El Estado mexicano ha incumplido sus compromisos con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ya que a ocho años de que el organismo emitió un informe sobre el caso de las hermanas tzotziles González Pérez –quienes fueron violadas sexualmente en 1994, en Chiapas, por elementos del Ejército en el contexto de la lucha contra el EZLN–, ni siquiera ha señalado a los responsables del crimen ni ha reparado el daño a las víctimas, denunció el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil).
Vanesa Coria, abogada responsable para México de esa organización, recordó que en junio de 1994 la hermanas Ana, Beatriz y Celia –entonces menores de edad–, pertenecientes a una comunidad zapatista, fueron detenidas en un retén militar en Altamirano, Chiapas, donde se les separó de su madre, Celia. Posteriormente fueron torturadas y violadas de manera tumultuaria por los soldados.
Por esos hechos, luego de no encontrar justicia en el país, el Cejil, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y otras organizaciones presentaron el caso ante la CIDH. En 2001 el organismo resolvió que el Estado mexicano violó los derechos humanos de las víctimas y emitió dos recomendaciones: que la investigación –que aún se encuentra en tribunales militares– se remita a la justicia civil y que el Estado otorgue todas las facilidades para reparar el daño a las tres mujeres.
Sin embargo, subrayó Coria, a ocho años de que se emitieron las recomendaciones, las autoridades mexicanas han sido omisas y el caso continúa en la impunidad. “El Estado mexicano se ha negado rotundamente a remitir la investigación al fuero ordinario y ha puesto como pretexto que no están cumplidas todas las diligencias que se deben realizar para que legalmente el ministerio público militar envíe a la PGR el expediente. Llevan ocho años de diligencias.”
Agregó que, aunque se trata de recomendaciones independientes, las autoridades de México no han reparado el daño a las tres hermanas con el argumento de que “mientras la responsabilidad penal de los militares no sea clara no habrá reparación, pues quien cometió el delito será quien asumirá la responsabilidad”.
La abogada informó que México se comprometió a cumplir cabalmente las recomendaciones de la CIDH sobre este caso cuando terminaran las diligencias de la justicia militar. Aunque las investigaciones se retrasaron considerablemente, el pasado 21 de mayo se efectuaron las últimas sin que a la fecha haya una respuesta favorable del gobierno.
Vanesa Coria, abogada responsable para México de esa organización, recordó que en junio de 1994 la hermanas Ana, Beatriz y Celia –entonces menores de edad–, pertenecientes a una comunidad zapatista, fueron detenidas en un retén militar en Altamirano, Chiapas, donde se les separó de su madre, Celia. Posteriormente fueron torturadas y violadas de manera tumultuaria por los soldados.
Por esos hechos, luego de no encontrar justicia en el país, el Cejil, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y otras organizaciones presentaron el caso ante la CIDH. En 2001 el organismo resolvió que el Estado mexicano violó los derechos humanos de las víctimas y emitió dos recomendaciones: que la investigación –que aún se encuentra en tribunales militares– se remita a la justicia civil y que el Estado otorgue todas las facilidades para reparar el daño a las tres mujeres.
Sin embargo, subrayó Coria, a ocho años de que se emitieron las recomendaciones, las autoridades mexicanas han sido omisas y el caso continúa en la impunidad. “El Estado mexicano se ha negado rotundamente a remitir la investigación al fuero ordinario y ha puesto como pretexto que no están cumplidas todas las diligencias que se deben realizar para que legalmente el ministerio público militar envíe a la PGR el expediente. Llevan ocho años de diligencias.”
Agregó que, aunque se trata de recomendaciones independientes, las autoridades de México no han reparado el daño a las tres hermanas con el argumento de que “mientras la responsabilidad penal de los militares no sea clara no habrá reparación, pues quien cometió el delito será quien asumirá la responsabilidad”.
La abogada informó que México se comprometió a cumplir cabalmente las recomendaciones de la CIDH sobre este caso cuando terminaran las diligencias de la justicia militar. Aunque las investigaciones se retrasaron considerablemente, el pasado 21 de mayo se efectuaron las últimas sin que a la fecha haya una respuesta favorable del gobierno.
Emir Olivares Alonso, La Jornada, 21 de junio.
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