La Comisión Nacional de los Derechos Humanos resolvió que mediante testimonios “de oídas” y falsos testigos, servidores públicos de la PGR encontraron elementos de prueba para demostrar que las indígenas Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio son responsables de secuestrar a seis agentes de la AFI, por el que se encuentran presas.
En este caso, la comisión consideró que fueron vulnerados los derechos fundamentales a la legalidad, a la seguridad jurídica y a la procuración de justicia mediante actuaciones irregulares de un agente del Ministerio Público de la Federación y de varios integrantes de la que fuera Agencia Federal de Investigación de la PGR.
En la recomendación 47/2009 dirigida al procurador Eduardo Medina Mora se le solicitó que por tratarse de irregularidades graves que pueden trascender al resultado del fallo definitivo en el proceso penal 48/2006 que se sigue a las agraviadas en el juzgado cuarto de distrito en Querétaro, se dé vista al Órgano Interno de Control en la PGR y a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos cometidos por Servidores Públicos, para que investigue al personal involucrado en este caso y se inicie la averiguación previa correspondiente.
La CNDH recibió este año la queja de los hechos ocurridos el 26 de marzo de 2006 en el poblado de Santiago Mexquititlán, Querétaro, donde agentes de la PGR efectuaron un deficiente e irregular operativo que ocasionó daños a comerciantes, quienes exigieron ser resarcidos por estos. A cinco de los seis agentes involucrados se les permitió retirarse y sólo quedó uno de ellos con los comerciantes.
Los agentes denunciaron que fueron retenidos ilegalmente por comerciantes y pobladores, sin identificar ni aportar datos personales, necesarios para su localización. Esta irregularidad en que incurrió el agente ministerial colocó en estado de indefensión a las agraviadas, ya que a la fecha no ha sido posible el careo de las personas procesadas con la persona que las denunció y les imputó varios delitos, lo que trajo como consecuencia la nula posibilidad de que establecieran una defensa jurídica adecuada para establecer su inocencia.
Los tres agentes que señalaron haber sido retenidos son los mismos comisionados para investigar la presunta retención o secuestro, situación que impide una imparcial búsqueda de la verdad histórica y jurídica de los hechos, además de que en las constancias de la averiguación no se exponen las razones por los que fueron designados, dice la CNDH.
La CNDH también solicita a la PGR perfeccionar la indagatoria y ordenar a la Policía Federal Ministerial investigar los hechos en que presuntamente fueron secuestrados los agentes federales y, con los resultados obtenidos, determinar la averiguación.
En este caso, la comisión consideró que fueron vulnerados los derechos fundamentales a la legalidad, a la seguridad jurídica y a la procuración de justicia mediante actuaciones irregulares de un agente del Ministerio Público de la Federación y de varios integrantes de la que fuera Agencia Federal de Investigación de la PGR.
En la recomendación 47/2009 dirigida al procurador Eduardo Medina Mora se le solicitó que por tratarse de irregularidades graves que pueden trascender al resultado del fallo definitivo en el proceso penal 48/2006 que se sigue a las agraviadas en el juzgado cuarto de distrito en Querétaro, se dé vista al Órgano Interno de Control en la PGR y a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos cometidos por Servidores Públicos, para que investigue al personal involucrado en este caso y se inicie la averiguación previa correspondiente.
La CNDH recibió este año la queja de los hechos ocurridos el 26 de marzo de 2006 en el poblado de Santiago Mexquititlán, Querétaro, donde agentes de la PGR efectuaron un deficiente e irregular operativo que ocasionó daños a comerciantes, quienes exigieron ser resarcidos por estos. A cinco de los seis agentes involucrados se les permitió retirarse y sólo quedó uno de ellos con los comerciantes.
Los agentes denunciaron que fueron retenidos ilegalmente por comerciantes y pobladores, sin identificar ni aportar datos personales, necesarios para su localización. Esta irregularidad en que incurrió el agente ministerial colocó en estado de indefensión a las agraviadas, ya que a la fecha no ha sido posible el careo de las personas procesadas con la persona que las denunció y les imputó varios delitos, lo que trajo como consecuencia la nula posibilidad de que establecieran una defensa jurídica adecuada para establecer su inocencia.
Los tres agentes que señalaron haber sido retenidos son los mismos comisionados para investigar la presunta retención o secuestro, situación que impide una imparcial búsqueda de la verdad histórica y jurídica de los hechos, además de que en las constancias de la averiguación no se exponen las razones por los que fueron designados, dice la CNDH.
La CNDH también solicita a la PGR perfeccionar la indagatoria y ordenar a la Policía Federal Ministerial investigar los hechos en que presuntamente fueron secuestrados los agentes federales y, con los resultados obtenidos, determinar la averiguación.
Eugenia Jiménez, Milenio, 20 de julio.
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