La defensa del fuero militar, que hizo pública el pasado jueves el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, es contraria a la protección de los derechos humanos, pero congruente con la estrategia de combatir al crimen organizado que se realiza desde el inicio del gobierno de Felipe Calderón, coincidieron diferentes organizaciones civiles.
El pasado jueves el secretario de Gobernación sostuvo un debate radiofónico improvisado con representantes de Organismos No Gubernamentales, en el que defendió el fuero militar como un elemento para mantener la disciplina, aun en casos en los que estén implicados civiles, y consideró que la discusión de esta figura genera una tensión innecesaria entre las fuerzas armadas y las ONG, por lo que llamó a alcanzar un acuerdo, que aún no se ha realizado.
Al respecto, Edgar Cortez, secretario ejecutivo de la Red de Todos los Derechos para Todas y Todos, consideró que hoy se ve a un secretario “que se vuelve claramente el vocero público” de la estrategia implementada por el gobierno federal, a quien instó a cambiar la “política de guerra contra el narcotráfico, que se viene desarrollando”, pues, dijo, si se toman en cuenta los resultados de las elecciones del pasado 5 de julio, fue reprobada por la ciudadanía.
“Nosotros como defensores, nuestro parámetro tiene que ser el derecho internacional de los derechos humanos, diría que la posición externada por el secretario de Gobernación es contraria a todo lo que se ha construido en el tema que establece, entre otras cosas, que las violaciones cometidas por militares tienen que ser juzgadas en el ámbito civil y la razón es que se pueda garantizar un tribunal imparcial e independiente”, afirmó.
Cortez señaló que la opinión orquestada por Gómez Mont está en concordancia con la política general del combate al narcotráfico y a la delincuencia organizada sostenida sobre “la tarea del Ejército como policía”.
“Pero pareciera que esta tarea también tiene como componente evitar que el Ejército y sus miembros que cometan violaciones a los derechos humanos sean llamados a cuentas de manera adecuada”, indicó Cortez.
“La posición está en contraposición de la protección de los derechos humanos en México”.
El secretario ejecutivo mencionó que la última vez que se reunió con Gómez Mont fue en febrero, en el proceso del Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que el secretario de Gobernación encabezaba.
Por su parte, Santiago Aguirre, abogado del Centro de los Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro, señaló que la Suprema Corte será quien dirimirá el desacuerdo que se mantiene respecto al uso del fuero militar.
“No es una posición dogmática, tenemos casos documentados que señalan que el fuero de guerra se ha convertido en un factor de impunidad en el país”.
Al respecto, Juan Carlos Gutiérrez, integrante de la Comisión Mexicana de la Defensa, aseguró que es positivo que Gómez Mont hable sobre tema, no obstante que no coincidan las organizaciones civiles con él.
Además de que instó al Secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván, a que se pronuncie al respecto, “que siga el ejemplo de Gómez Mont.
Ejército en las calles
Cuando las Organizaciones No Gubernamentales cuestionaron al secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, en febrero de este año en Ginebra, el papel de los militares en las calles, con labores de policía, respondió que era “una medida temporal”.
Las asociaciones civiles continuaron preguntando: “Díganos entonces cuándo los militares van a dejar estas tareas y a regresar a sus cuarteles”, a lo que el secretario respondió: “Cuando tengamos policías profesionales”.
En ese sentido, la presencia del Ejército en calles de la Ciudad de México para apoyar acciones contra el narcomenudeo obedece a un nuevo esquema de combate a este delito, en el que los objetivos son los distribuidores y almacenistas de droga, revelaron autoridades federales.
Corte respalda traslado de reos
La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que los traslados de reos a otros centros penitenciarios por razones de seguridad sí se pueden impugnar mediante juicio de amparo, pues la privación de la libertad en cualquier momento constituye una afectación que no puede revertirse.
La primera sala del alto tribunal determinó que es procedente promover un juicio de protección de garantías cuando se alegue que con el traslado de un reo, no se salvaguardan de manera efectiva tanto la seguridad e integridad física del procesado, como la de los demás internos del centro penitenciario.
Aclararon que los traslados de reos por razones de seguridad deberán atenderse al lugar de la residencia del juez que lleva el procedimiento penal, pero además se deben atender las posibilidades reales de custodia que tengan las autoridades encargadas de la reclusión.
La resolución de la Corte tiene el objetivo de que el juez garantice que el proceso penal que continúe en un juzgado ubicado fuera de la población en la que se seguía en un inicio, por razones de seguridad, se desarrolle en las mejores condiciones. (México. Notimex)
El pasado jueves el secretario de Gobernación sostuvo un debate radiofónico improvisado con representantes de Organismos No Gubernamentales, en el que defendió el fuero militar como un elemento para mantener la disciplina, aun en casos en los que estén implicados civiles, y consideró que la discusión de esta figura genera una tensión innecesaria entre las fuerzas armadas y las ONG, por lo que llamó a alcanzar un acuerdo, que aún no se ha realizado.
Al respecto, Edgar Cortez, secretario ejecutivo de la Red de Todos los Derechos para Todas y Todos, consideró que hoy se ve a un secretario “que se vuelve claramente el vocero público” de la estrategia implementada por el gobierno federal, a quien instó a cambiar la “política de guerra contra el narcotráfico, que se viene desarrollando”, pues, dijo, si se toman en cuenta los resultados de las elecciones del pasado 5 de julio, fue reprobada por la ciudadanía.
“Nosotros como defensores, nuestro parámetro tiene que ser el derecho internacional de los derechos humanos, diría que la posición externada por el secretario de Gobernación es contraria a todo lo que se ha construido en el tema que establece, entre otras cosas, que las violaciones cometidas por militares tienen que ser juzgadas en el ámbito civil y la razón es que se pueda garantizar un tribunal imparcial e independiente”, afirmó.
Cortez señaló que la opinión orquestada por Gómez Mont está en concordancia con la política general del combate al narcotráfico y a la delincuencia organizada sostenida sobre “la tarea del Ejército como policía”.
“Pero pareciera que esta tarea también tiene como componente evitar que el Ejército y sus miembros que cometan violaciones a los derechos humanos sean llamados a cuentas de manera adecuada”, indicó Cortez.
“La posición está en contraposición de la protección de los derechos humanos en México”.
El secretario ejecutivo mencionó que la última vez que se reunió con Gómez Mont fue en febrero, en el proceso del Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que el secretario de Gobernación encabezaba.
Por su parte, Santiago Aguirre, abogado del Centro de los Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro, señaló que la Suprema Corte será quien dirimirá el desacuerdo que se mantiene respecto al uso del fuero militar.
“No es una posición dogmática, tenemos casos documentados que señalan que el fuero de guerra se ha convertido en un factor de impunidad en el país”.
Al respecto, Juan Carlos Gutiérrez, integrante de la Comisión Mexicana de la Defensa, aseguró que es positivo que Gómez Mont hable sobre tema, no obstante que no coincidan las organizaciones civiles con él.
Además de que instó al Secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván, a que se pronuncie al respecto, “que siga el ejemplo de Gómez Mont.
Ejército en las calles
Cuando las Organizaciones No Gubernamentales cuestionaron al secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, en febrero de este año en Ginebra, el papel de los militares en las calles, con labores de policía, respondió que era “una medida temporal”.
Las asociaciones civiles continuaron preguntando: “Díganos entonces cuándo los militares van a dejar estas tareas y a regresar a sus cuarteles”, a lo que el secretario respondió: “Cuando tengamos policías profesionales”.
En ese sentido, la presencia del Ejército en calles de la Ciudad de México para apoyar acciones contra el narcomenudeo obedece a un nuevo esquema de combate a este delito, en el que los objetivos son los distribuidores y almacenistas de droga, revelaron autoridades federales.
Corte respalda traslado de reos
La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que los traslados de reos a otros centros penitenciarios por razones de seguridad sí se pueden impugnar mediante juicio de amparo, pues la privación de la libertad en cualquier momento constituye una afectación que no puede revertirse.
La primera sala del alto tribunal determinó que es procedente promover un juicio de protección de garantías cuando se alegue que con el traslado de un reo, no se salvaguardan de manera efectiva tanto la seguridad e integridad física del procesado, como la de los demás internos del centro penitenciario.
Aclararon que los traslados de reos por razones de seguridad deberán atenderse al lugar de la residencia del juez que lleva el procedimiento penal, pero además se deben atender las posibilidades reales de custodia que tengan las autoridades encargadas de la reclusión.
La resolución de la Corte tiene el objetivo de que el juez garantice que el proceso penal que continúe en un juzgado ubicado fuera de la población en la que se seguía en un inicio, por razones de seguridad, se desarrolle en las mejores condiciones. (México. Notimex)
Gustavo Sánchez, Milenio, 11 de julio.
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