La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 57/2009, en la que destaca que los periodistas Miguel Badillo, Ana Lilia Pérez, Marcela Yarce y Nidia Efremy, así como otros integrantes de la revista Contralínea, fueron víctimas de acoso judicial y de irregularidades administrativas cometidas por personal del juzgado decimotercero de lo civil, en Guadalajara, Jalisco.
También sostiene la comisión que los comunicadores mencionados fueron víctimas de la aplicación de procedimientos y criterios poco transparentes y discrecionales por servidores de la empresa Petróleos Mexicanos (Pemex), en el veto de la contratación de publicidad oficial y en la concertación de entrevistas con funcionarios de esa paraestatal.
En la recomendación, dirigida al director de Pemex, Juan José González Coppel, y al presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, Celso Rodríguez González, la CNDH subraya que funcionarios de Pemex y del Poder Judicial vulneraron los derechos a la igualdad y libertad de expresión, así como a la legalidad y seguridad jurídica de varios periodistas de la revista Contralínea.
El ombudsman nacional, José Luis Soberanes Fernández, apunta en eel documento que estas acciones tuvieron como finalidad “judicializar la libertad de expresión y dar un castigo a la revista por su línea editorial”.
Precisa en el texto que dicho “castigo” es producto de una serie de investigaciones periodísticas de la revista citada, en la que se revelaron irregularidades en la asignación de contratos millonarios que involucraron a funcionarios de la paraestatal, de Presidencia y al ex secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos señaló que el gerente corporativo de Comunicación Social de la paraestatal, Carlos Ramírez Fuentes, rindió un informe con el que se pudo acreditar que Pemex “no cuenta con procedimientos y criterios objetivos, claros, transparentes y no discriminatorios para la contratación de publicidad oficial”.
Debido a sus investigaciones, los periodistas Badillo y Pérez recibieron amenazas y fueron sujetos a acoso por funcionarios de Petróleos Mexicanos y directivos de las empresas de Grupo Zeta, consorcio energético presidido por Jesús Alonso Zaragoza, quien también entabló varias demandas judiciales contra la publicación.
Ante ello, la CNDH acreditó que el Poder Judicial de Guadalajara incurrió en una serie de hechos irregulares en beneficio del consorcio energético, con lo que se vulneraron las garantías a la legalidad y la seguridad jurídica de los periodistas, que constituyen “un medio indirecto para coartar la libertad de expresión”, derechos internacionales por los que el Estado mexicano debe velar.
También sostiene la comisión que los comunicadores mencionados fueron víctimas de la aplicación de procedimientos y criterios poco transparentes y discrecionales por servidores de la empresa Petróleos Mexicanos (Pemex), en el veto de la contratación de publicidad oficial y en la concertación de entrevistas con funcionarios de esa paraestatal.
En la recomendación, dirigida al director de Pemex, Juan José González Coppel, y al presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, Celso Rodríguez González, la CNDH subraya que funcionarios de Pemex y del Poder Judicial vulneraron los derechos a la igualdad y libertad de expresión, así como a la legalidad y seguridad jurídica de varios periodistas de la revista Contralínea.
El ombudsman nacional, José Luis Soberanes Fernández, apunta en eel documento que estas acciones tuvieron como finalidad “judicializar la libertad de expresión y dar un castigo a la revista por su línea editorial”.
Precisa en el texto que dicho “castigo” es producto de una serie de investigaciones periodísticas de la revista citada, en la que se revelaron irregularidades en la asignación de contratos millonarios que involucraron a funcionarios de la paraestatal, de Presidencia y al ex secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos señaló que el gerente corporativo de Comunicación Social de la paraestatal, Carlos Ramírez Fuentes, rindió un informe con el que se pudo acreditar que Pemex “no cuenta con procedimientos y criterios objetivos, claros, transparentes y no discriminatorios para la contratación de publicidad oficial”.
Debido a sus investigaciones, los periodistas Badillo y Pérez recibieron amenazas y fueron sujetos a acoso por funcionarios de Petróleos Mexicanos y directivos de las empresas de Grupo Zeta, consorcio energético presidido por Jesús Alonso Zaragoza, quien también entabló varias demandas judiciales contra la publicación.
Ante ello, la CNDH acreditó que el Poder Judicial de Guadalajara incurrió en una serie de hechos irregulares en beneficio del consorcio energético, con lo que se vulneraron las garantías a la legalidad y la seguridad jurídica de los periodistas, que constituyen “un medio indirecto para coartar la libertad de expresión”, derechos internacionales por los que el Estado mexicano debe velar.
La Jornada 12 de septiembre
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