El secuestro de migrantes indocumentados en territorio nacional es un hecho que comenzó a conocerse en el país a partir de 2007 y que desde entonces su número registra una “alarmante frecuencia” e incremento a causa de la vulnerabilidad en la que se encuentran los afectados, la “impunidad que subsiste”, las omisiones y, en algunos casos, hasta la participación en el delito de autoridades de los tres órdenes de gobierno, manifestó el quinto visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Mauricio Farah.
“Se trata de una industria delictiva establecida en varios estados del país y que va más allá de las fronteras nacionales”, advirtió Farah Gebara.
El funcionario afirmó que la comisión empezó a tener conocimiento del secuestro de migrantes en 2007, fenómeno “que vimos con mucha más frecuencia en 2008 y en 2009 emitimos este informe porque vemos que es una industria delictiva establecida en muchos estados y localidades claramente conocidas e identificadas”.
En entrevista sobre los resultados de la investigación que la comisión presentará el lunes en materia de secuestro de migrantes indocumentados, aseguró que entre las causas detectadas generadoras del delito –desde el inicio de la actual administración– es la vulnerabilidad en los derechos humanos de los extranjeros.
Además, dijo, carecen de un real y efectivo acceso a la justicia en el país, donde subsiste la impunidad contra los migrantes, procedentes en su mayoría de Centroamérica.
En cuanto a la actuación de los gobiernos para controlar esta situación, indicó que “lo menos que podemos observar son omisiones de las autoridades de los distintos órdenes de gobierno y en algunos casos hasta participación”.
Sin precisar números –porque estos y más datos serán presentados por el presidente de la CNDH, José Luis Soberanes– indicó que las cifras que arrojó la investigación sobre el secuestro de migrantes “son alarmantes”.
Precisó que los cuerpos criminales que los secuestran actúan principalmente en contra de hombres, “pero también hay grupos que incluyen mujeres y niños, de acuerdo a como se dan los mismos flujos migratorios”. Los afectados por este delito son principalmente de nacionalidades centroamericanas.
Aunque no hay una cifra oficial sobre el número de migrantes indocumentados que cruzan anualmente el país, el Instituto Nacional de Migración reportó en 2005 que hubo casos de viajeros que fueron apresados hasta en cinco ocasiones.
En ese año se alcanzaron 243 mil detenciones y a partir de entonces su número ha decrecido, al grado que anualmente se registra un promedio de 100 mil; excepto en 2008 que casi se llegó a 94 mil, apuntó el visitador.
Sin embargo, reconoció que en la cifra negra se habla de que al año más de 200 mil migrantes intentan cruzar el territorio mexicano para llegar a Estados Unidos.
En su presentación, sostuvo, la CNDH dará cuenta “con todo detalle” del modus operandi de los grupos delictivos, los montos que solicitan y el número de migrantes que son victimizados por esta “industria delictiva” en el país.
Señaló que con base en los resultados “se pedirá a las autoridades distintas acciones para poder encontrar una solución y respuestas inmediatas a este fenómeno”.
“Se trata de una industria delictiva establecida en varios estados del país y que va más allá de las fronteras nacionales”, advirtió Farah Gebara.
El funcionario afirmó que la comisión empezó a tener conocimiento del secuestro de migrantes en 2007, fenómeno “que vimos con mucha más frecuencia en 2008 y en 2009 emitimos este informe porque vemos que es una industria delictiva establecida en muchos estados y localidades claramente conocidas e identificadas”.
En entrevista sobre los resultados de la investigación que la comisión presentará el lunes en materia de secuestro de migrantes indocumentados, aseguró que entre las causas detectadas generadoras del delito –desde el inicio de la actual administración– es la vulnerabilidad en los derechos humanos de los extranjeros.
Además, dijo, carecen de un real y efectivo acceso a la justicia en el país, donde subsiste la impunidad contra los migrantes, procedentes en su mayoría de Centroamérica.
En cuanto a la actuación de los gobiernos para controlar esta situación, indicó que “lo menos que podemos observar son omisiones de las autoridades de los distintos órdenes de gobierno y en algunos casos hasta participación”.
Sin precisar números –porque estos y más datos serán presentados por el presidente de la CNDH, José Luis Soberanes– indicó que las cifras que arrojó la investigación sobre el secuestro de migrantes “son alarmantes”.
Precisó que los cuerpos criminales que los secuestran actúan principalmente en contra de hombres, “pero también hay grupos que incluyen mujeres y niños, de acuerdo a como se dan los mismos flujos migratorios”. Los afectados por este delito son principalmente de nacionalidades centroamericanas.
Aunque no hay una cifra oficial sobre el número de migrantes indocumentados que cruzan anualmente el país, el Instituto Nacional de Migración reportó en 2005 que hubo casos de viajeros que fueron apresados hasta en cinco ocasiones.
En ese año se alcanzaron 243 mil detenciones y a partir de entonces su número ha decrecido, al grado que anualmente se registra un promedio de 100 mil; excepto en 2008 que casi se llegó a 94 mil, apuntó el visitador.
Sin embargo, reconoció que en la cifra negra se habla de que al año más de 200 mil migrantes intentan cruzar el territorio mexicano para llegar a Estados Unidos.
En su presentación, sostuvo, la CNDH dará cuenta “con todo detalle” del modus operandi de los grupos delictivos, los montos que solicitan y el número de migrantes que son victimizados por esta “industria delictiva” en el país.
Señaló que con base en los resultados “se pedirá a las autoridades distintas acciones para poder encontrar una solución y respuestas inmediatas a este fenómeno”.
Gabriel León Zaragoza, La Jornada, 15 de junio.
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