BUENOS AIRES.— El gobierno colombiano mantiene abierta la posibilidad de un diálogo con la gurrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) “siempre y cuando haya una negociación sería”, según lo explicó ayer el vicepresidente Francisco Santos desde Beirut, donde se encuentra en visita oficial, y justificó las acciones de presión contra la insurgencia enmarcadas en “nuestra política de seguridad”.
Esa política de seguridad podría marcar una etapa si en los próximos días, como aseguró ayer la senadora Piedad Córdoba, el presidente Álvaro Uribe, reconsidera su postura de exigir la liberación de los 24 militares en poder de las FARC y acepta la entrega, “en una primera etapa de cuatro o cinco rehenes”.
En la ciudad de Cúcuta, Córdoba recordó que sigue a la espera de que el mandatario le confirme la audiencia que le pidió días pasados para definir los términos de su participación (autorizada por Uribe) en la entrega del cabo Pablo Emilio Moncayo y del soldado Josué Calvo Sánchez.
“Se podría avanzar hacia el intercambio si el presidente termina aceptando que se libere a un grupo de cuatro o cinco militares rehenes”, opinó la senadora a la que las FARC pidieron como mediadora en la anunciada liberación de esos dos rehenes.
Cabe recordar que Uribe sólo había autorizado la participación de Córdoba si se procedía a otorgarles la libertad a todos los uniformados cautivos y no sólo a Moncayo y el soldado Calvo Sánchez, que llevan 11 y ocho años de cautiverio respectivamente.
De ahí las declaraciones de Santos en Beirut cobran más importancia porque fueron leídas como una rendija hacia una negociación entre el gobierno y la guerrilla para el intercambio de rehenes.
“Si ellos quieren acabar por las buenas estamos listos, pero en una negociación seria o, si no, nosotros continuaremos cada vez más reduciéndoles sus espacios y cada vez más dándoles más libertad y tranquilidad a los colombianos”, puntualizó Santos, quien defendió el proceso de desarme de los paramilitares iniciado en 2004 al que calificó de “único en el mundo” ya que logró la reinserción social de “miles de ex paramilitares”.
“Se logró gracias a la política del gobierno, que los arrinconó y después negoció un proceso de paz donde ellos tenían que confesar todos sus crímenes”, agregó el vicepresidente.
Condenan a jefe guerrillero
Un juez condenó ayer al máximo comandante de las FARC, Guillermo León Sáenz, alias Alfonso Cano, y a otros miembros de la cúpula de esa guerrilla a 40 años de prisión por su responsabilidad en una masacre de 22 personas cometida en 2001 en el municipio colombiano de Tierra Alta (noroeste).
La fiscalía precisó que se ha intensificado el trabajo para dar con los integrantes de la cúpula de las FARC para que cuando sean capturados paguen con la cárcel por sus delitos.
En otro orden, en Ecuador, el fiscal general, Washington Pesántez, sostuvo que le pidió a la justicia que motorice el pedido de extradición del ex ministro de Defensa y precandidato a la Presidencia, Juan Manuel Santos, para ser indagado en el ataque del Ejército colombiano contra el campamento guerrillero donde, entre otros, fue muerto el ex numero 2 de las FARC, Raúl Reyes, en marzo de 2008. Incluso Pesantez, aseguró que, llegado el caso, “apelaremos a la Interpol”.
José Vales corresponsal, Crónica, 15 de julio.
Esa política de seguridad podría marcar una etapa si en los próximos días, como aseguró ayer la senadora Piedad Córdoba, el presidente Álvaro Uribe, reconsidera su postura de exigir la liberación de los 24 militares en poder de las FARC y acepta la entrega, “en una primera etapa de cuatro o cinco rehenes”.
En la ciudad de Cúcuta, Córdoba recordó que sigue a la espera de que el mandatario le confirme la audiencia que le pidió días pasados para definir los términos de su participación (autorizada por Uribe) en la entrega del cabo Pablo Emilio Moncayo y del soldado Josué Calvo Sánchez.
“Se podría avanzar hacia el intercambio si el presidente termina aceptando que se libere a un grupo de cuatro o cinco militares rehenes”, opinó la senadora a la que las FARC pidieron como mediadora en la anunciada liberación de esos dos rehenes.
Cabe recordar que Uribe sólo había autorizado la participación de Córdoba si se procedía a otorgarles la libertad a todos los uniformados cautivos y no sólo a Moncayo y el soldado Calvo Sánchez, que llevan 11 y ocho años de cautiverio respectivamente.
De ahí las declaraciones de Santos en Beirut cobran más importancia porque fueron leídas como una rendija hacia una negociación entre el gobierno y la guerrilla para el intercambio de rehenes.
“Si ellos quieren acabar por las buenas estamos listos, pero en una negociación seria o, si no, nosotros continuaremos cada vez más reduciéndoles sus espacios y cada vez más dándoles más libertad y tranquilidad a los colombianos”, puntualizó Santos, quien defendió el proceso de desarme de los paramilitares iniciado en 2004 al que calificó de “único en el mundo” ya que logró la reinserción social de “miles de ex paramilitares”.
“Se logró gracias a la política del gobierno, que los arrinconó y después negoció un proceso de paz donde ellos tenían que confesar todos sus crímenes”, agregó el vicepresidente.
Condenan a jefe guerrillero
Un juez condenó ayer al máximo comandante de las FARC, Guillermo León Sáenz, alias Alfonso Cano, y a otros miembros de la cúpula de esa guerrilla a 40 años de prisión por su responsabilidad en una masacre de 22 personas cometida en 2001 en el municipio colombiano de Tierra Alta (noroeste).
La fiscalía precisó que se ha intensificado el trabajo para dar con los integrantes de la cúpula de las FARC para que cuando sean capturados paguen con la cárcel por sus delitos.
En otro orden, en Ecuador, el fiscal general, Washington Pesántez, sostuvo que le pidió a la justicia que motorice el pedido de extradición del ex ministro de Defensa y precandidato a la Presidencia, Juan Manuel Santos, para ser indagado en el ataque del Ejército colombiano contra el campamento guerrillero donde, entre otros, fue muerto el ex numero 2 de las FARC, Raúl Reyes, en marzo de 2008. Incluso Pesantez, aseguró que, llegado el caso, “apelaremos a la Interpol”.
José Vales corresponsal, Crónica, 15 de julio.
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