El Estado mexicano desestimó ayer las recomendaciones hechas por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en materia de fuero militar y la reactivación de la fiscalía especial para movimientos del pasado.
En una reunión realizada en la sede de la ONU, en Ginebra, las autoridades mexicanas presentaron la justificación a la negativa de aceptar las ocho recomendaciones que tenía pendientes y que eran consideradas por las organizaciones civiles como las más controversiales e importantes.
La representación mexicana estuvo encabezada por José Antonio Guevara, jefe de Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.
Desde febrero, en que el Estado mexicano presentó el Examen Periódico Universal ante este Consejo, se le plantearon 83 recomendaciones, sobre los derechos de la mujer, los derechos económicos sociales y culturales, así como del sistema de justicia.
Al presentar su respuesta a éstas el Estado mexicano se reservó el aceptar ocho para analizarlas y entregar un informe.
Ayer, en una reunión en Ginebra, las autoridades mexicanas presentaron la justificación de la negativa para aceptar esas recomendaciones y las respuestas, aunque causaron malestar a los integrantes del Consejo —de diversos países— no hicieron comentarios porque el mecanismo prevé sólo que se presente el informe.
La insistencia de retirar el fuero militar es principalmente por las violaciones que cometen en su lucha anticrimen contra la población, y porque éstos no son juzgados ni por la justicia militar ni por la civil y, por tanto quedan impunes de estos actos.
En su participación, Guevara indicó que no se realizarán reformas al fuero militar porque ante las decisiones de ésta se pueden presentar amparos en juzgados civiles.
Ante los generales del Ejército mexicano Jaime Antonio López y José Luis Chávez, quienes asistieron a presenciar las respuestas ante este organismo de la ONU, la autoridad mexicana fue clara: las conductas de los militares en el ejercicio de sus funciones son revisadas por la justicia militar y tienen por objetivo preservar la disciplina.
Por su parte, Human Rigths, que participó en la reunión, informó que la Sedena reconoció que en los últimos años ha dictado sentencia en nueve casos contra 14 soldados que violaron derechos humanos de civiles.
Sin embargo, señala que durante unas entrevistas realizadas este año con autoridades castrenses se les dijo que en 10 años sólo se había sentenciado a un elemento y que la última que se recordaba era de 1998. Por lo que esta organización demanda al gobierno informe cuáles son estos casos juzgados.
De la respuesta presentada por el gobierno sobre el fuero militar, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez señaló que la Constitución limita el fuero de guerra sólo a delitos contra la disciplina militar.
Pero los delitos denunciados contra soldados son abusos sexuales, robos, asesinatos, entre otros que no tienen nada que ver con esa disciplina.
Respecto a las investigaciones sobre los delitos del pasado por el que se le solicitaba reabrir la fiscalía especial, el gobierno dio por finalizada su tarea.
Por la noche, la Secretaría de Relaciones Exteriores dio a conocer que ante la ONU el gobierno se comprometió a desarrollar un programa con la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos en México.
Ante esta actitud del gobierno, organismos de la sociedad civil presentará hoy su postura y las estrategias a seguir contra alguien al que no le interesan los derechos humanos.
En una reunión realizada en la sede de la ONU, en Ginebra, las autoridades mexicanas presentaron la justificación a la negativa de aceptar las ocho recomendaciones que tenía pendientes y que eran consideradas por las organizaciones civiles como las más controversiales e importantes.
La representación mexicana estuvo encabezada por José Antonio Guevara, jefe de Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.
Desde febrero, en que el Estado mexicano presentó el Examen Periódico Universal ante este Consejo, se le plantearon 83 recomendaciones, sobre los derechos de la mujer, los derechos económicos sociales y culturales, así como del sistema de justicia.
Al presentar su respuesta a éstas el Estado mexicano se reservó el aceptar ocho para analizarlas y entregar un informe.
Ayer, en una reunión en Ginebra, las autoridades mexicanas presentaron la justificación de la negativa para aceptar esas recomendaciones y las respuestas, aunque causaron malestar a los integrantes del Consejo —de diversos países— no hicieron comentarios porque el mecanismo prevé sólo que se presente el informe.
La insistencia de retirar el fuero militar es principalmente por las violaciones que cometen en su lucha anticrimen contra la población, y porque éstos no son juzgados ni por la justicia militar ni por la civil y, por tanto quedan impunes de estos actos.
En su participación, Guevara indicó que no se realizarán reformas al fuero militar porque ante las decisiones de ésta se pueden presentar amparos en juzgados civiles.
Ante los generales del Ejército mexicano Jaime Antonio López y José Luis Chávez, quienes asistieron a presenciar las respuestas ante este organismo de la ONU, la autoridad mexicana fue clara: las conductas de los militares en el ejercicio de sus funciones son revisadas por la justicia militar y tienen por objetivo preservar la disciplina.
Por su parte, Human Rigths, que participó en la reunión, informó que la Sedena reconoció que en los últimos años ha dictado sentencia en nueve casos contra 14 soldados que violaron derechos humanos de civiles.
Sin embargo, señala que durante unas entrevistas realizadas este año con autoridades castrenses se les dijo que en 10 años sólo se había sentenciado a un elemento y que la última que se recordaba era de 1998. Por lo que esta organización demanda al gobierno informe cuáles son estos casos juzgados.
De la respuesta presentada por el gobierno sobre el fuero militar, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez señaló que la Constitución limita el fuero de guerra sólo a delitos contra la disciplina militar.
Pero los delitos denunciados contra soldados son abusos sexuales, robos, asesinatos, entre otros que no tienen nada que ver con esa disciplina.
Respecto a las investigaciones sobre los delitos del pasado por el que se le solicitaba reabrir la fiscalía especial, el gobierno dio por finalizada su tarea.
Por la noche, la Secretaría de Relaciones Exteriores dio a conocer que ante la ONU el gobierno se comprometió a desarrollar un programa con la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos en México.
Ante esta actitud del gobierno, organismos de la sociedad civil presentará hoy su postura y las estrategias a seguir contra alguien al que no le interesan los derechos humanos.
Eugenia Jiménez, Milenio, 12 de junio.
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