De casi un millón de ciudadanos requeridos para ser funcionarios de casilla, 20.7 por ciento (204 mil 763) fueron sustituidos por alguna de las 37 causas tipificadas para este fin por el Instituto Federal Electoral (IFE).
Casi 30 mil ciudadanos argumentaron que precisamente el domingo 5 de julio saldrán de viaje, mientras 24 mil 152 de plano se negaron a participar. En tercer lugar aparece “cambio de domicilio” como la causa de enroque de 21 mil 12 personas.
Ante lo elevado de ese indicador, han surgido suspicacias entre los representantes partidistas acreditados en el IFE porque el corte estadístico de las sustituciones tiene fecha de ayer y los cambios de domicilio ante la autoridad electoral, así como la primera selección de ciudadanos ocurrieron hace varios meses.
Marco Baños, presidente de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral, dijo que el cambio de domicilio referido es un buen termómetro respecto a la movilidad de la población.
“Fuimos, la primera ocasión, a buscar a los ciudadanos. Los encontramos. Y tan los encontramos que les entregamos la carta de notificación, los capacitamos y ellos nos dieron la aceptación. Cuando regresamos para hacer la designación formalmente, resulta que ya se cambiaron de casa”, dijo Baños.
Aseguró que la cifra de 20.7 por ciento de sustituciones es incluso menor, en tres puntos, a la de la elección de 2006. Aseveró que existe una lista de reserva para que otros ciudadanos tomen el lugar de quienes no podrán aceptar el nombramiento de funcionario de casilla por alguna razón personal.
Otras de las excusas o argumentos que dan los ciudadanos para no ser funcionarios en alguna de las 139 mil 198 mesas receptoras del voto que se instalarán el 5 de julio tienen que ver con carencia de permiso para ausentarse del trabajo (20 mil 233); incapacidad médica temporal (17 mil 330 personas); estar al cuidado de un familiar enfermo (14 mil 313); trabajar fuera del distrito electoral que les corresponde (14 mil 88).
En la lista de causales para las sustituciones se incluye también, por ejemplo, residir en el extranjero; ciudadanos con dos o más registros en la lista nominal (duplicados) o no estar en ejercicio de sus derechos políticos (en este último caso se encontraron 135 ciudadanos).
Es causal de sustitución ser servidor público de confianza con mando superior; tener cargo de dirección partidista de cualquier jerarquía o no saber leer y escribir (301 ciudadanos).
Son sustituidos también quienes resultaron ser representantes de partidos políticos; estar en embarazo o lactancia (5 mil 970), tener alguna discapacidad; trabajar por su cuenta; pertenecer a las fuerzas armadas-seguridad pública (580) o por “creencias religiosas” (994).
La entidad con mayor porcentaje de sustituciones es Baja California Sur (36.6 por ciento), seguida del Distrito Federal (35.35): unas 30 mil 935 personas.
En la capital del país serán instaladas 12 mil 502 casillas, para lo cual se requirió a 87 mil 514 ciudadanos.
De acuerdo con el corte de información oficial referido, 4 mil 176 personas fueron sustituidas por “viaje durante el día de la jornada”; 3 mil 933 por “no obtener permiso para ausentarse de su trabajo” y 3 mil 320 por “cambio de domicilio”.
Casi 30 mil ciudadanos argumentaron que precisamente el domingo 5 de julio saldrán de viaje, mientras 24 mil 152 de plano se negaron a participar. En tercer lugar aparece “cambio de domicilio” como la causa de enroque de 21 mil 12 personas.
Ante lo elevado de ese indicador, han surgido suspicacias entre los representantes partidistas acreditados en el IFE porque el corte estadístico de las sustituciones tiene fecha de ayer y los cambios de domicilio ante la autoridad electoral, así como la primera selección de ciudadanos ocurrieron hace varios meses.
Marco Baños, presidente de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral, dijo que el cambio de domicilio referido es un buen termómetro respecto a la movilidad de la población.
“Fuimos, la primera ocasión, a buscar a los ciudadanos. Los encontramos. Y tan los encontramos que les entregamos la carta de notificación, los capacitamos y ellos nos dieron la aceptación. Cuando regresamos para hacer la designación formalmente, resulta que ya se cambiaron de casa”, dijo Baños.
Aseguró que la cifra de 20.7 por ciento de sustituciones es incluso menor, en tres puntos, a la de la elección de 2006. Aseveró que existe una lista de reserva para que otros ciudadanos tomen el lugar de quienes no podrán aceptar el nombramiento de funcionario de casilla por alguna razón personal.
Otras de las excusas o argumentos que dan los ciudadanos para no ser funcionarios en alguna de las 139 mil 198 mesas receptoras del voto que se instalarán el 5 de julio tienen que ver con carencia de permiso para ausentarse del trabajo (20 mil 233); incapacidad médica temporal (17 mil 330 personas); estar al cuidado de un familiar enfermo (14 mil 313); trabajar fuera del distrito electoral que les corresponde (14 mil 88).
En la lista de causales para las sustituciones se incluye también, por ejemplo, residir en el extranjero; ciudadanos con dos o más registros en la lista nominal (duplicados) o no estar en ejercicio de sus derechos políticos (en este último caso se encontraron 135 ciudadanos).
Es causal de sustitución ser servidor público de confianza con mando superior; tener cargo de dirección partidista de cualquier jerarquía o no saber leer y escribir (301 ciudadanos).
Son sustituidos también quienes resultaron ser representantes de partidos políticos; estar en embarazo o lactancia (5 mil 970), tener alguna discapacidad; trabajar por su cuenta; pertenecer a las fuerzas armadas-seguridad pública (580) o por “creencias religiosas” (994).
La entidad con mayor porcentaje de sustituciones es Baja California Sur (36.6 por ciento), seguida del Distrito Federal (35.35): unas 30 mil 935 personas.
En la capital del país serán instaladas 12 mil 502 casillas, para lo cual se requirió a 87 mil 514 ciudadanos.
De acuerdo con el corte de información oficial referido, 4 mil 176 personas fueron sustituidas por “viaje durante el día de la jornada”; 3 mil 933 por “no obtener permiso para ausentarse de su trabajo” y 3 mil 320 por “cambio de domicilio”.
Fabiola Martínez y Alonso Urrutia, La Jornada, 24 de junio.
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