ejercicio de las libertades y los derechos, el cumplimiento de los deberes y la necesidad de hacerlo desde la participación ciudadana, crítica, constante y constructiva.
“Es en este momento del sistema político mexicano donde revisamos herramientas, instrumentos y procedimientos que se habían venido dando al Estado desde las últimas décadas. Y donde se revisan muchos de los esquemas fundamentales, en términos de garantías individuales, derechos fundamentales, autorizaciones y procedimientos para que la autoridad pueda ser mucho más eficiente para combatir la violencia producto de la criminalidad.
“Se asume en el diagnóstico que esta violencia es una amenaza indubitable, insoslayable al régimen de libertades y derechos que los mexicanos reclaman y exigen. Y que sólo le toca al Estado, en términos democráticos, presentar la fuerza necesaria para someter esa violencia”, recuperar la tranquilidad de las calles, la civilidad y “los fundamentos de la vida comunitaria”.
Gómez Mont afirmó que los militares no combaten a la delincuencia organizada de forma permanente. “Las fuerzas armadas han sido llamadas a cumplir un deber que no les es natural, que les es extraordinario, para dar tiempo al sistema de reconstruirse y recuperar las potencias necesarias para ser funcionales.
“La intervención de las fuerzas armadas tiene calendario y es un calendario que debemos apurar entre todos, sobre todo los responsables de los órganos en materia de seguridad pública.”
Explicó que ese calendario “se debe apurar entre todos los responsables de los órganos de seguridad pública” y advirtió que si no hay capacidad para generar los instrumentos para defender a los más débiles frente a los violentos, “la justificación del Estado entra en un riesgo irreversible”.
Durante el acto realizado en la ciudad de México, Jorge Tello Peón, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, indicó que “ante el problema de la inseguridad el presidente Felipe Calderón optó por encararlo con firmeza y la convicción de que se requería una respuesta integral. Hay que atender lo urgente pero sin soslayar lo futuro”.
Agregó que “no se puede pasar por alto que el primer punto de contacto entre los ciudadanos y el gobierno pasa por los municipios y es ahí donde se pueden realizar las labores de prevención y de fortalecimiento del tejido social, que son fundamentales en la seguridad pública”.
Gómez Mont señaló: “En este momento del desarrollo del sistema político nos planteamos la gobernabilidad democrática sobre dos premisas fundamentales del Estado: su capacidad de poner un orden sustancial que permita el ejercicio de las libertades y los derechos, el cumplimiento de los deberes y la necesidad de hacerlo desde la participación ciudadana, crítica, constante y constructiva.
“Es en este momento del sistema político mexicano donde revisamos herramientas, instrumentos y procedimientos que se habían venido dando al Estado desde las últimas décadas. Y donde se revisan muchos de los esquemas fundamentales, en términos de garantías individuales, derechos fundamentales, autorizaciones y procedimientos para que la autoridad pueda ser mucho más eficiente para combatir la violencia producto de la criminalidad.
“Se asume en el diagnóstico que esta violencia es una amenaza indubitable, insoslayable al régimen de libertades y derechos que los mexicanos reclaman y exigen. Y que sólo le toca al Estado, en términos democráticos, presentar la fuerza necesaria para someter esa violencia”, recuperar la tranquilidad de las calles, la civilidad y “los fundamentos de la vida comunitaria”.
Gómez Mont afirmó que los militares no combaten a la delincuencia organizada de forma permanente. “Las fuerzas armadas han sido llamadas a cumplir un deber que no les es natural, que les es extraordinario, para dar tiempo al sistema de reconstruirse y recuperar las potencias necesarias para ser funcionales.
“La intervención de las fuerzas armadas tiene calendario y es un calendario que debemos apurar entre todos, sobre todo los responsables de los órganos en materia de seguridad pública.”
Gustavo Castillo García, La Jornada, 15 de abril.
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