No hay razón para que Teresa González Cornelio y Alberta Alcántara Juan, indígenas ñañú coacusadas con Jacinta Francisco Marcial de haber “secuestrado” a seis elementos de la desaparecida Agencia Federal de Investigación (AFI), continúen presas, aseguró su abogado, José Leónides Ortiz Castillo.
En entrevista, informó que el 4 de septiembre pasado un tribunal de Guanajuato determinó que no existían pruebas suficientes contra sus defendidas (presas desde hace más de tres años), por lo que dio 10 días hábiles al juez de la causa para reponer el procedimiento o concluir con la no responsabilidad penal.
El plazo constitucional con el que cuenta el juez se cumplirá entre el 21 y el 22 de septiembre, por lo que días después ambas mujeres podrían obtener su libertad.
El litigante dijo que la liberación de doña Jacinta –el pasado 16 de septiembre, luego de que la Procuraduría General de la República (PGR) decidió no presentar conclusiones acusatorias en su contra– debe ser un precedente para que sus clientas –sentenciadas a 21 años de prisión– sean liberadas.
Ortiz Castillo confió en que la dependencia federal aplique el mismo criterio a favor de las aún detenidas en el penal de San José el Alto, Querétaro, pues argumentó que el Ministerio Público federal las acusó con las mismas pruebas y testimonios que se usaron contra Jacinta Francisco.
En agosto de 2006, Teresa y Alberta fueron detenidas por su presunta responsabilidad en el “secuestro” de los agentes federales en el poblado de Santiago Mexquititlán, Querétaro. En marzo de ese año los policías, vestidos de civil, realizaron un operativo en el mercado del poblado con el argumento de confiscar piratería.
Estas acciones provocaron la molestia de varios comerciantes que en demanda de que se les pagaran los productos sustraídos se enfrentaron y retuvieron a los elementos de la AFI. A fin de llegar a acuerdos, un mando policiaco y los inconformes convinieron en que uno de sus subordinados se quedaría en el pueblo como garantía de que serían subsanados económicamente los daños. Sin embargo, pese al acuerdo, los afis denunciaron haber sido secuestrados.
El abogado señaló que sus defendidas estuvieron cerca de la gresca; sin embargo, subrayó que “no hay delito qué perseguir, era un acuerdo. Además, las pruebas carecen de sustento”.
El Ministerio Público aportó contra las tres detenidas las mismas probanzas: la fotografía de un diario local en la que aparecen en el momento de los hechos y los testimonios de los agentes, las cuales fueron consideradas insuficientes por la PGR en el caso de Jacinta.
Ortiz Castillo informó que desde septiembre de 2006 denunció ante la PGR a los seis policías, a su superior, al agente del Ministerio Público Federal, Gerardo Cruz Bedolla, y al juez de la causa, Rodolfo Pedraza Longi, por “integrar ilegalmente” la averiguación previa contra sus clientas al proporcionar “informes y testimonios falsos; por encubrimiento; vulnerar su derecho a un proceso justo –no se les proporcionó traductor al ñañú–, se vulneró su derecho a la presunción de inocencia” y otros.
El abogado señaló que uno de los policías denunciantes testificó en el acta que el agente del Ministerio Público acudió al lugar de los hechos y firmó el convenio de conciliación al que habían llegado los uniformados y los comerciantes, hecho que no se asentó en la averiguación previa, “lo que constituye otra irregularidad”.
Indicó que si bien se demandará la reparación del daño de Teresa y Alberta, su primer objetivo es que éstas salgan libres, pues “están recluidas por un delito que no cometieron”.
En entrevista, informó que el 4 de septiembre pasado un tribunal de Guanajuato determinó que no existían pruebas suficientes contra sus defendidas (presas desde hace más de tres años), por lo que dio 10 días hábiles al juez de la causa para reponer el procedimiento o concluir con la no responsabilidad penal.
El plazo constitucional con el que cuenta el juez se cumplirá entre el 21 y el 22 de septiembre, por lo que días después ambas mujeres podrían obtener su libertad.
El litigante dijo que la liberación de doña Jacinta –el pasado 16 de septiembre, luego de que la Procuraduría General de la República (PGR) decidió no presentar conclusiones acusatorias en su contra– debe ser un precedente para que sus clientas –sentenciadas a 21 años de prisión– sean liberadas.
Ortiz Castillo confió en que la dependencia federal aplique el mismo criterio a favor de las aún detenidas en el penal de San José el Alto, Querétaro, pues argumentó que el Ministerio Público federal las acusó con las mismas pruebas y testimonios que se usaron contra Jacinta Francisco.
En agosto de 2006, Teresa y Alberta fueron detenidas por su presunta responsabilidad en el “secuestro” de los agentes federales en el poblado de Santiago Mexquititlán, Querétaro. En marzo de ese año los policías, vestidos de civil, realizaron un operativo en el mercado del poblado con el argumento de confiscar piratería.
Estas acciones provocaron la molestia de varios comerciantes que en demanda de que se les pagaran los productos sustraídos se enfrentaron y retuvieron a los elementos de la AFI. A fin de llegar a acuerdos, un mando policiaco y los inconformes convinieron en que uno de sus subordinados se quedaría en el pueblo como garantía de que serían subsanados económicamente los daños. Sin embargo, pese al acuerdo, los afis denunciaron haber sido secuestrados.
El abogado señaló que sus defendidas estuvieron cerca de la gresca; sin embargo, subrayó que “no hay delito qué perseguir, era un acuerdo. Además, las pruebas carecen de sustento”.
El Ministerio Público aportó contra las tres detenidas las mismas probanzas: la fotografía de un diario local en la que aparecen en el momento de los hechos y los testimonios de los agentes, las cuales fueron consideradas insuficientes por la PGR en el caso de Jacinta.
Ortiz Castillo informó que desde septiembre de 2006 denunció ante la PGR a los seis policías, a su superior, al agente del Ministerio Público Federal, Gerardo Cruz Bedolla, y al juez de la causa, Rodolfo Pedraza Longi, por “integrar ilegalmente” la averiguación previa contra sus clientas al proporcionar “informes y testimonios falsos; por encubrimiento; vulnerar su derecho a un proceso justo –no se les proporcionó traductor al ñañú–, se vulneró su derecho a la presunción de inocencia” y otros.
El abogado señaló que uno de los policías denunciantes testificó en el acta que el agente del Ministerio Público acudió al lugar de los hechos y firmó el convenio de conciliación al que habían llegado los uniformados y los comerciantes, hecho que no se asentó en la averiguación previa, “lo que constituye otra irregularidad”.
Indicó que si bien se demandará la reparación del daño de Teresa y Alberta, su primer objetivo es que éstas salgan libres, pues “están recluidas por un delito que no cometieron”.
Emir Olivares Alonso, La Jornada, 20 de septiembre.
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