El gobierno mexicano emplea un doble discurso en torno al fuero de los elementos militares, de acuerdo con abogados penalistas y defensores de los derechos humanos.
Cuando se trata de juzgar a los elementos castrenses que incurrieron en actos de corrupción, a las autoridades federales no les importa que los juzguen civiles, pero por ningún motivo permiten que sean llevados a tribunales del orden civil —argumentando que el fuero militar lo impide— si son acusados de violar derechos humanos durante sus labores de lucha contra el narcotráfico.
Porque, asegura el penalista Jorge Nader Kuri, director de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle, todo depende de la interpretación discrecional que haga el Ejército del Código de Justicia Militar y de los delitos que se le quieran o no imputar a alguien para que un caso salga o no del ámbito castrense.
Apenas el jueves pasado, al rendir un informe ante la ONU, México aseguró que “es legalmente insostenible” que los integrantes del Ejército sean juzgados fuera del ámbito militar cuando están en servicio y cometen un delito, pues contraviene la Constitución política del país, que establece el fuero militar para preservar la disciplina y actuación de las Fuerzas Armadas.
Con estos argumentos, el gobierno mexicano rechazó en Ginebra, Suiza, las recomendaciones que le emitió el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para que permitiera que los militares que cometieran violaciones a los derechos humanos pudieran ser juzgados por civiles y no por militares.
Sin embargo, un día después, el viernes, puso a disposición de las autoridades civiles a 10 militares acusados de filtrarle información al cártel de Joaquín El Chapo Guzmán.
Dicha postura, que normalmente se ha venido asumiendo en los casos de infiltración del narco en las filas del Ejército, no sólo contrasta con lo dicho ante la ONU, sino con un litigio que tiene a su cargo la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En dicho juicio, explica Luis Miguel Cano, del Proyecto de Litigio Estratégico de Derechos Humanos de Fundar, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Procuraduría General de la República le han pedido al máximo tribunal del país que no permita que los militares que actúan en labores de seguridad o de lucha contra el narcotráfico puedan ser juzgados por civiles.
El juicio de amparo en cuestión es el que promovió la esposa de uno de los cuatro jóvenes que fueron asesinados por militares, que los confundieron con narcotraficantes pese a que en la camioneta en la que fueron baleados no portaban ni armas ni droga, en marzo del año pasado, en la comunidad de Santiago de Caballeros, en el municipio de Badiraguato, Sinaloa.
Por su relevancia, este caso fue atraído por la Corte desde el 1 de abril del año en curso y en él han cifrado todas sus esperanzas organismos no gubernamentales como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, que buscan que el fuero militar se abra para que los elementos del Ejército que cometan violaciones a derechos humanos durante su participación en tareas de seguridad y lucha al crimen sean juzgados por civiles.
En el caso en cuestión, se impugnó el artículo 57 del Código de Justicia Militar —que es el que establece que todos los delitos federales y locales que cometen los elementos de las Fuerzas Armadas en activo deben ser juzgados por tribunales militares—, por estimar que es inconstitucional, en virtud de que la Constitución Política de México limita el fuero de guerra sólo a aquellos delitos y faltas que atenten contra la disciplina militar.
Carlos Avilés Allende, El Universal, 15 de junio.
Cuando se trata de juzgar a los elementos castrenses que incurrieron en actos de corrupción, a las autoridades federales no les importa que los juzguen civiles, pero por ningún motivo permiten que sean llevados a tribunales del orden civil —argumentando que el fuero militar lo impide— si son acusados de violar derechos humanos durante sus labores de lucha contra el narcotráfico.
Porque, asegura el penalista Jorge Nader Kuri, director de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle, todo depende de la interpretación discrecional que haga el Ejército del Código de Justicia Militar y de los delitos que se le quieran o no imputar a alguien para que un caso salga o no del ámbito castrense.
Apenas el jueves pasado, al rendir un informe ante la ONU, México aseguró que “es legalmente insostenible” que los integrantes del Ejército sean juzgados fuera del ámbito militar cuando están en servicio y cometen un delito, pues contraviene la Constitución política del país, que establece el fuero militar para preservar la disciplina y actuación de las Fuerzas Armadas.
Con estos argumentos, el gobierno mexicano rechazó en Ginebra, Suiza, las recomendaciones que le emitió el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para que permitiera que los militares que cometieran violaciones a los derechos humanos pudieran ser juzgados por civiles y no por militares.
Sin embargo, un día después, el viernes, puso a disposición de las autoridades civiles a 10 militares acusados de filtrarle información al cártel de Joaquín El Chapo Guzmán.
Dicha postura, que normalmente se ha venido asumiendo en los casos de infiltración del narco en las filas del Ejército, no sólo contrasta con lo dicho ante la ONU, sino con un litigio que tiene a su cargo la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En dicho juicio, explica Luis Miguel Cano, del Proyecto de Litigio Estratégico de Derechos Humanos de Fundar, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Procuraduría General de la República le han pedido al máximo tribunal del país que no permita que los militares que actúan en labores de seguridad o de lucha contra el narcotráfico puedan ser juzgados por civiles.
El juicio de amparo en cuestión es el que promovió la esposa de uno de los cuatro jóvenes que fueron asesinados por militares, que los confundieron con narcotraficantes pese a que en la camioneta en la que fueron baleados no portaban ni armas ni droga, en marzo del año pasado, en la comunidad de Santiago de Caballeros, en el municipio de Badiraguato, Sinaloa.
Por su relevancia, este caso fue atraído por la Corte desde el 1 de abril del año en curso y en él han cifrado todas sus esperanzas organismos no gubernamentales como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, que buscan que el fuero militar se abra para que los elementos del Ejército que cometan violaciones a derechos humanos durante su participación en tareas de seguridad y lucha al crimen sean juzgados por civiles.
En el caso en cuestión, se impugnó el artículo 57 del Código de Justicia Militar —que es el que establece que todos los delitos federales y locales que cometen los elementos de las Fuerzas Armadas en activo deben ser juzgados por tribunales militares—, por estimar que es inconstitucional, en virtud de que la Constitución Política de México limita el fuero de guerra sólo a aquellos delitos y faltas que atenten contra la disciplina militar.
Carlos Avilés Allende, El Universal, 15 de junio.
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