¿Cuál es el balance de la participación del Ejército en la lucha antinarco? Académicos, investigadores, defensores de derechos humanos y militares reflexionan sobre el tema y desmenuzan perjuicios y beneficios del empleo de militares en tareas de seguridad pública, cuando se acerca ya la mitad del sexenio calderonista.
Lo positivo, coinciden en su mayoría, la efectividad del trabajo de inteligencia.
Lo negativo, el incremento a violaciones de garantías fundamentales de civiles.
Cinco voces, con distintas responsabilidades y enfoques.
General Jaime Antonio López Portillo, ex procurador de Justicia Militar y actual director de Derechos Humanos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena): “Los ciudadanos aprecian nuestro trabajo, lo dicen las encuestas que tenemos disponibles y las cifras, aunque ya lo marca el Programa Nacional de Derechos Humanos: deberíamos estar regresando a nuestros cuarteles a más tardar en el 2012”.
Mauricio Ibarra, segundo visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH): “La ecuación ha sido automática: más efectivos militares, más violaciones a derechos de las personas; los números no mienten, llevamos más de 2 mil quejas desde diciembre del 2006”.
Luis González Plascencia, tercer visitador de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal: “Es preferible tener un hijo expuesto a la droga, pero informado y educado para enfrentar la situación, que un hijo muerto en nombre de la lucha antinarco”.
Mireille Roccatti, ex asesora en la Procuraduría General de la República (PGR), especialista en temas de seguridad y profesora-investigadora del Tecnológico de Monterrey, campus Estado de México: “El Ejército tiene un sistema de inteligencia eficaz: ha permitido desmantelar células delictivas, detectar operativos criminales y encontrar armamento, estupefacientes y dinero”.
Martín Barrón, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe) y experto en tópicos militares: “La lógica militar de inteligencia es para la guerra y, hoy, lo que se requiere no es eso, sino inteligencia con una lógica policiaca. La información que se necesita para afrontar las condiciones actuales, no es la que se está recabando”.
Desde casa. —¿Se ha dañado la imagen del Ejército al usarlo en seguridad pública?, se pregunta al general López Portillo.
—La visión pública nos dice lo contrario, aunque no deja de ser dañino que haya elementos metidos en cosas ilegales o turbias; eso afecta, sin duda, pero de ahí a que se diga que los militares vamos y dañamos directamente a la gente, hay mucha diferencia, es falso, si no estamos en la selva.
—¿Cuál es su evaluación sobre la eficacia en estas tareas?
—Las cifras son lo más concreto que tenemos para analizarlo, no valen aquí visiones personales.
—¿Cómo ha impactado este rol en la trasgresión a derechos humanos?
—Las quejas y recomendaciones se han derivado de nuestra mayor intervención en el combate al crimen, pero de repente se llega a magnificar: 35 recomendaciones tras casi 2 mil 200 quejas presentadas ante la CNDH es una cantidad baja.
—Ha insistido en que el Ejército debe dejar la seguridad pública. ¿Cuándo?
—Las fuerzas armadas se han empleado para llenar el hueco que no ha sido posible llenar con la estructura policial. ¿Cuándo vamos a dejarlo? Ya lo marca el Programa Nacional de Derechos Humanos, que establece un retiro gradual que debemos completar en 2012, aunque está sujeto también al relevo que hagan los policías respecto al trabajo que venimos realizando.
—¿Entonces podría extenderse más allá del 2012?
—Esperamos que no, pero depende de la estructura policial.
¿Tortura? La CNDH detalla la cifra, de acuerdo a su registro más reciente: 2,122 quejas contra militares del 1 de diciembre de 2006 a la fecha; son 29 recomendaciones en el mismo lapso.
“Es común, sobre todo en puntos geográficos críticos como Ciudad Juárez, que se detengan personas de manera violenta; se les encierra en cuarteles militares durante 12 o 14 horas, se les somete a interrogatorios y, en varios casos, se les tortura… hasta mucho después se les presenta ante el Ministerio Público”, describe Ibarra Romo, visitador de la comisión.
—¿Y cuál es su propuesta?
—Dejar de ver el problema desde la óptica exclusiva de la federación. La cocaína no es federal ni estatal o municipal. Tendría que haber un esfuerzo mayor para el retiro del Ejército; más presupuesto a la seguridad pública, capacitación y depuración de los cuerpos policiales en todos los niveles de gobierno y esto incluye más equipo y armamento, mejores técnicas operacionales y de sometimiento y hasta mejor condición física.
La vida. Habría que encontrar otros instrumentos para la batalla anticrimen, sugiere González Plascencia, de la CDHDF, es decir, “otros que no agreguen más violencia al panorama, como lo ha hecho el despliegue del Ejército”.
Y explica: “Estructuralmente la estrategia militar está planteada en el ‘mejor disparo, no sea que vaya a ser un narco y se me vaya, mejor lo mato’. El contacto con la ciudadanía debe reducirse. Por su régimen disciplinario, que implica obedecer y actuar de inmediato contra el enemigo, se está poniendo en riesgo la vida de personas inocentes”.
—¿Hay otra alternativa?
—Tenemos una experiencia interesante en Bogotá, aplicada por el alcalde Antanas Mockus, cuya apuesta por la vida fue central en su política; ante todo era evitar la violencia contra los ciudadanos, ¿cómo?, educando, concientizando… Ya me lo han dicho varios padres de quienes murieron en la discoteca News Divine: ‘no importa que mi hijo fuera borracho o drogadicto, pero lo preferiría vivo’, y lo mismo se podría aplicar en el caso de las víctimas de militares.
Los Datos
Quejas y recomendaciones de la CNDH contra la Sedena
Quejas en el 2001: 114
Quejas en el 2008: 1 019
Aumento: 900 por ciento.
Total de quejas durante la presente administración, 2,122 (del 1 de diciembre del 2006 a diciembre del 2007, 294; en 2008, 1,019, y en lo que va de 2009, 809).
Sólo en Chihuahua: 569 (de diciembre del 2006 a 2007, 4; en el 2008, 363, y en lo que va de 2009, 202.
Sólo en Michoacán: 403 (en 2007, 63; en 2008, 213, y en lo que va de 2009, 127).
Recomendaciones: 29 (seis en 2007; nueve en 2008 y 14 en lo que va del 2009, la mayoría por tortura).
Lo positivo, coinciden en su mayoría, la efectividad del trabajo de inteligencia.
Lo negativo, el incremento a violaciones de garantías fundamentales de civiles.
Cinco voces, con distintas responsabilidades y enfoques.
General Jaime Antonio López Portillo, ex procurador de Justicia Militar y actual director de Derechos Humanos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena): “Los ciudadanos aprecian nuestro trabajo, lo dicen las encuestas que tenemos disponibles y las cifras, aunque ya lo marca el Programa Nacional de Derechos Humanos: deberíamos estar regresando a nuestros cuarteles a más tardar en el 2012”.
Mauricio Ibarra, segundo visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH): “La ecuación ha sido automática: más efectivos militares, más violaciones a derechos de las personas; los números no mienten, llevamos más de 2 mil quejas desde diciembre del 2006”.
Luis González Plascencia, tercer visitador de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal: “Es preferible tener un hijo expuesto a la droga, pero informado y educado para enfrentar la situación, que un hijo muerto en nombre de la lucha antinarco”.
Mireille Roccatti, ex asesora en la Procuraduría General de la República (PGR), especialista en temas de seguridad y profesora-investigadora del Tecnológico de Monterrey, campus Estado de México: “El Ejército tiene un sistema de inteligencia eficaz: ha permitido desmantelar células delictivas, detectar operativos criminales y encontrar armamento, estupefacientes y dinero”.
Martín Barrón, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe) y experto en tópicos militares: “La lógica militar de inteligencia es para la guerra y, hoy, lo que se requiere no es eso, sino inteligencia con una lógica policiaca. La información que se necesita para afrontar las condiciones actuales, no es la que se está recabando”.
Desde casa. —¿Se ha dañado la imagen del Ejército al usarlo en seguridad pública?, se pregunta al general López Portillo.
—La visión pública nos dice lo contrario, aunque no deja de ser dañino que haya elementos metidos en cosas ilegales o turbias; eso afecta, sin duda, pero de ahí a que se diga que los militares vamos y dañamos directamente a la gente, hay mucha diferencia, es falso, si no estamos en la selva.
—¿Cuál es su evaluación sobre la eficacia en estas tareas?
—Las cifras son lo más concreto que tenemos para analizarlo, no valen aquí visiones personales.
—¿Cómo ha impactado este rol en la trasgresión a derechos humanos?
—Las quejas y recomendaciones se han derivado de nuestra mayor intervención en el combate al crimen, pero de repente se llega a magnificar: 35 recomendaciones tras casi 2 mil 200 quejas presentadas ante la CNDH es una cantidad baja.
—Ha insistido en que el Ejército debe dejar la seguridad pública. ¿Cuándo?
—Las fuerzas armadas se han empleado para llenar el hueco que no ha sido posible llenar con la estructura policial. ¿Cuándo vamos a dejarlo? Ya lo marca el Programa Nacional de Derechos Humanos, que establece un retiro gradual que debemos completar en 2012, aunque está sujeto también al relevo que hagan los policías respecto al trabajo que venimos realizando.
—¿Entonces podría extenderse más allá del 2012?
—Esperamos que no, pero depende de la estructura policial.
¿Tortura? La CNDH detalla la cifra, de acuerdo a su registro más reciente: 2,122 quejas contra militares del 1 de diciembre de 2006 a la fecha; son 29 recomendaciones en el mismo lapso.
“Es común, sobre todo en puntos geográficos críticos como Ciudad Juárez, que se detengan personas de manera violenta; se les encierra en cuarteles militares durante 12 o 14 horas, se les somete a interrogatorios y, en varios casos, se les tortura… hasta mucho después se les presenta ante el Ministerio Público”, describe Ibarra Romo, visitador de la comisión.
—¿Y cuál es su propuesta?
—Dejar de ver el problema desde la óptica exclusiva de la federación. La cocaína no es federal ni estatal o municipal. Tendría que haber un esfuerzo mayor para el retiro del Ejército; más presupuesto a la seguridad pública, capacitación y depuración de los cuerpos policiales en todos los niveles de gobierno y esto incluye más equipo y armamento, mejores técnicas operacionales y de sometimiento y hasta mejor condición física.
La vida. Habría que encontrar otros instrumentos para la batalla anticrimen, sugiere González Plascencia, de la CDHDF, es decir, “otros que no agreguen más violencia al panorama, como lo ha hecho el despliegue del Ejército”.
Y explica: “Estructuralmente la estrategia militar está planteada en el ‘mejor disparo, no sea que vaya a ser un narco y se me vaya, mejor lo mato’. El contacto con la ciudadanía debe reducirse. Por su régimen disciplinario, que implica obedecer y actuar de inmediato contra el enemigo, se está poniendo en riesgo la vida de personas inocentes”.
—¿Hay otra alternativa?
—Tenemos una experiencia interesante en Bogotá, aplicada por el alcalde Antanas Mockus, cuya apuesta por la vida fue central en su política; ante todo era evitar la violencia contra los ciudadanos, ¿cómo?, educando, concientizando… Ya me lo han dicho varios padres de quienes murieron en la discoteca News Divine: ‘no importa que mi hijo fuera borracho o drogadicto, pero lo preferiría vivo’, y lo mismo se podría aplicar en el caso de las víctimas de militares.
Los Datos
Quejas y recomendaciones de la CNDH contra la Sedena
Quejas en el 2001: 114
Quejas en el 2008: 1 019
Aumento: 900 por ciento.
Total de quejas durante la presente administración, 2,122 (del 1 de diciembre del 2006 a diciembre del 2007, 294; en 2008, 1,019, y en lo que va de 2009, 809).
Sólo en Chihuahua: 569 (de diciembre del 2006 a 2007, 4; en el 2008, 363, y en lo que va de 2009, 202.
Sólo en Michoacán: 403 (en 2007, 63; en 2008, 213, y en lo que va de 2009, 127).
Recomendaciones: 29 (seis en 2007; nueve en 2008 y 14 en lo que va del 2009, la mayoría por tortura).
Daniel Blancas y Blanca Estela Botello, Crónica, 22 de julio.
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