El Congreso de Estados Unidos condicionó la entrega de 160 millones de dólares de la Iniciativa Mérida a conocer un reporte detallado sobre las acciones del gobierno de México respecto a violaciones a los derechos humanos por parte del Ejército, la Policía Federal y la Armada.
El dictamen del presupuesto aprobado por el Congreso estadounidense menciona que antes de 45 días el secretario de Estado deberá enviar al Comité de Apropiaciones “un reporte detallado de las acciones desarrolladas por el gobierno de México desde el 30 de junio de 2008 para investigar, procesar y castigar las violaciones a los derechos humanos por parte de miembros de la Policía Federal mexicana y fuerzas militares”.
Además, pidió que el Departamento de Estado “apoye una investigación independiente y creíble” de la muerte del estadounidense Bradley Roland Wheyler, ocurrida en Oaxaca en octubre de 2006.
De los 420 millones de dólares de ayuda total para el combate al narcotráfico, conocido como Iniciativa Mérida, 260 millones previstos para la compra de aviones no estarán condicionados al respeto a derechos humanos.
Al respecto, Maureen Meyer, encargada del Programa para México y Centroamérica de la Oficina para América Latina en Washington (WOLA, por sus siglas en inglés) comentó que los requisitos en materia de derechos humanos deben aplicarse a toda la asistencia dirigida a acciones antidroga.
Consideró “preocupante” el desequilibrio que hay en la asistencia para México que es más hacia equipo y tecnología, particularmente de corte militar, y no a reforzar el cambio en las instituciones civiles “que podrían tener un impacto de más largo plazo en la seguridad del país”, indicó.
El dictamen del presupuesto aprobado por el Congreso estadounidense menciona que antes de 45 días el secretario de Estado deberá enviar al Comité de Apropiaciones “un reporte detallado de las acciones desarrolladas por el gobierno de México desde el 30 de junio de 2008 para investigar, procesar y castigar las violaciones a los derechos humanos por parte de miembros de la Policía Federal mexicana y fuerzas militares”.
Además, pidió que el Departamento de Estado “apoye una investigación independiente y creíble” de la muerte del estadounidense Bradley Roland Wheyler, ocurrida en Oaxaca en octubre de 2006.
De los 420 millones de dólares de ayuda total para el combate al narcotráfico, conocido como Iniciativa Mérida, 260 millones previstos para la compra de aviones no estarán condicionados al respeto a derechos humanos.
Al respecto, Maureen Meyer, encargada del Programa para México y Centroamérica de la Oficina para América Latina en Washington (WOLA, por sus siglas en inglés) comentó que los requisitos en materia de derechos humanos deben aplicarse a toda la asistencia dirigida a acciones antidroga.
Consideró “preocupante” el desequilibrio que hay en la asistencia para México que es más hacia equipo y tecnología, particularmente de corte militar, y no a reforzar el cambio en las instituciones civiles “que podrían tener un impacto de más largo plazo en la seguridad del país”, indicó.
Doris Gómora, El Universal, 24 de junio.
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