Acusan 'ceguera' en actos de PGR

El caso de Jacinta Francisco Marcial evidencia, para sus defensores, la "ceguera" de la Procuraduría General de la República (PGR) para reconocer las injusticias que comete y la criminalización de la protesta social, pero también la existencia de mecanismos viables para que el Estado rectifique las detenciones y sentencias arbitrarias e ilegales cometidas contra los ciudadanos.

Así lo considera Andrés Díaz, abogado del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, organismo que llevó la defensa de Jacinta desde que fue sentenciada a 21 años de prisión por "secuestrar" a seis elementos de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI), y liberada tras no demostrarse el delito.

Jacinta fue detenida el 3 de agosto del 2006, pero el Centro Pro conoció el caso hasta mayo del 2008, a través del Centro de Derechos Humanos Fray Jacobo Daciano, de Querétaro. En diciembre de ese año, cuando fue sentenciada a 21 años de prisión, asumió oficialmente su defensa, interpuso el recurso de apelación y en abril del 2009 logró la reposición del procedimiento por "contradicciones sustanciales".

Inconsistencias entre los AFI's como no saber si fueron "secuestrados" adentro o afuera del edificio delegacional de Santiago Mexquititlán, Querétaro; si fueron uno o seis los agentes "secuestrados", y la ubicación de Jacinta, a quien acusaron meses después al ver su fotografía en un diario local.


¿El supuesto delito de secuestro fue utilizado para castigar la protesta social?

Sí, y lo lograron, porque la mayoría de la gente ya no vende sus productos en el pueblo, no quiso ir a testimoniar en el caso, no se querían meter en problemas. Pensaban, 'si Jacinta que no hizo nada y yo que vendo productos, discos y ella está allá, ¿qué me va a pasar a mí?'. En el pueblo no existe la cultura del secuestro, ni siquiera esa palabra en el lenguaje ñhañhu. Lo que piensan ahora es que estuvieron mal en protestar.

Nosotros pensamos que una cosa es la venta de aparatos piratas -que podría merecer una infracción y se tendría que analizar cómo el Estado Mexicano tiene marginados a los pueblos indígenas- y otra cosa es utilizar al secuestro (para castigarlos), este delito tan grave, sensible, que se distingue por privar ilegalmente de la libertad de una persona, medrar con su dolor...


¿Qué logró la liberación de Jacinta, la presión mediática y política o la evidencia de las fallas en el sistema de justicia?

La justicia. En lo que ayuda Amnistía Internacional, la campaña del Centro Pro, la preocupación de tantos medios, es a que la PGR se quite esa ceguera voluntaria para ver la injusticia que se está cometiendo.

Lamentablemente en este País se necesita presión para que las autoridades reaccionen ante las injusticias. Esto no hubiera sucedido (la detención de Jacinta) si la PGR respetara su estatuto orgánico, los principios constitucionales, si el Juez hiciera lo propio... entonces sólo fue ayudarles a ver un poquito. Y solamente vieron poco porque aún falta mucho para hacerle justicia.


¿Si no hubiera habido una campaña mediática, paralelamente al proceso penal, se hubiera logrado la liberación de Jacinta?

Si, finalmente sí. Es tan absurda la acusación, tan llena de irregularidades, tan deleznable que en cualquier momento se podía dar la liberación. Nosotros pensamos que se iba a ir en la apelación, supongo que el Magistrado no se quiso meter en problemas, se quiso lavar las manos y por eso ordenó nuevos careos.

El hecho de que esté mediatizado, ayuda a señalar las deficiencias del sistema de justicia penal, las irregularidades de la Procuraduría o Ministerios Públicos que lejos de hacer su trabajo hacen delitos contra la población, pues bueno, hay que seguirlo señalando.


¿Por qué permanecen Alberta y Teresa en prisión?

Puede ser por varios factores. Por una parte, el hecho de que ellas hayan podido o no participar en una muestra de descontento, sin agredir a nadie, que no fue un secuestro, que no golpearon, que no amenazaron a nadie. Su muestra de descontento fue 'enséñeme su identificación y págueme lo que destrozó', en el caso de Teresa. En el caso de Alberta le inventaron no sólo un delito, sino un puesto en el tianguis.

Por otra parte, ellas han tenido una estrategia diferente. Tienen un abogado defensor particular que las ha acompañado desde casi el inicio, es un abogado indígena de Puebla, que fue Ministerio Público federal, ha emprendido buenos recursos, una buena defensa. Ellas van a salir, la cuestión es cuándo. Ellas tienen todo el derecho de tener conclusiones de no acusación, como Jacinta, y la posibilidad de salir una vez que la Procuraduría General de la República y el Juez hagan su trabajo.

La liberación de Jacinta pareciera ser un paso hacia la justicia en esta administración. ¿Podría ser una tendencia de lo que vendrá a futuro?

La justicia que va alcanzando Jacinta, hasta este momento, está incompleta, falta mucho. Es una muestra de que sí hay formas para empezar a rectificar.
Daniela Rea, Reforma, 22 de septiembre.

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