CIUDAD JUÁREZ, Chih.— Las 17:00 horas del 14 de noviembre de 2008, Carlos Guzmán Zúñiga fue sorprendido frente a su casa, en el 7316 de la calle Profesora Vina Rico, por militares, policías federales y municipales que patrullaban la colonia Independencia II. Luego de someterlo irrumpieron en la vivienda y sustrajeron a su hermano José Luis, de acuerdo con el expediente en poder del Centro de Investigación y Solidaridad Obrera.
Los padres de ambos se hallaban al otro lado de la frontera, en Nuevo México, de visita en casa de otra de sus hijas. Una vecina los notificó de lo sucedido, llamándolos por teléfono. Javier Antonio Guzmán Márquez dice que sus hijos, de 28 y 29 años, fueron detenidos a la vista de múltiples testigos, en una operación que incluyó vehículos oficiales. Hasta hoy siguen desaparecidos.
Militares, federales y municipales viajaban en caravana, conduciéndose en camionetas blancas proporcionadas por la Secretaría de Seguridad Pública, así como unidades verde olivo y patrullas de la Policía Federal. El caso fue remitido a finales de junio a Amnistía Internacional y al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro. La CNDH, instancia ante la cual denunció lo ocurrido el padre de las víctimas, emitirá un pronunciamiento en agosto, de acuerdo con Mauricio Ibarra, segundo visitador.
Previo al secuestro de los hermanos, el 21 de octubre, Saúl Becerra Reyes, de 31 años, fue igualmente detenido por militares, de acuerdo con la denuncia ministerial interpuesta por Brenda Balderas, la esposa. Sus restos fueron hallados en abril de este año en una brecha cercana a la carretera federal Juárez-Ascensión. El reporte de la oficina forense de la Procuraduría General de Justicia del estado establece que murió por traumatismo craneoencefálico, el día posterior a su captura.
Becerra, de oficio rotulista, fue detenido junto con otros cinco sujetos, dentro de un negocio dedicado al lavado de autos, en el cruce de las calles Platino y 16 de Septiembre, al poniente de la ciudad. Todos fueron puestos a disposición del Ministerio Público federal cinco días después del operativo, excepto él.
Los cinco enfrentan acusaciones por posesión de droga y armas de fuego. Junto con los detenidos, los militares pusieron a disposición de la PGR tres vehículos, entre ellos el de Becerra, según consta en la denuncia.
Prisionero en el Centro de Readaptación Social para Adultos, uno de los cinco detenidos ofreció declaraciones al Juzgado Séptimo de Distrito, en el que refiere que Becerra fue severamente golpeado dentro del campo militar. Pese a ello, nunca se abrió investigación sobre lo sucedido, señala Cipriana Jurado, directora del Centro de Investigación y Solidaridad Obrera.
La declaración que obra en expediente judicial, dice lo siguiente:
“El testigo expresa que Saúl Becerra Reyes se encontraba con él detenido en las instalaciones del ejército; duraron juntos todo ese día 21 de noviembre (Jurado aclara que la fecha fue modificada por error) de 2008, hasta el 25 del mismo mes en que esta persona fue puesta a disposición del Agente del Ministerio Público en turno. (Afirma el detenido) que ambos fueron torturados por los soldados y que desconoce el paradero de Saúl Becerra Reyes”.
Lo que pudo suceder con el rotulista, cree la directora del Centro de Investigación y Solidaridad Obrera, es que “como en muchos otros casos, se les pasó la mano con la tortura”.
En abril del año pasado, Cipriana Jurado fue detenida por agentes de la AFI. La acusaron de obstruir vías federales de comunicación. Recuperó su libertad 24 horas después, tras depositar una fianza. Su arresto coincidió con el de otros activistas de la región y, de acuerdo con organizaciones como Mesa de Mujeres, la intención era acallarlos.
El temor
Desde el verano anterior, Jurado decidió asesorar a familias de otros 30 desaparecidos por supuestos integrantes de las fuerzas armadas y policías federales. A la vuelta de los meses, sin embargo, muchos de los denunciantes abandonaron la ciudad o cambiaron de domicilio.
“El problema aquí es que la gente tiene miedo; muchos se fueron después de que soltaron a sus familiares. Lo que nos han dicho es que tienen otros hijos y que recibieron amenazas”, amplió.
Los padres de los hermanos Guzmán y la viuda de Becerra Reyes puede que desistan también, dice Jurado. “Después de lo que pasó en la comunidad LeBarón, ya nadie tiene garantías, sino temor. Así que sostendremos una reunión con ellos, para saber si quieren o no seguir con los casos”.
El desistimiento es característico en la mayoría de los casos de violación denunciados por las víctimas o sus familias, de acuerdo a informes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Del total de quejas expuestas ante el organismo durante 2008, más de la mitad terminaron por ese motivo, dice Mauricio Ibarra.
“Entra la queja, los buscamos y, de repente, lo que había era una redada y entonces (los denunciantes) dicen: ‘sabes qué, me desisto, ya apareció’. Les decimos que el Ejército no debería estar haciendo esas cosas, no debería estar deteniendo ni debería interrogar. Insistimos. Continuamos el trámite de la queja para que el ejército responda, y la respuesta es No: ‘no quiero problemas’”.
La intimidación mediante amenaza es algo de lo que no se lleva registro formal, ni en ese organismo, ni en la visitaduría de la CEDH, pero que trastoca brutalmente la realidad de muchas familias.
Los padres de ambos se hallaban al otro lado de la frontera, en Nuevo México, de visita en casa de otra de sus hijas. Una vecina los notificó de lo sucedido, llamándolos por teléfono. Javier Antonio Guzmán Márquez dice que sus hijos, de 28 y 29 años, fueron detenidos a la vista de múltiples testigos, en una operación que incluyó vehículos oficiales. Hasta hoy siguen desaparecidos.
Militares, federales y municipales viajaban en caravana, conduciéndose en camionetas blancas proporcionadas por la Secretaría de Seguridad Pública, así como unidades verde olivo y patrullas de la Policía Federal. El caso fue remitido a finales de junio a Amnistía Internacional y al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro. La CNDH, instancia ante la cual denunció lo ocurrido el padre de las víctimas, emitirá un pronunciamiento en agosto, de acuerdo con Mauricio Ibarra, segundo visitador.
Previo al secuestro de los hermanos, el 21 de octubre, Saúl Becerra Reyes, de 31 años, fue igualmente detenido por militares, de acuerdo con la denuncia ministerial interpuesta por Brenda Balderas, la esposa. Sus restos fueron hallados en abril de este año en una brecha cercana a la carretera federal Juárez-Ascensión. El reporte de la oficina forense de la Procuraduría General de Justicia del estado establece que murió por traumatismo craneoencefálico, el día posterior a su captura.
Becerra, de oficio rotulista, fue detenido junto con otros cinco sujetos, dentro de un negocio dedicado al lavado de autos, en el cruce de las calles Platino y 16 de Septiembre, al poniente de la ciudad. Todos fueron puestos a disposición del Ministerio Público federal cinco días después del operativo, excepto él.
Los cinco enfrentan acusaciones por posesión de droga y armas de fuego. Junto con los detenidos, los militares pusieron a disposición de la PGR tres vehículos, entre ellos el de Becerra, según consta en la denuncia.
Prisionero en el Centro de Readaptación Social para Adultos, uno de los cinco detenidos ofreció declaraciones al Juzgado Séptimo de Distrito, en el que refiere que Becerra fue severamente golpeado dentro del campo militar. Pese a ello, nunca se abrió investigación sobre lo sucedido, señala Cipriana Jurado, directora del Centro de Investigación y Solidaridad Obrera.
La declaración que obra en expediente judicial, dice lo siguiente:
“El testigo expresa que Saúl Becerra Reyes se encontraba con él detenido en las instalaciones del ejército; duraron juntos todo ese día 21 de noviembre (Jurado aclara que la fecha fue modificada por error) de 2008, hasta el 25 del mismo mes en que esta persona fue puesta a disposición del Agente del Ministerio Público en turno. (Afirma el detenido) que ambos fueron torturados por los soldados y que desconoce el paradero de Saúl Becerra Reyes”.
Lo que pudo suceder con el rotulista, cree la directora del Centro de Investigación y Solidaridad Obrera, es que “como en muchos otros casos, se les pasó la mano con la tortura”.
En abril del año pasado, Cipriana Jurado fue detenida por agentes de la AFI. La acusaron de obstruir vías federales de comunicación. Recuperó su libertad 24 horas después, tras depositar una fianza. Su arresto coincidió con el de otros activistas de la región y, de acuerdo con organizaciones como Mesa de Mujeres, la intención era acallarlos.
El temor
Desde el verano anterior, Jurado decidió asesorar a familias de otros 30 desaparecidos por supuestos integrantes de las fuerzas armadas y policías federales. A la vuelta de los meses, sin embargo, muchos de los denunciantes abandonaron la ciudad o cambiaron de domicilio.
“El problema aquí es que la gente tiene miedo; muchos se fueron después de que soltaron a sus familiares. Lo que nos han dicho es que tienen otros hijos y que recibieron amenazas”, amplió.
Los padres de los hermanos Guzmán y la viuda de Becerra Reyes puede que desistan también, dice Jurado. “Después de lo que pasó en la comunidad LeBarón, ya nadie tiene garantías, sino temor. Así que sostendremos una reunión con ellos, para saber si quieren o no seguir con los casos”.
El desistimiento es característico en la mayoría de los casos de violación denunciados por las víctimas o sus familias, de acuerdo a informes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Del total de quejas expuestas ante el organismo durante 2008, más de la mitad terminaron por ese motivo, dice Mauricio Ibarra.
“Entra la queja, los buscamos y, de repente, lo que había era una redada y entonces (los denunciantes) dicen: ‘sabes qué, me desisto, ya apareció’. Les decimos que el Ejército no debería estar haciendo esas cosas, no debería estar deteniendo ni debería interrogar. Insistimos. Continuamos el trámite de la queja para que el ejército responda, y la respuesta es No: ‘no quiero problemas’”.
La intimidación mediante amenaza es algo de lo que no se lleva registro formal, ni en ese organismo, ni en la visitaduría de la CEDH, pero que trastoca brutalmente la realidad de muchas familias.
El Universal, 13 de junio.
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