Más allá de las quejas simplistas sobre las campañas políticas que recién terminaroncon una victoria apabullante del PRI, cabe hacer la refl exión sobre el contenido de las mismas. Partamos de dos hechos: los partidos hicieron ofertas y propuestas que en su mayoría están en su plataforma electoral, misma que podía ser consultada en internet o solicitada directamente en las ofi cinas de los institutos partidarios, y las plataformas no eran iguales. Por supuesto, las exigencias de los mensajes o spots dictan que en 30 segundos o un minuto se dé un mensaje a los votantes. Esto hizo que se concentraran en las partes más llamativas de sus plataformas para atraer votos.
En este campo de acción, la lista de temas fue más bien corta: seguridad y economía. Acción Nacional se concentró en el primer tema y en los logros del Gobierno Federal en esta materia. El Partido Verde y el Socialdemócrata hilaron sobre este rubro: pena de muerte y legalización de las drogas, respectivamente, eran dos ofertas ligadas a la preocupación sobre la delincuencia organizada.
El Partido del Trabajo y Convergencia hicieron una campaña antisistema, dictada por López Obrador. Nueva Alianza hizo poca campaña y casi toda ligada a la educación. El Revolucionario Institucional se concentró en la economía y el de la Revolución Democrática en demostrar que ya no era una organización rijosa.
Otros contenidos relevantes no se trataron porque, simplemente, no eran rentables electoralmente o no eran convenientes. Hacer campaña con reelección de diputados y presidentes municipales, cambios al artículo 41 Constitucional, eliminación de diputados plurinominales y reducción de prerrogativas a los partidos difícilmente hubiera sido viable. Sin embargo, hay muchos otros temas que no se tocaron y que eran importantes, mucho más importantes que los propuestos por los partidarios del voto nulo o los que propuso Alejandro Martí. Uno de ellos: los derechos humanos.
El tema de los derechos humanos aparece por primera vez en el escenario público mexicano en los años setenta y logró su punto más alto 20 años después, con la creación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Este organismo autónomo nunca ha cuajado del todo y su perfi l le viene de su titular, no de la fortaleza institucional.
Sus recomendaciones no tienen valor legal y con el paso del tiempo los defensores a su labor son menos. La entrada del Ejército mexicano al combate contra la delincuencia organizada ha tenido pocos críticos. Se han acallado o minimizado las denuncias sobre violaciones a los derechos humanos cometidos por las fuerzas armadas y policiales. En este sentido, hace unos días el Washington Post denunció que el “Ejército Mexicano ha llevado a cabo desapariciones forzadas, actos de tortura y redadas ilegales en persecución de narcotraficantes”. El artículo del Post es prolijo en detalles sobre dichas violaciones, cometidas en varios estados de la República. La sensación al leer la nota es que los abusos son la norma y no la excepción.
El impacto del artículo fue mayúsculo. Amplios sectores políticos de los Estados Unidos han subrayado la información y esto ha movido al Gobierno de Obama, que se ha distinguido por su compromiso con el tema de los derechos humanos. Recordemos que ordenó cerrar Guantánamo, una vergüenza para los norteamericanos.
El llamado zar antinarcos, R. Gil Kerlikowske, el Departamento de Estado y varios legisladores expresaron su preocupación ante las cada vez más numerosas acusaciones de tortura, desapariciones forzadas y violaciones sexuales cometidas por soldados o policías. La acusación se está investigando en los altos niveles del Gobierno norteamericano y podría traer consecuencias. Recordemos que la Iniciativa Mérida tiene un apartado referente a los derechos humanos. Altos funcionarios de la administración Obama han asegurado que las acusaciones son muy serias y, de confi rmarse, se podrían bloquear millones de dólares en asistencia estadounidense en la guerra que el Presidente Calderón desató en contra de los narcos.
Que el Gobierno Federal mexicano trate de minimizar las violaciones es lógico bajo un criterio de rentabilidad política. Que los partidos, con excepción de uno, no aborden el tema de los derechos humanos es comprensible, pero lo más lamentable es que gran parte de la sociedad tampoco está preocupada. Pareciera que los mexicanos han aceptado que los abusos son parte de la cotidianidad en nuestro país.
En este campo de acción, la lista de temas fue más bien corta: seguridad y economía. Acción Nacional se concentró en el primer tema y en los logros del Gobierno Federal en esta materia. El Partido Verde y el Socialdemócrata hilaron sobre este rubro: pena de muerte y legalización de las drogas, respectivamente, eran dos ofertas ligadas a la preocupación sobre la delincuencia organizada.
El Partido del Trabajo y Convergencia hicieron una campaña antisistema, dictada por López Obrador. Nueva Alianza hizo poca campaña y casi toda ligada a la educación. El Revolucionario Institucional se concentró en la economía y el de la Revolución Democrática en demostrar que ya no era una organización rijosa.
Otros contenidos relevantes no se trataron porque, simplemente, no eran rentables electoralmente o no eran convenientes. Hacer campaña con reelección de diputados y presidentes municipales, cambios al artículo 41 Constitucional, eliminación de diputados plurinominales y reducción de prerrogativas a los partidos difícilmente hubiera sido viable. Sin embargo, hay muchos otros temas que no se tocaron y que eran importantes, mucho más importantes que los propuestos por los partidarios del voto nulo o los que propuso Alejandro Martí. Uno de ellos: los derechos humanos.
El tema de los derechos humanos aparece por primera vez en el escenario público mexicano en los años setenta y logró su punto más alto 20 años después, con la creación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Este organismo autónomo nunca ha cuajado del todo y su perfi l le viene de su titular, no de la fortaleza institucional.
Sus recomendaciones no tienen valor legal y con el paso del tiempo los defensores a su labor son menos. La entrada del Ejército mexicano al combate contra la delincuencia organizada ha tenido pocos críticos. Se han acallado o minimizado las denuncias sobre violaciones a los derechos humanos cometidos por las fuerzas armadas y policiales. En este sentido, hace unos días el Washington Post denunció que el “Ejército Mexicano ha llevado a cabo desapariciones forzadas, actos de tortura y redadas ilegales en persecución de narcotraficantes”. El artículo del Post es prolijo en detalles sobre dichas violaciones, cometidas en varios estados de la República. La sensación al leer la nota es que los abusos son la norma y no la excepción.
El impacto del artículo fue mayúsculo. Amplios sectores políticos de los Estados Unidos han subrayado la información y esto ha movido al Gobierno de Obama, que se ha distinguido por su compromiso con el tema de los derechos humanos. Recordemos que ordenó cerrar Guantánamo, una vergüenza para los norteamericanos.
El llamado zar antinarcos, R. Gil Kerlikowske, el Departamento de Estado y varios legisladores expresaron su preocupación ante las cada vez más numerosas acusaciones de tortura, desapariciones forzadas y violaciones sexuales cometidas por soldados o policías. La acusación se está investigando en los altos niveles del Gobierno norteamericano y podría traer consecuencias. Recordemos que la Iniciativa Mérida tiene un apartado referente a los derechos humanos. Altos funcionarios de la administración Obama han asegurado que las acusaciones son muy serias y, de confi rmarse, se podrían bloquear millones de dólares en asistencia estadounidense en la guerra que el Presidente Calderón desató en contra de los narcos.
Que el Gobierno Federal mexicano trate de minimizar las violaciones es lógico bajo un criterio de rentabilidad política. Que los partidos, con excepción de uno, no aborden el tema de los derechos humanos es comprensible, pero lo más lamentable es que gran parte de la sociedad tampoco está preocupada. Pareciera que los mexicanos han aceptado que los abusos son parte de la cotidianidad en nuestro país.
Tomás Yanos, Crónica, 13 de julio.
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