En México no puede existir un régimen de excepción para investigar y castigar los delitos, como el que se aplica a los militares, aseguró José Miguel Vivanco, director para las Américas de la organización Human Rights Watch (HRW).
Dijo que es “decepcionante” que el gobierno mexicano insista en defender —incluso en foros internacionales— la aplicación del fuero castrense.
Esto sólo se explica “como reflejo de la debilidad del gobierno de Felipe Calderón, al depender cada vez más del Ejército en su lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico”, criticó.
En entrevista con EL UNIVERSAL, el representante de HRW reveló que la semana pasada envió una carta al secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, para solicitarle información sobre las supuestas sentencias que existen contra militares acusados de violaciones graves a los derechos humanos, y no ha recibido respuesta.
Por ello envió el lunes pasado una carta a la secretaria de Estado de EU, Hillary Clinton, en la que pidió no avalar la entrega de casi 130 millones de dólares de la Iniciativa Mérida hasta que el gobierno mexicano cumpla con el requisito legal de investigar violaciones graves a derechos humanos y delitos cometidos por militares, y que éstos sean sancionados por tribunales civiles.
Indicó que la petición hecha a Washington es necesaria, ante lo que calificó como “una defensa cerrada” al fuero militar por parte del gobierno mexicano, en claro incumplimiento a los compromisos que asumió al aceptar el apoyo financiero de EU a través de la Iniciativa Mérida.
Hasta hoy, ninguna sentencia
Vivanco señaló que en la última década los juzgados y tribunales militares no habían dado a conocer una sola sentencia contra efectivos castrenses, a pesar de denuncias constantes en su contra.
Aunque de forma inusitada, el 11 de junio de 2009 ante Naciones Unidas, funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) aseguraron que “la justicia militar actualmente conoce de seis casos en fase de integración de la averiguación previa, y que en tres casos se consignaron 32 efectivos, y se tienen registradas nueve sentencias condenatorias contra 14 elementos”.
En la carta enviada a Gómez Mont se pidió ampliar esta información, pues de acuerdo con Vivanco, “no es suficiente que el gobierno mexicano en una sola frase exponga que han castigado a estos elementos, sin transparentar cuál fue la sentencia, en qué caso, por qué delitos, y si las resoluciones son aún apelables (…) una simple declaración no da la certeza de que esto sea verdad”.
Dijo que es inadmisible que se defienda el fuero militar, cuando “no ha podido demostrar su eficacia para evitar la impunidad”, por lo que es necesario que sean tribunales civiles los que castiguen la comisión de delitos como tortura, violación, desaparición forzada o detenciones extrajudiciales, cuyo castigo no se ha podido documentar hasta ahora por ninguna organización local o federal.
Dijo que es “decepcionante” que el gobierno mexicano insista en defender —incluso en foros internacionales— la aplicación del fuero castrense.
Esto sólo se explica “como reflejo de la debilidad del gobierno de Felipe Calderón, al depender cada vez más del Ejército en su lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico”, criticó.
En entrevista con EL UNIVERSAL, el representante de HRW reveló que la semana pasada envió una carta al secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, para solicitarle información sobre las supuestas sentencias que existen contra militares acusados de violaciones graves a los derechos humanos, y no ha recibido respuesta.
Por ello envió el lunes pasado una carta a la secretaria de Estado de EU, Hillary Clinton, en la que pidió no avalar la entrega de casi 130 millones de dólares de la Iniciativa Mérida hasta que el gobierno mexicano cumpla con el requisito legal de investigar violaciones graves a derechos humanos y delitos cometidos por militares, y que éstos sean sancionados por tribunales civiles.
Indicó que la petición hecha a Washington es necesaria, ante lo que calificó como “una defensa cerrada” al fuero militar por parte del gobierno mexicano, en claro incumplimiento a los compromisos que asumió al aceptar el apoyo financiero de EU a través de la Iniciativa Mérida.
Hasta hoy, ninguna sentencia
Vivanco señaló que en la última década los juzgados y tribunales militares no habían dado a conocer una sola sentencia contra efectivos castrenses, a pesar de denuncias constantes en su contra.
Aunque de forma inusitada, el 11 de junio de 2009 ante Naciones Unidas, funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) aseguraron que “la justicia militar actualmente conoce de seis casos en fase de integración de la averiguación previa, y que en tres casos se consignaron 32 efectivos, y se tienen registradas nueve sentencias condenatorias contra 14 elementos”.
En la carta enviada a Gómez Mont se pidió ampliar esta información, pues de acuerdo con Vivanco, “no es suficiente que el gobierno mexicano en una sola frase exponga que han castigado a estos elementos, sin transparentar cuál fue la sentencia, en qué caso, por qué delitos, y si las resoluciones son aún apelables (…) una simple declaración no da la certeza de que esto sea verdad”.
Dijo que es inadmisible que se defienda el fuero militar, cuando “no ha podido demostrar su eficacia para evitar la impunidad”, por lo que es necesario que sean tribunales civiles los que castiguen la comisión de delitos como tortura, violación, desaparición forzada o detenciones extrajudiciales, cuyo castigo no se ha podido documentar hasta ahora por ninguna organización local o federal.
Silvia Otero, El Universal, 15 de julio.
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